LE MONDE

EDITORIAL

El presidente Hugo Chávez ordenó la desaparición de RCTV, el principal canal de televisión de Venezuela. El viernes 25 de mayo, el Ejército recibió la orden del TSJ de tomar la sede y las instalaciones de RCTV, a fin de "garantizar una transición serena" hacia el canal oficial que lo va a remplazar.

La negativa de renovar la concesión de RCTV, canal creado hace 53 años, priva a la audiencia popular de sus programas favoritos. Novelas, espectáculos y humor constituyen la parte esencial de su programación. La identificación con sus programas ha llevado a una parte olvidada de la sociedad venezolana a expresar sus dolencias a las autoridades a través de los micrófonos y las cámaras de RCTV. Ese papel de caja de resonancia de los descontentos, sin duda alguna ha molestado al gobierno de Chávez en mayor medida que los programas de información y de opinión dedicados a la oposición.

Ninguna de las acusaciones presentadas por el Presidente contra RCTV, con relación con su participación en el fallido golpe de Estado de 2002 o la huelga petrolera de 2003, fue objeto de un debate en un tribunal. RCTV apeló al Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando Chávez había anunciado ya su decisión, irrevocable. Esta decisión política reduce el pluralismo y aumenta la concentración del espectro audiovisual en manos del Gobierno. Sean cuales fueren los argumentos administrativos o legales esgrimidos por el Presidente, es un violento golpe a la libertad de expresión en Venezuela.

El reemplazo de un canal privado que le brindaba un espacio a la oposición para que se expresara, por un canal público creado totalmente nuevo con este fin, es presentado por el Gobierno como "una democratización de los medios". El Gobierno controlaba ya varios canales y había logrado por diversos medios la anuencia de la mayoría de los otros. Inmediatamente después de la desaparición de RCTV de las ondas hertzianas, el lunes 28 de mayo, no quedará sino un solo canal de la oposición, cuya señal no llega más allá de Caracas y cuya audiencia es insignificante.

En diciembre de 2006, ni RCTV ni la oposición impidieron la reelección del presidente Chávez con una cifra cercana a 63% de los votos. La Asamblea Nacional, donde la totalidad de los miembros son afectos al Gobierno, se ha convertido en una simple cámara de registros. El jefe de Estado, además, ha recibido poderes especiales que le permiten legislar. El sistema judicial no osa contradecir al Ejecutivo, tampoco escapa de la corrupción generalizada.

La independencia de poderes ya no existe en Venezuela. La oposición teme que, después de ir contra los medios de comunicación, el Presidente procederá de igual forma contra los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales o los partidos políticos. Con Chávez, la democracia venezolana está amenazada.

TRADUCCIÓN TERESA LEÓN