El 31 de octubre de 2005 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Raúl Díaz Peña.

Ese día la Comisión le solicitó al Gobierno venezolano que se evaluara la salud del joven detenido y que se le brindara tratamiento especializado; se pidió su traslado a un centro "donde se le garantice acceso a condiciones dignas de vida, luz natural, aire fresco y ejercicio" y que se le aseguraran "las garantías necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral".

La CIDH también pidió al Estado que en un máximo de 15 días presentara información sobre el cumplimiento de todo esto.

El 31 de abril de 2006 cesó la vigencia de las medidas y apenas el 3 de mayo de 2007 el Estado respondió a los requerimientos informativos. Un texto firmado por Germán Saltrón, funcionario venezolano ante la OEA, afirma que se ha cumplido con todos los actos procesales y que los retrasos no pueden ser atribuidos al Estado.

Sobre las condiciones de reclusión habla de una celda con buena iluminación y ventilación; además de un área de gimnasio y salidas a tomar el sol los fines de semana. En cuanto a las condiciones de salud, explica que el 16 de agosto de 2006 -pasados los seis meses de vigencia de la medida-, Díaz fue trasladado para recibir tratamiento en una clínica y menciona visitas por parte de médicos forenses del Cicpc. Incluso habla de un segundo traslado a la clínica. Al final del escrito pide que la CIDH no admita el caso.

La abogadas Aura Bartolomeo y Patricia Andrade, esta última de la ONG Venezuela Awareness Foundation, presentaron a la CIDH sus respuestas a esto y la versión es diametralmente opuesta: violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio, retrasos, ausencia de pruebas, torturas, tratos crueles, privación ilegítima de libertad, condiciones sanitarias inadecuadas, salidas al sol apenas cada dos meses, ninguna posibilidad de actividades deportivas salvo la utilización de un gimnasio habilitado por los propios detenidos, ausencia de ventilación. Dicen que sólo una vez fue llevado a la clínica y hace 10 meses que esperan el segundo traslado.

El deterioro de la salud de Díaz impulsó a Andrade a pedir nuevas medidas cautelares. El 12 de julio el Estado debió responder sobre esto y hoy 5 de agosto debería hacerlo sobre las denuncias de supuesta detención ilegal de Díaz. Luego la CIDH buscará la conciliación y pedirá al Estado que cumpla con sus obligaciones. Todo antes del paso mayor: llevar el caso a la Corte Interamericana.