"Nos
unimos a otros miembros de la comunidad internacional en urgir la
liberación de la juez María Lourdes Afiuni, cuyo arresto y continua
prisión han demostrado el involucramiento inapropiado del Ejecutivo en
las funciones del Judicial y eso constituye una violación a los derechos
humanos". Con esas palabras la embajadora de
Estados Unidos,
Betty King, hizo retumbar el nombre de la suspendida juez 31 de Control
de Caracas durante el Examen Periódico Universal (EPU), al que fue
sometida Venezuela
por el Consejo General de
Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 7 de octubre.
Alemania también alzó su voz para manifestar su preocupación por la
detención de Afiuni y recomendó, entre otras cosas, "tomar las medidas
necesarias para garantizar que los jueces puedan realizar su trabajo sin
ningún tipo de obstáculo ni impedimento".
Para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), Ligia
Bolívar, este
nombramiento reviste "mucha importancia" porque en las directrices
establecidas por la ONU para la presentación de informes "está señalado
que no debe hacerse mención a casos individuales, a menos que sean
situaciones muy excepcionales y el caso Afiuni se convirtió en una
excepción porque por primera vez en el mundo se encarcela a un juez por
aplicar una resolución de un órgano de protección".
Afiuni, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, fue detenida en
diciembre de 2009 por acatar una resolución del Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que
solicitaba al Tribunal Supremo de Justicia se le concediera al
exbanquero Eligio Cedeño
la libertad provisional.
Asegura Bolívar que la comunidad internacional "está consternada" y eso
quedó demostrado cuando países como el
Reino Unido,
Holanda,
Suiza,
Noruega, entre
otros, manifestaron preocupación por la falta de autonomía (...) El
vídeo donde el Presidente insta a las autoridades judiciales a aplicar
la pena máxima de 30 años de prisión a un juez es una prueba irrefutable
de lo que sucede en el país", destacó.
La directora del CDH_UCAB espera que el martes 11 de octubre, el Estado
venezolano acepte la mayor parte de las recomendaciones. "Ya el
canciller Nicolás Maduro adelantó que no aceptará aquéllas que a su
juicio sean inconstitucionales y esto nos coloca en el mismo lugar de
siempre". Con respecto a la aspiración del Gobierno de ocupar un puesto
en el Consejo de DDHH, advierte que Venezuela tiene que ponerse al día
con sus obligaciones y eso incluye la libertad de Afiuni. "Eso pasa por
demostrar un récord satisfactorio de cumplimientos, entre ellos,
elaborar un plan de consulta con las organizaciones no gubernamentales y
abrir el país a la supervisión internacional", precisó.