| El Nacional - Lunes 06 de Noviembre de 2006 | B/25 |
SucesosDetenido por explosiones en sedes diplomáticas tiene dos años sin juicio
Consulado de Colombia y la Oficina Técnica de la Embajada de España, perpetrados en febrero de 2003. El ex fiscal octavo, Gilberto Landaeta, lo acusó por los delitos de intimidación pública, incendio en edificio público, destrucción a la propiedad y lesiones en grado de complicidad. Aura Bartolemeo, una de las defensoras de Díaz, que se encuentra recluido en la Disip, dijo que la detención de su cliente fue la consecuencia de las declaraciones de otros acusados, quienes lo señalaron de frecuentar la plaza Francia de Altamira. La penalista indicó que 8 meses después de ocurridas las explosiones, la camioneta de Díaz fue trasladada a la Disip para hacerle una experticia, según la cual en todo el vehículo hallaron rastros de C4. Después, los abogados de Díaz introdujeron un recurso de nulidad ante el Tribunal 11 de Control, a cargo de Deyanira Nieves. La Corte de Apelaciones lo declaró sin lugar. Cuando las actuaciones estaban en manos de la jueza 23 de juicio, Yelis Jiménez, Bartolemeo solicitó una medida sustitutiva de libertad para su cliente en vista de que habían transcurrido 2 años sin haber sido enjuiciado. La funcionaria la negó y argumentó que se trataba de un delito de lesa humanidad que no tiene beneficio alguno, según jurisprudencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera. "Esta sentencia se refiere a un caso de drogas en el que el magistrado Pedro Rondón Haaz salvó su voto", explicó la penalista. La Sala 7 de Apelaciones, a cargo del juez Maikel Moreno, negó el recurso y se fundamentó en la misma razón que dio la jueza Jiménez. El 14 de agosto pasado, la defensora de Díaz introdujo un recurso de amparo en la Sala Constitucional del TSJ. Ocho días después el magistrado Marco Tulio Dugarte fue designado ponente; ahora se espera un pronunciamiento. En este caso, 3 jueces se han inhibido. El último tribunal que tuvo el expediente fue el cuarto de juicio y su titular se abstuvo de conocer la causa. Las actuaciones pasaron al Juzgado 29 de Juicio, pero la Sala 6 de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la inhibición, por lo que el expediente debe volver a manos de la jueza cuarta de juicio. Raúl Díaz está de acuerdo en que la audiencia oral y pública la haga un tribunal unipersonal porque los dos escabinos escogidos no reunían las condiciones exigidas y fueron eliminados. |