La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acusa al gobierno de Venezuela de violar la libertad sindical, en un informe aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo, su asamblea anual, que finaliza este viernes sus deliberaciones en Ginebra.

El informe de la OIT manifiesta la "profunda preocupación de los alegatos de actos de violencia contra dirigentes empleadores y sindicalistas, la criminalización de acciones sindicales legítimas, así como otras restricciones de las libertades públicas necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales".

La Comisión también apuntó "a deficiencias graves en el diálogo social y al retraso desde hace años en la tramitación de reformas legislativas solicitadas" por la OIT, relativas "a las elecciones sindicales y diversas restricciones a los derechos de los trabajadores y de empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes".

Al respecto, la OIT precisó que se refería tanto a la patronal como a los trabajadores, para que pudieran "elegir libremente sus dirigentes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organizar sus actividades".

En ese sentido, la OIT "deploró que los ataques a la sede de Fedecámaras (organismo de la patronal) no hayan dado lugar todavía a la condena de sus autores y la situación de impunidad", destacando "el clima de intimidación que sufren los dirigentes empleadores, a nivel personal, "incluida la expropiación de tierras y acciones contra sus propiedades- y en sedes", dice el documento.

La OIT, organismo tripartito integrado por representantes de empleadores, gobiernos y trabajadores, que nuclea a 182 Estados miembros, le recordó a Venezuela que las libertades sindical y de asociación "no pueden existir en ausencia del conjunto de garantías de la libertades públicas, en particular la libertad de expresión, de reunión y de movimiento".

Pese a que algunos argumentos de réplica esgrimidos por el gobierno de Venezuela durante el debate fueron incorporados al informe, como por ejemplo que ya hay detenidos por los hechos de violencia denunciados, su delegación diplomática en Ginebra criticó a Fedecámaras, en un documento reservado al que accedió la AFP.

Dice ese documento que Fedecámaras hace un uso "inapropiado" de los mecanismos de quejas de la OIT, y que con su comportamiento pretendería "dejar sin efecto los procedimientos administrativos que en Venezuela cursan contra algunos de sus afiliados por la presunta comisión de delitos comunes, y así evitar las sanciones que la justicia pudiera imponer".

Sin dar nombres, el documento reservado proclama que el actual gobierno de Venezuela no va a "favorecer a dirigentes sindicales o empresariales que hayan cometido delitos comunes", y advierte que va a enjuiciar a "aquellos que incurran en actividades sindicales ilícitas e ilegítimas".

Desmiente además que el gobierno venezolano se niegue a modificar regulaciones sindicales, afirmando que "la Asamblea Nacional efectúa un proceso de amplias consultas para reformar la Ley Orgánica del Trabajo, incorporando las observaciones realizadas por los interlocutores sociales y la OIT".

Añade que "la ley venezolana no establece obstaculos ni tramites complejos" para disfrutar de la libertad sindical, y que el gobierno "ha derogado disposiciones que violentaban los derechos de los trabajadores mediante la tercerización, subcontratación y fraude a la ley".