FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL

Del 11 de abril de 2002 sólo va quedando la historia escrita en los expedientes oficiales levantados por la Fiscalía y los tribunales de la República. Una historia que corre paralela a la realidad de 19 muertes y más de 150 heridos de bala en donde, de 19 expedientes que fueron abiertos, correspondientes a cada una de las víctimas, sólo uno siguió su curso, mientras el resto ha permanecido congelado en los archivos de los fiscales del Ministerio Público.

 Este expediente es el que corresponde a las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque, dos víctimas identificadas con el sector oficialista que murieron en el puente Llaguno y en el que, al final de la cadena, habrían de quedar como responsables los comisarios Henry Vivas, quien para la fecha de los sucesos de abril era director de la Policía Metropolitana; Lázaro Forero, comisario jefe, e Iván Simonovis, director de Seguridad Ciudadana. La acusación sostiene: `Cómplice necesario en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva´, en relación a la muerte de los dos ciudadanos anteriormente mencionados.

 Para Carlos Bastidas, abogado defensor del comisario Simonovis, una vez absueltos de toda responsabilidad el grupo de pistoleros que actuaron en el puente Llaguno y la avenida Baralt, había que presentarles a Venezuela y al mundo un ejemplo de responsabilidad penal de las personas que, en el concepto oficialista, fueron causantes de las muertes de abril. Es decir un culpable necesario. Según apunta Bastidas, no imputaron a la Guardia Nacional, que todos la vieron disparar, ni a la Policía de Libertador, tampoco a la Disip ni a otros organismos de seguridad del Estado porque todos, menos la PM, estaban identificados con el Gobierno. Entonces, necesariamente, el Gobierno tenía que endosar esa responsabilidad a la oposición, usando como carnada a la Policía Metropolitana y sus jefes del momento, Henry Vivas y Lázaro Forero.
 Pero ellos no eran el destino de todo esto: el destino final era Alfredo Peña. Entre Vivas, Forero y Peña estaba Iván Simonovis, secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas.

La mano de Anderson
Para llegar a estos tres comisarios la Fiscalía, a través del fallecido Danilo Anderson, imputó en julio del año 2002 a ocho funcionarios de la PM. En dos ocasiones el desaparecido fiscal solicitó medida privativa de libertad contra los funcionarios y en las dos ocasiones le fue negada por falta de elementos de convicción que sustentaran la acusación contra los policías. El último intento negado fue el 9 de enero de 2003 ante el Juzgado Primero de Control de Maracay, a cargo de Doménico D'Gregorio, quien quince días después del fallo fue destituido sin que mediara ningún proceso.
 El 15 de abril la Corte de Apelaciones del estado Aragua fue más diligente y dictó la medida de privación de libertad contra los ocho policías, quienes desde entonces permanecen detenidos.
 Es de recordar que la Fiscalía nunca pudo probar la autoría material de ninguno de estos policías en relación con la muerte de Sánchez y Urbano. Dos de estos funcionarios ni siquiera estaban en la avenida Baralt, otros nunca dispararon sus armas y, los que sí lo hicieron, su ubicación no se corresponde con la trayectoria de disparo que se desprende de las experticias realizadas por el Cicpc.
 Según lo interpreta Carlos Bastidas, luego de que absuelven a los pistoleros de Llaguno y apresan a los PM vienen las elecciones y Alfredo Peña se retira y sale de la Alcaldía Mayor. Todo apuntaba a que Juan Barreto asumiría el cargo, como efectivamente ocurrió. Los ocho policías, mal que bien, tenían alguna esperanza mientras estaba Alfredo Peña como alcalde y mientras la PM no estuviera en manos del oficialismo. Cuando eso cambia, la situación se convierte en un escenario cien por ciento negativo para ellos. Entonces tienen que reorientar su estrategia. ¿De qué manera podían negociar su libertad? A cambio de lo que sea, incluso mentir, como hicieron algunos. El Gobierno les ofreció una flexibilización de los cargos en su contra, si a cambio `colaboraban´. Esa colaboración consistió en cambiar lo que habían declarado durante dos años (nosotros no disparamos, no tenemos responsabilidad) por decir, tomando un grave riesgo, que sí habían disparado obedeciendo instrucciones de Vivas y Forero.
 Los PM cambian a sus defensores, que habían sido Juan Carlos Gutiérrez y su equipo, por defensores públicos y hacen una audiencia, que no está permitida en el COPP, para cambiar su declaración (no se puede declarar entre la imputación y el juicio).
 El acuerdo se habría concretado el 3 de septiembre de 2004, luego de una visita sorpresiva que realizara el fiscal Anderson a la sede de la PM en Cotiza, donde se encontraban los funcionarios presos. Dos meses después, el mismo fiscal informaba que se habían librado las boletas de citación contra el alcalde Alfredo Peña, el secretario de Seguridad Ciudadana Simonovis, Henry Vivas y el director de la PM, Lázaro Forero, para ser imputados por `homicidio en grado de autor intelectual´ por los hechos del 11 de abril.
 Ya siendo alcalde mayor, Juan Barreto declaró el 11 de septiembre que: `solicitará que los ocho efectivos de la PM... sean trasladados a la Disip´ argumentando que `el fallecido fiscal Danilo Anderson le había pedido recientemente que, con el objeto de salvaguardar la vida de estos efectivos, hiciera las diligencias pertinentes a fin de concretar el traslado´.
 Según señaló Barreto: `Estos funcionarios tienen mucho que aportar a las investigaciones... querían hablar, querían decir otras cosas, agregar nuevos elementos al juicio que se les sigue...´

La delación
Entre el siete y el ocho de diciembre de 2004 fueron trasladados los ocho funcionarios policiales a Maracay para ofrecer nuevas declaraciones en audiencia privada ante el Juzgado Cuarto de Juicio.
 Las declaraciones no se orientaron a aportar nuevos elementos para su propia defensa sino a delatar a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis como quienes ordenaron disparar a los activistas del oficialismo. Según esos testimonios, el 11 de abril recibieron instrucciones a través de la radio policial de parte del comisario Lázaro Forero de `disparar a los talibanes´.
 Esos nuevos testimonios fueron empleados como el principal fundamento de la acusación presentada por la fiscal Luisa Ortega Díaz el siete de enero de 2005.