CARACAS.- Cuando se iniciaron las investigaciones por el asesinato de Danilo Anderson, el fiscal general, Isaías Rodríguez, afirmó que el Ministerio Público podía llenar un autobús con las personas responsables del crimen. Pero hoy, exactamente tres años después del atentado, ocurrido el 18 de noviembre de 2004, apenas tres puestos de ese colectivo han sido ocupados. Sólo tres personas, Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevera, están tras las rejas, con penas de entre 27 y 30 años de prisión como autores materiales del homicidio.

Desde una celda de máxima seguridad en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en El Helicoide, Rolando y Otoniel Guevara accedieron a responder un cuestionario enviado por El Tiempo.

Interrogantes
“No hay elementos que nos incriminen en la comisión de ese homicidio. Eso es incontrovertible. Los asesinos de Anderson siguen en libertad, disfrutando de este sistema penal politizado. No hay declaración alguna o experticia que justifique nuestra detención y posterior condena. ¿Por qué se valieron de una llamada telefónica anónima? ¿Por qué se promovió a testigos de manera ilegal? ¿Por qué se prohíbe la publicación de las actas de nuestro juicio y su exposición al control social? Eramos los sospechosos cotidianos y estábamos aquí. No huimos, cada vez que nos buscaban nos encontraban”. Esto es lo que sostiene Otoniel.

Los Guevara aseguran desconocer por qué fueron involucrados en el caso y también aseveran que no manejan ninguna hipótesis sobre las causas de la eliminación física del fiscal Anderson.

“Por orden del Ministerio Público el expediente fue mutilado. A los Guevara no se nos permitió tener acceso a las veintitantas piezas del caso. Solamente pudimos ver ocho y en ninguno de los folios aparecieron las declaraciones publicadas por los medios, lo que demuestra una vez más el interés de que no se sepa la verdad. Lamentablemente, para los días en que ocurrió el homicidio entró en vigencia la famosa Ley Resorte, lo que limitó el trabajo de los medios de comunicación, que son los únicos que han tratado de investigar de forma seria y seguro hubieran llegado a la verdad”, declara Rolando.

Los hermanos Guevara dicen que desde hace mucho tiempo altos funcionarios deseaban verlos tras las rejas, tal vez -acotan- por la influencia que todavía podían ejercer dentro de los cuerpos policiales. Rolando fue efectivo de la entonces Policía Técnica Judicial y Otoniel de la Disip.

“Nuestra actuación dentro de la Disip y el Ctpj, hoy Cicpc, nos ha creado ascendencia en el personal subalterno y respeto de los compañeros. Y eso es parte del temor que tiene el régimen”, declara Rolando.

Ambos, él y Otoniel, recuerdan que en 2002 fueron involucrados en diversos casos, pero nunca, hasta el asesinato de Anderson, pudieron ser implicados directamente. Primero fueron señalados de haber formado parte en la red que mantuvo clandestinamente en Venezuela a Vladimiro Montesinos, ex asesor del presidente peruanoAlberto Fujimori. Esta causa fue cerrada recientemente.

Durante los sucesos de abril de 2002 sus oficinas fueron allanadas por efectivos militares, quienes intentaban dar con el paradero de los francotiradores que dispararon en los alrededores de la céntrica avenida Baralt. Un par de años después fueron citados a declarar en la investigación por la presencia de presuntos paramilitares detenidos en la finca Daktari (Caracas). También fueron interrogados por la colocación de artefactos explosivos en las sedes diplomáticas de España y Colombia.

En la mira
“Se nos estaba haciendo la cama y estábamos tan rayados que la gente no se paraba ni a pedirnos una dirección para no salir en la foto”, refiere Otoniel.

Los hermanos Guevara fustigan duramente la forma como el Ministerio Público ha llevado a cabo las investigaciones del caso Anderson, en especial la conducta asumida por su titular.

“El papel del fiscal Julián Isaías Rodríguez deja mucho que desear”, opina Rolando.

“Rodríguez es un operador político extremadamente poderoso y ante el dolor que experimentó por la muerte de su hombre de confianza desató una cacería que arrastró a tres hombres inocentes. Cuando se dio cuenta de la manera torpe como llevaba el caso intentó detenerse y corregir lo que había dañado, pero había hablado tanto que apenas se salvaron los supuestos autores intelectuales”, agrega Otoniel.

También cuestionan la conducta de Sonia Buznego, Turcy Simancas, Hernando Contreras, Yoraco Bauza y Gilberto Landaeta, fiscales encargados de la averiguación. Con mayor dureza condenaron a éste último, quien practicó el interrogatorio a Geovanny Vásquez De Armas, testigo clave del Ministerio Público para lograr la condena contra los Guevara.

“Gilberto Landaeta, quien estuvo involucrado en un homicidio cuando se desempeñaba como efectivo de la Policía de Baruta, y quien buscó llegar a mí, a través de distintas personas, para que se cerrara esa investigación llevada por la División de Homicidios del Cicpc, ciertamente fue no sólo quien le hizo la primera entrevista a Geovanny Vásquez De Armas, sino también le hizo la segunda, la tercera y la cuarta, el mismo día y a la misma hora, pero con preguntas distintas para imputar a los supuestos autores materiales y a los intelectuales”, puntualiza Rolando.

“Gilberto Landaeta fue el fiscal protagonista de nuestra persecución y, según un trabajo periodístico, tiene una cédula de identidad casi correlativa con la de Vásquez, expedidas en el estado Vargas. Pudiera ser más que una coincidencia la incorporación de Vásquez como testigo al expediente, pero la Fiscalía nunca desmintió el trabajo periodístico y tuvo a bien presumir la buena fe del testigo”, añade Otoniel.

Los hermanos Guevara no olvidan el papel de los ex jueces Maikel Moreno y Belkis Cedeño, quienes -aseguran- utilizaron influencias en los tribunales para lograr sus aprehensiones. Tampoco olvidan el rol de Luis Cabrera, responsable del juicio y de la sentencia condenatoria.

Afirman que el croquis hallado en uno de los cubículos de la oficina que compartía Rolando Guevara, y que describía la ruta seguida por Anderson después de salir del Instituto Universitario de Policía Científica (Iupolc), intencionalmente fue llevado al sitio por funcionarios al intentar justificar las sospechas de la Fiscalía.

Aseveran además que durante el juicio ningún testigo pudo precisar haber visto a Juan Bautista Guevara cerca de la camioneta del fiscal fallecido. Recalcan que él nunca negó haber estado en el Iupolc el día del asesinato, pero enfatizan que su sola presencia en el lugar no puede servir de elemento para incriminarlo.

“Siempre fuimos sospechosos de la Fiscalía, porque allí se quería que fuéramos nosotros. No interesaban otros nombres y mucho menos hacer una investigación seria que pudiera determinar nuestra inocencia y arrojar nombres conocidos por ellos”, afirma Rolando.

Los hermanos Guevara lamentan que las autoridades no hayan prestado mayor atención a sus denuncias por la forma como fueron aprehendidos por los funcionarios policiales y las torturas de las que aseguran haber sido víctimas antes de ser presentados ante los tribunales. Ese caso fue archivado.

“Mi esposa formuló las respectivas denuncias. Una de ellas reposa en la Fiscalía 126 del Ministerio Público, para la época dirigida por un abogado de apellido Lárez, quien en su oportunidad fue sincero y manifestó que en nuestro caso no podía hacer una investigación ya que los posibles autores de las torturas eran funcionarios policiales y ningún organismo policial se prestaría a realizar esta averiguación”, explica Rolando.

“Adicionalmente estos funcionarios contaron con la complicidad de médicos de la Disip y de su medicatura forense, que produjeron constancias de que estábamos en perfecto estado. Tampoco actuaron los funcionarios de la Defensoría del Pueblo”, completa Otoniel.

Niegan toda vinculación con irregulares colombianos o con miembros del exilio cubano en Miami y aseguran que tampoco conocían a los señalados como presuntos autores intelectuales del atentado, salvo a Salvador Romaní, quien trabajó en la Disip.

Los Guevara no descartan la posibilidad de apelar a instancias internacionales y, aún con el peso de condenas cercanas a los 30 años de cárcel, confían en que algún día los tribunales venezolanos admitirán su inocencia.