"La ola de derecha impedirá que Chávez haga estallar la OEA"
"No podrá sustituir un sistema de protección de derechos humanos por otro
sometido a sus lineamientos"
Metódico y ordenado en el discurso, Héctor Faúndez no deja cabo sin atar. Aclara
y precisa de tal manera que cuando pronuncia una frase rotunda es difícil
señalarle una imprecisión o algún exceso. Especialista en Derecho Internacional
y Comparado de los Derechos Humanos, ha pasado por las aulas de Harvard y de la
Universidad de Londres, es profesor en la UCV y abogado de venezolanos que han
acudido a la justicia internacional para demandar al Estado venezolano.
-¿Puede
Venezuela desentenderse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
tal y como lo proclamó Chávez?
-Desde el punto de vista del derecho internacional puede hacerlo. Pero si quiere
eludir el control debe saber que la CIDH es órgano principal de la OEA y de
protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si denuncia a esta
última salva un escollo, pero no podrá hacerlo respecto a las competencias que
tiene la Comisión como órgano principal de la OEA. De manera que puede seguir
recibiendo denuncias, concediendo audiencias y elaborando informes sobre
derechos humanos en Venezuela.
-¿No es su intención salirse de la OEA?
-No creo que le cueste mucho hacerlo, máxime cuando ahora se plantea la creación
de un nuevo organismo regional sin presencia de EEUU. Quizás se siente tentado a
hacerlo como una forma de dinamitar la OEA. Ahora, si hoy, 27 de febrero del
2010, Chávez se retira del organismo luego de denunciar la Convención Americana
de Derechos Humanos, ese retiro y esa denuncia solo surtirán efecto luego de un
año. Así, cualquier violación de derechos humanos que se cometa en ese lapso, es
competencia de la CIDH y por tanto puede elevarlo ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
-¿Qué pasa si Chávez se hace el loco y sigue en la OEA?
-Eso ocurrió con el informe anterior (2003), donde se hacen señalamientos
similares a los de ahora, aun cuando hay nuevos elementos, incluso
condescendientes en temas como el de los derechos sociales. Solo que ninguna de
las recomendaciones hechas al Estado fue implementada. No pasó nada. Y eso es lo
que lleva a la Comisión a realizar un nuevo informe, elaborado con sumo rigor,
pero con dificultades porque el Estado venezolano no permitió una visita in
loco (en el país).
-El Gobierno dice que el informe está parcializado.
-Las descalificaciones se hacen sin conocer la metodología de la Comisión para
elaborar un informe producto de las denuncias de personas sobre violación de
derechos humanos por parte del Estado. En otras audiencias, solicitadas por ONG,
se recopiló información en temas como la libertad de expresión, la situación de
las cárceles, la independencia del Poder Judicial y la inseguridad personal.
También se acudió a información abierta emitida por órganos del Estado (TSJ,
Defensoría del Pueblo,
Asamblea Nacional y el Gobierno.
-¿De qué sirve el informe en su objetivo de hacer respetar los derechos
humanos si el Gobierno ignora las recomendaciones de la CIDH?
-En el informe no aparecen casos pendientes, sino los que están ante la Corte o
fueron resueltos por ésta. La Comisión examina los primeros y si considera que
hay violación de derechos humanos lo somete a la Corte. De hecho Venezuela es
uno de los países con más casos (10) en la Corte, todos resueltos y todos contra
el Estado. Entre ellos los de
Globovisión, RCTV,
Francisco Usón y el de los jueces de la Corte en lo Contencioso Administrativo.
-¿Cumplió el Gobierno con las decisiones de la Corte?
-Ha cumplido con reparaciones pecuniarias (indemnizaciones). En cuanto a otro
tipo de reparaciones, como restablecer derechos conculcados (poner en
libertad a una persona o
reinstalar en sus cargos a funcionarios destituidos) ha sido más complicado
porque los estados deben investigar los hechos, establecer responsabilidades y
castigar a los culpables.
-La justicia internacional funciona en países con gobiernos democráticos
porque éstos acatan sus decisiones. Pero en el caso venezolano se ve impotente y
sus decisiones son ignoradas.
-Los sistemas de derechos humanos funcionan en sociedades donde hay
independencia de los poderes públicos y Estado de Derecho. La excepción, en el
continente, fue Fujimori, quien se negó a a cumplir dos sentencias dictadas por
la CIDH. Esa negativa tuvo un efecto efímero porque a los dos meses había salido
del poder y el Gobierno del presidente
Paniagua ejecutó las
sentencias de la Corte. Pero los gobiernos responsables cumplen las sentencias,
duras en algunos casos.
-¿Como en cuáles?
-En Chile se sentenció al Estado por la prohibición de La Última Tentación
de Cristo y no solo se le obligó a retirar la censura a la película sino a
modificar la Constitución para que no se repitiera la situación. En
Guatemala se ordenó la
modificación del Código Penal. En Perú se hizo justicia en las masacres de La
Cantuta y Barrios Altos, por las cuales fue condenado Fujimori porque se
anularon los efectos de unas leyes de amnistía que lo hubieran impedido. Eso
sirvió de base para que se anularan las leyes de Punto Final y Obediencia Final
en Argentina y la de
Amnistía dictada por Pinochet.
-¿Cómo se puede forzar al Gobierno a actuar como el resto de los países?
-La Diosa de la justicia, Temis, se identifica como una dama con
los ojos vendados y una balanza en la mano, pero se omite que en la otra
mano sostiene una espada y está flanqueada por dos leones.
Espada y leones que
representan la fuerza necesaria para ejecutar sus decisiones. Pues bien, los
tribunales internacionales carecen de esa fuerza porque no hay alguacil ni
cuerpo policial que venga a hacer justicia. Eso, no obstante que Chávez fue el
primer presidente en visitar la CIDH y asumir el compromiso de respetar los
derechos humanos, cosa que no ha ocurrido. Claro, hay mecanismos de ejecución,
solo que son dramáticos. La guerra, por ejemplo, es una forma de hacer cumplir
las disposiciones.
-¿Se contempla eso en los tratados internacionales?
-No. En la Carta de la ONU hay una prohibición absoluta del uso de la fuerza.
Pero el Consejo de Seguridad o los organismos regionales pueden aplicar
sanciones diplomáticas o de otra naturaleza. A Cuba no se la sancionó por violar
derechos humanos sino porque Castro se declaró marxista. Eso fue un pretexto,
pero dejó claro que se puede marginar a un gobierno de una organización
internacional aplicándole embargos económicos o suspendiendo relaciones
diplomáticas.
-¿Puede ocurrir eso con el gobierno de Chávez?
-En el continente hay una ola de cambios hacia la derecha. A mí no me gusta,
pero está ocurriendo. En Chile triunfó un representante de la derecha pura y
dura (pinochetista). En Perú está un
Alan García derechizado. En Colombia todo parece indicar que el próximo
presidente será uribista. Los presidentes de México, Panamá y Honduras son de
derecha. En Brasil parece que ganará el candidato de esa tendencia y en
Argentina los Kirchner están de capa caída.
-¿Qué quiere usted decir?
-No estoy seguro de que esos países (incluido Uruguay) quieran hacer estallar la
OEA. Es interesante la creación de un organismo que aglutine a los países
latinoamericanos para entendernos con EEUU y
la Unión Europea desde una
posición de fuerza. Pero sigue siendo necesaria la existencia de un organismo
que nos permita articular a todos los países, incluso EEUU y Canadá. Con todas
sus fallas, desprestigio y lo mal que puede haberlo hecho Insulza, no creo que
quieran hacer estallar la OEA, que tiene logros como la Carta Democrática,
independientemente de que se haya aplicado o no. Además, la influencia de Chávez
en la región se reduce. Desde afuera se le ve con bastante recelo, tiene menos
influencia y no creo que esté en capacidad de dictar las líneas de acción para
sustituir un sistema interamericano de protección de derechos humanos por otro
americano y caribeño, sometido a los lineamientos que se dictan desde
Miraflores por individuos
designados a dedo.
