
Reyes Theis
el universal
El agente de Estado venezolano para los
derechos humanos en
el sistema interamericano, Germán Saltrón, niega que
Venezuela se
resista a que organismos multilaterales vigilen la situación de los
derechos humanos en el país. Señala que si la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos
(CIDH) pide perdón al Gobierno venezolano por su actuación en abril de
2002, aceptarían su visita. Revela que el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza,
llegó a ese cargo por el apoyo de Venezuela y que lo único que le
pidieron fue la destitución del secretario ejecutivo de la CIDH,
Santiago Cantón.
-¿Por qué el Gobierno
no acepta la visita de la CIDH a Venezuela? -Venezuela le ha estado
reclamando a la CIDH que cuando el golpe de Estado del 11 abril de 2002,
no se pronunció en contra del golpe. Incluso el 12 de abril, una Ong
colombiana introdujo una solicitud de medida cautelar ante la Comisión,
solicitando que se le garantizara la vida al presidente Chávez, quien se
encontraba secuestrado en Fuerte Tiuna, sin embargo la Comisión,
representada por el secretario ejecutivo Santiago Cantón, se limitó a
enviar una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores del
Gobierno de facto de Pedro
Carmona (José Rodríguez Iturbe), en la que tratan al presidente
Chávez como "señor" y se refiere al ministro como "su excelentísimo". El
Gobierno venezolano considera que fue un reconocimiento al gobierno de
facto. -¿Ese es el único cuestionamiento para la visita? -Se le
ha venido señalando a la Comisión que sea objetiva, que reconozca su
error, que no atienda a las denuncias infundadas y presentadas por las
Ong, cuyas únicas
pruebas que presentan son referencias a la información que recogen los
medios de comunicación, que están en contra del Gobierno. No han podido
demostrar ante la Corte, que es el verdadero tribunal de derechos
humanos, que Venezuela ha violado el derecho a la información y a la
libertad de expresión. No han podido demostrar que en Venezuela no
existe independencia de poderes, y por eso son derrotados. Nosotros
seguiremos defendiéndonos y demostrando que todo lo que se lleva a la
Comisión obedece a una campaña internacional para desprestigiar al
Gobierno del presidente Chávez. -¿Pero como no van a usar las Ong
informaciones de prensa, si precisamente el Gobierno se niega a la
presencia de la CIDH para comprobar lo que aquí ocurre? -Tres veces
al año la Comisión tiene una reunión y hemos ido allá consecutivamente
desde 2002 a rebatir la denuncias de las Ong. En la reunión están todos
los comisionados y ellos no necesitan venir a Venezuela. Aún más, si
ellos vienen, van a ver lo mismo que vieron en mayo de 2002, que hay una
absoluta libertad de expresión y que se le garantizan los derechos
humanos a todos los venezolanos. Ellos no tienen que venir para que en
Venezuela se sepa que se respetan los derechos humanos. -¿Sólo una
disculpa basta para aceptar la visita de la CIDH? -Si ellos piden
disculpas públicas de su error cometido y garantizan que van a ser
objetivos, independientes y transparentes, pueden venir. -Pero la
CIDH de hoy no es la misma a la de hace siete años. Incluso la
presidenta es venezolana... -Indudablemente, pero Santiago Cantón
tiene siete años como secretario ejecutivo. La CIDH es una comisión
prácticamente virtual, porque se reúne solamente tres veces al año.
Quien maneja la Comisión es Cantón y parece que es vitalicio. A él lo
nombró el secretario general, pero ahora lo atornillaron más, porque
sólo puede destituirlo el Consejo Permanente, es más difícil sacarlo y
él tiene un conflicto con Venezuela. -¿Venezuela no tiene aliados
suficientes para que el Consejo Permanente destituya a Cantón? -Quien
llevó a a Insulza a su cargo fue Venezuela, y a él solo se le solicitó
que tratara de sacar a Santiago Cantón y ni siquiera el secretario
general ha podido sacarlo. Eso demuestra el poder político que tiene ese
funcionario. -Venezuela también se negó a aceptar la visita de una
comisión del Mercosur. -Es que no puede porque nosotros no somos
miembros activos del Mercosur, por lo que no pueden recibir denuncias ni
venir a Venezuela a vigilar los derechos humanos. -¿Eso no evidencia
resistencia de parte del Gobierno de Venezuela a ser vigilado? -Ninguna.
Venezuela no tiene nada que ocultar en materia de derechos humanos,
cualquier persona que esté aquí en una semana se da cuenta que hay
absoluto respeto a la Constitución. Eso es una campaña mediática que lo
que busca es desprestigiar al presidente Chávez. -¿No hay una
contradicción en que el gobierno de facto en
Honduras aceptó la
visita de la CIDH y un gobierno electo democráticamente, como el
venezolano, no lo acepte? -No, no, no. Es que el caso de Honduras es
totalmente distinto. En el caso de Honduras desde el primer momento la
OEA y la ONU condenaron el golpe. Ese es un gobierno ilegítimo. El caso
de Venezuela es un gobierno legítimo y que solicita, con suficiente
argumentación, que la Comisión pida disculpas. -También Venezuela se
ha negado a aceptar decisiones de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos. -El caso de los ex magistrados de la Corte Primera
demuestra que hay independencia de poderes. No es el Poder Ejecutivo el
que se está negando a cumplir esa medida de la Corte, es
el Tribunal Supremo
de Justicia, que señaló que solicitar que se incorporen esos jueces, que
son provisionales y que no gozan de estabilidad laboral, sería crear un
caos judicial en el país, porque hay centenares de jueces provisionales
que han sido destituidos, y en Venezuela para que los jueces tengan
estabilidad laboral deben haber ganado concursos. -¿Insiste el Estado
en que aquí no hay presos políticos? -No los hay. Consideramos que
un preso político es el que está detenido sin fórmula de juicio, que
permanece detenido sin ser presentado en un tribunal y sin una sentencia
y aquí en Venezuela no hay casos de esos.