ESPECIAL EL MUNDO 07/04/08
Cangrejo Anderson mueve una pata hacia adelante
Todos los fiscales que llevaron el caso del crimen están destituidos.
Menos uno: Hernando Contreras (se encuentra de reposo). Su confesión
de haber alterado las actas sacó a la investigación del letargo.
A tres años y medio de la explosión que segó la vida del fiscal
Danilo Anderson, el 18 de noviembre de 2004, el caso despierta de su
letargo y da un giro hacia adelante. ¿Por qué? Porque se empieza a
deshilachar la estopa que involucró a supuestos autores intelectuales en
un
móvil que gira en lo político, en una supuesta conspiración que
luego de Anderson iría por la cabeza del entonces fiscal Isaías
Rodríguez y hasta por la del presidente
Hugo Chávez.
De lo expresado por Giovanny Vásquez y que consta en actas, cabe
determinar qué frases y nombres fueron introducidos por los fiscales que
llevaban el caso, según la propia confesión de uno de ellos, Hernando
Contreras, y cuáles fueron colocados por Vásquez; y a su vez, de lo
dicho por Vásquez ¿absolutamente todo será incierto? Investigar es la
clave.
Asesinados
Antonio Lópéz Castillo fue asesinado el 23-11-04 en inmediaciones de
Plaza Venezuela. Cayó abatido por una comisión del Cicpc, en la que
murió uno de los agentes. Era amigo y cliente de la galería de tiro de
los Guevara y fue relacionado en las llamadas de la noche del crimen.
Su casa fue allanada y sus padres esposados y llevados a tribunales.
Ellos no tienen respuestas sobre la muerte de su hijo.
Juan Carlos Sánchez desaparece el 20/11/04 y apareció muerto en un
motel de Lara. Algunos familiares advirtieron que el cadáver tenía
síntomas de tortura. Se vinculó a los Guevara y al mundo de los negocios
de instrumentos bélicos.
Sólo que la historia del caso ha negado justamente ese verbo:
investigar. De haberlo hecho en su debido momento, se sabría cuál fue la
verdadera participación de los banqueros mencionados, sus abogados, la
supuesta red de extorsión y la denominada Banda de los Enanos en el
hecho. Pero no.
Vásquez apareció y con él una tesis que compró Isaías Rodríguez
con un alto porcentaje de credibilidad, basado en su mirada y en las
coincidencias del testimonio de Vásquez con la oportunidad de desechar la
red de extorsión.
¿Quién habló primero de esa red? Jesse Chacón, el cinco de enero de
2005, cuando fungía de Ministro de Relaciones Interiores, sorprendió
al país con esta tesis: hombres que del lado de los
carmonas-firmantes negociarían las justicias que intentaba aplicar
Anderson con dinero
contante y sonante. Las actas del expediente aparecieron y demostraron
que Chacón hablaba con base.
No obstante, el comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas a cargo de esa línea investigativa, José
Cuéllar, fue separado de su cargo con una denuncia muy grave en boca de
Isaías Rodríguez: trabajaba para la CIA. Y tampoco esto se investigó.
Cuando el testimonio de Vásquez de Armas se desmoronó y apareció el
segundo grupo de actas de entrevista y prueba anticipada, vinieron
otras irregularidades en la investigación: declaraciones manipuladas y
personas que entran y salen de ellas, con el respaldo de Hernando
Contreras y Gilberto Landaeta, según las firmas. Rodríguez prometió
investigar, pero no lo hizo. Hoy dice que no hay forjamiento de actas. La
investigación del caso sigue a la espera de la voluntad de emprenderla con
todas sus consecuencias ¿lo hará Luisa Ortega Díaz? No se sabe. Por
lo pronto, el ciudadano desea recordar: quién es quién en este caso.
Aquí se lo decimos.
Imputados
Patricia Poleo, periodista, huyó a Estados Unidos con su hija, luego
de que la imputaran por la autoría intelectual. Desde el principio
reveló detalles de las pesquisas del asesinato y se le allanó su hogar
después de una de las publicaciones más fuertes. Prefirió no ponerse a
derecho por considerar que no tendría un juicio justo.
Eugenio Añez Núñez y Nelson Mezherane
recibieron la imputación a raíz de las declaraciones de Vásquez y
luego sus causas fueron archivadas, aunque pueden ser reabiertas.
Salvador Romaní tiene sobreseída la causa por falta de pruebas.
Condenados
Rolando y Otoniel Guevara fueron sentenciados a 27 años y 9 meses por
la autoría material del asesinato con explosivos del fiscal Danilo
Anderson. Los compromete la relación de llamadas de los días anteriores
con otros vinculados al caso y el testimonio de policías sobre la
planificación del crimen.
Denunciaron tortura y su detención estuvo plagada de irregularidades.
Pero eso no fue investigado.
Juan Bautista Guevara fue condenado a la pena máxima de 30 años. Paga
prisión en la Disip con su primo y su hermano. La noche del asesinato
chocó un carro cercano a la camioneta de Anderson en el Iupolc. Dijo
que estaba buscando notas esa noche. Se le vincula a Pedro Lander y a
Johan Peña, ambos prófugos en
Miami.
¿Extorsionados?
Arístides Maza, presidente del Banco Caroní. Según declaraciones de
Isaías Rodríguez le habría advertido que lo extorsionaban por ser
carmonafirmante. Advirtió a las autoridades de la irregularidad y no ha
querido declarar sobre esos detalles ¿Fiscalía lo interrogó? ¿A
través de él se puede determinar quiénes y cómo cobraban? Ignacio
Salvatierra, entonces presidente de la Asociación Bancaria, fue perseguido
por Anderson por relacionarlo con el Carmonazo. Aunque en el video
aparece firmando el decreto, su rúbrica se "borró" del acta. Sus
abogados son señalados de entregarle fuertes sumas al fiscal para exculpar
a
su cliente. ¿Pagó? ¿El dinero llegó a Anderson completo? Dijo que
jamás hablará.
Ricardo Tucker, presidente del Iutirla, aparece mencionado en las actas
del expediente como uno de los que pagaría a Anderson para ser
beneficiado judicialmente. Él podría aclarar cómo funcionaba el chantaje,
el modus operandi, ¿Fiscalía lo interrogó? No hay evidencias de
ello.
Mariano Díaz y Gustavo Perdomo son abogados de Ignacio Salvatierra.
Aparecen en las actas de entrevista como quienes pagaban con dinero en
efectivo a Anderson en varias oportunidades. También hay relación de
llamadas de Anderson con ellos días previos a su muerte. Por su baja
estatura les han colgado el mote de "Enanos" en algunos predios
judiciales. Tampoco se conoce de sus declaraciones ante los señalamientos
de
familiares y amigos de Anderson.
Jueces en las actas
Gúmer Quintana, juez decimonoveno de Control, firmó y selló las
versiones de prueba anticipada que se le formularon a Vásquez de Armas con
su declaración del 15 de agosto de 2005. Lo hizo con el fiscal
Gilberto Landaeta y ya salió de su cargo.
Maikel Moreno, quien fuera juez 34 de Control y presidente de la Sala
VII de Apelaciones, aparece mencionado en los interrogatorios a amigos
de Anderson como uno de los que recibió dinero extraído de la caja
fuerte.
Relacionado con Belkis Cedeño y señalado por Esther Bigott de Loaiza
como la persona que se alió con Cedeño para actuar en su contra, fue
separado de sus cargos y enviado como agregado comercial a Roma.
Belkis Cedeño, quien fuera presidenta del Circuito Judicial Penal del
área metropolitana de
Caracas, fue destituida en agosto de 2006. Fue
nombrada en las actas de entrevista como la persona que intercedió con
Danilo para ayudar a Ricardo Tucker.
Se desempeña como cónsul de
Venezuela en Vigo.
Investigadores
Isaías Rodríguez era fiscal general de la República cuando ocurrió
el crimen. Juró buscar la verdad debajo de las piedras, pero las
piedras cayeron sobre la investigación. Se desecharon líneas de
investigación, declaraba que había tanta gente involucrada como para
montarlas
en "un autobús" y luego no pudo probarlo. No arrojó resultados sobre
la supuesta corrupción en Fiscalía. Hoy quiere ser magistrado.
Luisa Ortega Díaz fue nombrada fiscal general en diciembre de 2007.
Fue directora de Actuación Procesal y encargada de la investigación
sobre la presunta "Banda de los Enanos".
Bajo su gestión han sido separados de sus cargos todos los fiscales
del caso Anderson.
Comisario José Cuéllar, del Cicpc, estuvo a cargo de la primera parte
de la investigación. Hizo un informe con la línea que dirigía hacia
la supuesta extorsión. Fue destituido de las pesquisas y acusado en
rueda de prensa por Isaías Rodríguez de actuar para la CIA. Nunca ha
abierto la boca. Si escribe un libro, será el más explosivo, aunque
sea después de muchos años.
Fiscales
Yoraco Bauza fue fiscal 30 nacional, encargado de la investigación del
caso desde el principio y en ocasiones vocero. Interrogó a los
familiares y amigos de Anderson que hablaron de la caja fuerte, el dinero
y
la entrega. También destituido.
Gilberto Landaeta, quien fuera fiscal octavo nacional, también estuvo
en el caso. Firma además las actas del interrogatorio a Giovanny
Vásquez y la prueba anticipada con el juez Gúmer Quintana. Fue el primer
destituido, aunque Isaías Rodríguez dijo en su momento que por la
dificultad de subir la "trocha". Él vive en Vargas.
Hernando Contreras firmó las actas como fiscal 53 de área
metropolitana de
Caracas. Confesó haber alterado las actas para involucrar a
personas inocentes. Es el único que no ha sido destituido por encontrarse
de reposo.
Sonia Buznego fue fiscal 38 y encargada del caso. Firma las actas de
entrevista a los amigos de Anderson que revelaron encuentros con abogados
para entregar dinero en restaurantes de
Caracas. Fue separada de la
causa sin explicación.
Turcy Simancas fue fiscal 39 y encargada de la investigación sobre el
asesinato de Anderson. Toma declaración junto a sus compañeros a
parte del entorno del fiscal. Fue destituida sin explicaciones por la
actual fiscal general.
Amigos
Sócrates Tiniacos, abogado amigo de Anderson, declaró en Fiscalía
-aunque luego lo niega- que la misma noche del 18 de noviembre de 2004
empezó la "ruta del dinero", lo llevaron de Los Chaguaramos a Coche,
repartieron, negociaron. También contó que fue torturado para que
entregara el dinero. Este delito nunca fue investigado.
Julio César Farías, amigo y cuñado de Anderson, quien respaldó la
versión de Tiniacos. Señaló que pidió respeto en la tumba de Danilo
para no hablar allí del dinero. Contó que tenían una máquina de
contar billetes y que Anderson no guardaba dinero en el banco para evitar
una investigación bancaria. Lo acompañó cuando se hicieron algunas
entregas de dinero en efectivo, "en bolsas de papel marrón", según las
actas. Carlos Herrera, ex concejal y amigo de la familia Anderson, fue
autorizado por
Lourdes para retirar algunas propiedades del fiscal en
manos de la justicia. Fue interrogado por Hernando Contreras una sola
vez, aunque ha aportado múltiples detalles a la investigación. Su
tesis es que se trata de un crimen "político financiero". La lanzó el
mismo mes de la muerte de Anderson.
Familiares
Lourdes y Lala Anderson, hermanas del fiscal a favor de las actuaciones
de la Fiscalía y del Gobierno. Niegan la posibilidad de que la
víctima participara en extorsiones y se esfuerzan por eliminar las
evidencias de propiedades del fiscal.
Lourdes cargó con las motos de agua una
madrugada y las lanzó al Guaire. Todo quedó grabado en un video
casero. Marisela y Juan José Anderson son dos hermanos del fiscal que
contrataron al abogado Pedro Aranguren para recusar a los fiscales que
llevaban el caso y actuar legalmente para descubrir quién mató a su
hermano. El juez Florencio Silano les ha negado el derecho de revisar el
expediente. Allí estarían muchas respuestas a las confusiones.
Testigos
Giovanny Vásquez de Armas se autodenominó testigo y tejió la
versión de un complot de opositores con paramilitares colombianos que
después de Anderson acabarían con Isaías Rodríguez y Chávez. Aunque se
demostró que mintió a lo largo de su declaración, que nunca estuvo en
Panamá porque estaba preso en Rioacha y que no era psiquiatra, sirvió
para dictar privativa de libertad a cuatro personas. Prometió que
mañana "sí" dirá verdades.
Rafael García, paramilitar colombiano y ex director de informática
del DAS, preso en la cárcel de La Picota, en Bogotá, quien sería
calificado por el fiscal Rodríguez como el "otro testigo clave".
Consultado
al respecto, declaró desde sus rejas: "no me interesa decir nada
sobre
Venezuela".