La captura del guerrillero colombiano, Rodrigo
Granda, provocó el desmantelamiento del Grupo Antiexorsión y Secuestro
que operaba desde Táchira
(Foto Archivo)
(Foto Archivo)
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Caracas,
domingo 02 de octubre, 2005 Nacional y Política |
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SOTANO 1/El captor del
guerrillero
Militares puestos al límite
FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL
"En Venezuela, cumplir con los Derechos Humanos constituye
una vocación y no una conveniencia del Estado...", el
pensamiento fue expresado por Mari Pili Hernández,
vicecanciller de la República para el hemisferio norte, en una
conferencia ante la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Si bien la vocación por el derecho parece ser una premisa del
Estado venezolano, no lo fue para los carceleros del teniente
coronel Humberto
Quintero Aguilar, imputado por "Traición a la
Patria" por haber detenido y entregado a Colombia
al guerrillero de las FARC,
Rodrigo Granda.
Quintero Aguilar fue detenido el 12 de enero de 2005. Para
el momento de su detención el miembro de la FAN estaba al
frente del Grupo Antiextorsión y Secuestros que opera en el
Estado Táchira. Este grupo especial de la GN estaba
especializado en la lucha contra grupos irregulares que
operan especialmente en la zona fronteriza. En estos
combates se incluía: la guerrilla y paramilitares
provenientes de Colombia
y grupos armados venezolanos como el Frente Bolivariano de
Liberación, que se identifican con el presidente Hugo
Chávez.
A raíz de la detención y entrega de Granda, "el
Canciller de las FARC",
como se le conoce en Colombia,
el grupo Antiextorsión fue desmantelado y su personal
militar especializado en esas materias fue colocado, de
manera desarticulada, en otras guarniciones a lo largo del
país.
Como comandante de esa unidad, Quintero no hizo distinción
entre paramilitares y guerrilleros a la hora de resolver
un secuestro o de enfrentar a algunas de las columnas
armadas que operan en territorio venezolano. Según sus
propias palabras, mantuvo una posición institucional a
pesar de las presiones que frecuentemente recibía desde
sus superiores de hacerse la vista gorda con respecto a
los campamentos temporales que las FARC
o el ELN suelen montar dentro del territorio. Con
respecto al grupo venezolano, Frente Bolivariano de
Liberación, Quintero lo considera como una organización
muy bien entrenada que aplica una filosofía similar a
la del grupo de "Cazadores" del Ejército.
La vivienda del oficial detenido y su oficina fueron
allanadas y toda la documentación que acumulaba sobre
los movimientos armados que operan en Venezuela fueron
confiscados.
Al momento de la detención, el ministro del
Interior y Justicia, Jesse Chacón, aseguró que el
secuestro de Rodrigo Granda fue ejecutado por
agentes de la policía de Colombia
y cinco militares venezolanos, por lo cual el
comandante Quintero habría recibido millón y medio
de dólares como recompensa por el trabajo. El
secuestro de Granda ocurrió el 13 de diciembre de
2004 y al día siguiente fue entregado a las
autoridades colombianas en Cúcuta.
Soraya de Quintero, la esposa del militar, poco
después de su detención, negó que su esposo
haya cobrado algún tipo de recompensa por
entregar a Rodrigo Granda y respondió a Chacón
señalando que "es absurdo pensar que una
persona que cobró 1,5 millones de dólares se
hubiera quedado en su puesto a la orden de su
comando". También defendió la labor de su
esposo y del Grupo Antisecuestro, expresando que
"gracias al esfuerzo y desempeño de los
integrantes de ese grupo de la FAN, muchos hogares
venezolanos pueden dormir tranquilos" (...)
"si se prueba judicialmente que mi esposo
entregó a Rodrigo Granda a las autoridades
colombianas, entonces en nombre de miles de
familias venezolanas le doy las gracias y le
reitero que me siento orgullosa de él, ya que
esta acción nos evitara leer amargos titulares
como el de la muerte de Cecilia Cubas", la
hija del ex presidente paraguayo. Es de recordar
que la autoría intelectual de dicho secuestro fue
atribuida a las FARC,
por las que participaría Rodrigo Granda.
Viejas torturas
Actualmente, una comisión parlamentaria
se propone desenterrar casos de torturas que
se aplicaron durante los años sesenta cuando
el movimiento armado revolucionario venezolano
decidió tomar las armas para enfrentar a los
gobiernos surgidos después del 23 de enero de
1958. De aquellos años quedaron numerosos
testimonios recogidos en memorables escritos
en los que se señaló a la Disip, a la FAN y
los Teatros de Operaciones como los
principales protagonistas en la aplicación de
torturas a los presos políticos de esa época.
Pero no hay que ir tantos años atrás para
ver repetida esa práctica reñida con la ética
y los derechos humanos para hacer valer la
vocación que manifiesta Mari Pili Hernández
en sus conferencias internacionales.
El comandante Quintero Aguilar, una vez
detenido, fue conducido a la DIM. El punto
de honor de la Fiscalía Militar era
obtener una confesión en la que se señalara
claramente que en la detención de Rodrigo
Granda, ocurrida en Caracas,
y su entrega ilegal a las autoridades
colombianas en la ciudada de Cúcuta, había
una intervención de personal de
inteligencia colombiano con la asesoría
de la CIA.
En otras palabras, que en la detención
del guerrillero participarían activamente
los gobiernos de Colombia
y de Estados Unidos. También se esperaba
que confesara que por entregar a Granda
había recibido 1,5 millones de dólares
como recompensa. Ambas acusaciones fueron
reiteradamente negadas por el oficial, al
tiempo que nunca se encontró ningún
rastro de la existencia de ese supuesto
pago en dólares.
Nuevas torturas
Inmediatamente después que
Quintero fuera detenido y trasladado a
la sede de la DIM, fue encapuchado y
llevado a un inmueble que, según sus
cálculos, estaría ubicado a una
media hora de la sede de la DIM en
Boleíta.
Sus carceleros le advirtieron que el
único artículo 49 de la Constitución
(referido al debido proceso) que le
iban a aplicar era el de ellos.
Seguidamente le colocaron periódicos
en las muñecas y encima las
esposas, de manera de no dejar
huellas.
Todos en el grupo estaban
encapuchados, pero
"seguramente adrede",
dejaron ver chaquetas con la
identificación del Cicpc, según
recuerda Quintero.
Una vez en el inmueble, lo
primero que le aplicaron fue la
asfixia mecánica, colocándole
una bolsa plástica en la
cabeza. Según narra
Quintero, fue perdiendo el
conocimiento hasta que entró en
un grado
de desesperación. Al llegar a
ese punto, sacó una fuerza
extraordinaria y derribó a los
carceleros para poder respirar.
Es una reacción natural de
parte de quien llega al límite.
Luego de varias horas de
forcejeo con los carceleros,
Quintero aceptó hacer una
confesión grabada al gusto de
sus captores. A esa
"confesión" bajo
tortura, el Ministro del
Interior y Justicia, Jesse
Chacón la llamó "versión"
en una interpelación en la
Asamblea Nacional. La confesión
fue grabada en video por los
efectivos militares.
De la sesión de
interrogatorio a Quintero le
quedó un hematoma en una vértebra.
Tortura sicológica
Al lado de la
tortura física se
produce otra, la sicológica,
que afecta al detenido a
través del cuadro
familiar. Según narra
Quintero, luego de
regresar a la sede de la
DIM comenzó esa etapa. Humberto
Quintero es
casado y tiene un hijo.
Lo primero que hacen es
mostrarle todos los
movimientos de su
familia más cercana, dónde
viven, a dónde van o en
qué vehículo se
transportan. Le dicen
que los van a
secuestrar. Allí
insisten en la negociación:
"si involucras a
Estados Unidos y Colombia
te damos la
libertad", esa era
la demanda.
Quintero Aguilar fue
recluido en el sótano
1 de la DIM. La celda
tenía 2 por 2,5
metros y una
ventanilla de 30 por
30 centímetros, era
la única iluminación
que entraba desde el
pasillo. Había una
colchoneta en el piso
y sólo lo dejaron con
un short y unas
chancletas.
Para hacer una
necesidad fisiológica
o tomar agua había
que sacar la mano
por la ventanilla, a
la espera de que el
custodio se
percatara o
asintiera atender el
llamado.
Según reflexiona
Quintero, eso le
genera al preso un
estado de sumisión
y dependencia con
el custodio.
Piensa que esa
dependencia
termina por
producir eso que
se llama "síndrome
de Estocolmo"
según el cual, la
víctima termina
agradecido por
cualquier ayuda o
cualquier gesto
humanitario de su
carcelero o
secuestrador.
Al igual que
otros en la
misma situación,
fue despojado
del reloj, de
manera que se
pierde el
sentido del
tiempo. Al
principio trató
de mantener la
relación del
tiempo a partir
de las horas de
comida, pero los
carceleros,
conscientes de
eso, alteran
arbitrariamente
las entregas de
los alimentos.
Los días de
confinamiento
se interrumpen
sólo para
continuar con
largas horas
de
interrogatorios.
En esa celda
permaneció
siete días
y llegó al
Tribunal
Militar sin
haber podido
nombrar a un
abogado
defensor. A
su esposa la
pudo ver en
el llamado
salón de
los espejos
por cinco
minutos y más
tarde supo
que los
interrogatorios
estaban
autorizados
por el jefe
del
departamento
de
Investigaciones
de la DIM. A
raíz de los
asesinatos
de los jóvenes
de Barrio
Kennedy, en
donde
intervinieron
funcionarios
de la DIM,
las celdas e
instalaciones
del sótano
1 fueron
derribadas.
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