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Roger
López, abogado de los 8 funcionarios de
la Policía Metropolitana
, quienes se encuentran detenidos desde hace más de dos años, manifestó
la necesidad de que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre
si existe o no una vulneración de sus derechos.
López exigió que "convoquen a la audiencia respectiva, son más
de dos años que tiene estos funcionarios privados de su libertad,
hacemos un llamado a los miembros del TSJ para que convoquen a la
audiencia respectiva a efectos de determinar si estos funcionarios se le
esta vulnerando su derechos”.
Destacando además que en los tres meses que lleva el juicio, el
Ministerio Público no ha logrado a través de sus pruebas y testimonios
explicar, ni detallar las condiciones en las cuales, supuestamente,
ellos le dieron muerte a tres ciudadanos”.
Por su parte, el abogado del comisario Iván Simonovis,
Carlos Bastidas
reiteró nuevamente la necesidad de que se cumplan los tiempos del COPP,
indicando que “este es un juicio que en 90 días se supone debe haber
culminado, pero insistimos en que los acusadores privados no han
permitido que le juicio se desarrolle como debería ser”.
Entre tanto,
José Luis Tamayo
defensor de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero consideró que
en estos 90 días de proceso lo único que ha salido a flote son las
irregularidades que el Ministerio Público ha cometido para mantener la
acusación en contra de los funcionarios y comisarios de la PM.
“Pasados estos 90 días de juicio que siguen a los comisarios Vivas,
Forero, Simonovis y otros 8 funcionarios de la PM, están saliendo a
flote la cantidad de irregularidades, en una acusación precaria, sin
fundamento y algo que reclamaremos es precisamente el hecho de que las
pruebas del Ministerio Público no sabemos para que la quieren”.
Tamayo dejó claro que “no se podrá demostrar, lo indemostrable no
hay prueba de que estos comisarios dieron ordenes o instrucciones de
disparar, o que esos policías hayan disparado contra alguna persona,
las pruebas brillan por su ausencia, no existen”.
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