Son ya más de medio centenar. Los presos políticos en Venezuela. Esta semana ha ingresado otro en nómina. Para más redundancia, es un político de profesión. Y de familia. Oswaldo Álvarez Paz es sobrino de Jesús Ángel Paz Galarraga, uno de los fundadores de Acción Democrática, posteriormente cofundador del Movimiento Electoral del Pueblo. Es decir, de un adeco socialista, del ala izquierda de este partido. Lo que no le impidió a Oswaldo hacer carrera en Copei, el principal partido demócratacristiano y rival de AD durante la IV República. Y una carrera brillante: fue dos veces gobernador del Estado Zulia y el primero en ser elegido por sufragio directo en Venezuela.
A Álvarez Paz fueron a detenerlo de noche a su casa varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen, por orden de un Tribunal de Control del Área Metropolitana. Los delitos que se le imputan son “conspiración”, “instigación pública a delinquir” y “difusión de información falsa”. Todo ello basado en lo que dijo el político, el pasado 8 de marzo, en un programa de opinión de Globovisión, el canal que Chávez ya ha intentado cerrar varias veces. Sobre todo, en esta frase: “Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico”.
A pesar de ser hoy -según Patricia Andrade, presidenta de Venezuela Awareness Foundation- “el segundo país con más presos políticos y deplorable situación de los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, después de Cuba”, la prensa española no se vuelca en la denuncia de esta situación con la misma generosidad con que lo hace con Cuba. Como no soy dada a la fabulación nacionalista-sentimental, paso por alto la habitual faramalla sobre la querencia entre pueblos hermanos unidos por la historia y lo mucho que se perdió en la guerra de Cuba. Me limito a constatar un hecho: los cubanos sometidos al régimen castrista son dignos sujetos de empatía mediática en España; los venezolanos, no.
Un hecho del que es posible deducir, al menos, una consecuencia para la prensa. Ahora que tan de moda se ha puesto disertar sobre el futuro del periodismo, a rebufo de la crisis económica y el big bang de la información en internet, se avanza con total naturalidad lo que no es sino un argumento de autoridad. Hay mucho tecnicismo en sus formulaciones más sofisticadas, pero todas dicen el mismo miedo: que el crédito o descrédito de la noticia deje de ser cosa de una sola instancia: el periódico. Entiéndase: el periódico de ayer, de papel y referencia. Es una versión laica y masiva del dogma de la infalibilidad de la Iglesia. Por supuesto, los periódicos tienen derecho a defender sus posiciones. Y a querer mantener en pie la escalera de la jerarquía. No es lo mismo publicar una noticia después de haberla hecho pasar por las pruebas de calidad del periódico, que se le suponen, que hacerse eco de rumores. Pero la dichosa autoridad descansa sobre los mismos pies de barro de blogs y digitales. Valga decir, sobre la humana propensión a significarse más por los prejuicios que a dejarse guiar por el juicio.
El caso de los presos políticos en Venezuela, justamente, es un buen test para la autoridad de la prensa. Que si bastara con formular para revelar la endeblez de ésta, hubiese podido ahorrarme las líneas que llevo escritas y apuntar sólo dos frases: Son ya más de medio centenar. ¿Habrá que esperar que sean más de dos centenares, como en Cuba?
Ana Nuño es escritora.