Congreso Internacional de Conindustria 2007

La empresa privada como actor del desarrollo

Democracia y Paz Social

Para la presentación del próximo tema a

cargo del magistrado Baltasar Garzón: dejo la palabra al Presidente de Conindustria,

Eduardo Gómez Sigala…

 

Baltasar Garzón es Licenciado en Derecho, Magistrado de la Audiencia Nacional de España desde 1988 con competencia en terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero, delincuencia económica organizada y extradiciones. En 1993 fue elegido

Diputado por Madrid en las listas del Partido Socialista como independiente y posteriormente fue Secretario de Estado Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas hasta mayo de 1994, fecha en que se reincorporó a la audiencia nacional.

Ha sido declarado Doctor Honoris Causa por 21 universidades, entre otras por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, el New School University de Nueva York, la Universidad Nacional de Quilmes Argentina, entre otras. Forma parte de las siguientes organizaciones:

Declaración de París contra la corrupción, Grupo de amigos de la coalición de la Corte Penal Internacional de Nueva York, Comité Científico del Programa Global contra la corrupción, organizado por el instituto para la prevención del delito y justicia penal para las Naciones Unidas y el Centro para la Prevención del delito, Comité Ad hoc de defensa de los derechos humanos, Bogotá-Colombia y Comité científico de la revista Proyecto.

Es cofundador de l´Appel de Genève, movimientos de magistrados europeos

iniciados en Ginebra por siete magistrados y cofundador del Comité Drogas No. Ha sido miembro de la Misión Política Internacional de Colombia con la Fundación Robert Kennedy a instancias de la Confederación de Organizaciones no

Gubernamentales de Derechos Humanos así como miembro del Consejo Asesor del CIT Paz, (Centro Internacional Toledo para la Paz).

Asimismo, ha desarrollado importantes investigaciones en el ámbito del terrorismo nacional e internacional y del contraterrorismo y del crimen organizado y dentro del mismo en forma específica contra narcotráfico, lavado de dinero, criminalidad económica y extradición, así como ha instruido importantes causas contra las Libertades y derechos humanos, empresariales y laborales –  cúpulas irresponsables militares de la represión contra la dictadura argentina y en Chile ordenado y consiguiendo la detención de Augusto Pinochet en Londres de

1998.

Damos la más cordial bienvenida al juez Baltasar Garzón cuya ponencia se titula

“Libertades y Derechos Humanos Empresariales y Laborales.”

Libertades y derechos humanos, empresariales y laborales

 

Baltasar Garzón:

 Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a estar hoy con todos ustedes, me quejo de Madrid porque hay atascos o trancas, como dicen aquí y ya no me acordaba de lo que era Caracas de la primera vez que estuve, que fue en 1991, el único avión que he perdido en mi vida y he tomado muchos, fue el que perdí aquí, pero gracias a los medios que nos habéis proporcionado hemos llegado a esta sala.

 La miseria en el mundo ha alcanzado cuotas alarmantes, quizás el nivel más preocupante de la historia humana, más de diez millones de niños con menos de cinco años mueren de desnutrición, epidemias, contaminación de aguas, insalubridad, etc. Los ciento veintidós países del tercer mundo concentran el 85% de la población mundial, pero su participación en el comercio internacional sólo alcanza el 25%. Mil ochocientas millones de personas no pasan de tener un dólar al día de renta y el 1% de los habitantes más ricos generan tanto dinero como el 57% de las personas más pobres de la tierra.

 Algún dato más. Hay 850 millones de adultos analfabetos y 325 millones de niños en edad escolar que no tienen posibilidad alguna de frecuentar la escuela. Enfermedades curables, mataron en 2005 a 12 millones de personas, mientras tanto la rentabilidad de fondos propios de las 500 sociedades transnacionales más poderosas del mundo ha sido de un 15% anual desde el 2001 en Estados Unidos, 12% en Francia, y la tasa de autofinanciación asciende al 130% en Japón, 115% en Estados Unidos y 110% en Alemania.

 El subdesarrollo económico actúa sobre los seres humanos como una especie de prisión, los encierra en una existencia sin esperanzas, sin derechos, aunque a la vez su única esperanza se encuentra en la justicia, si ésta asumiera su papel de luchar por la dignidad humana, buscando distinguir, como decía Popper, lo verdadero de lo falso. Y también si los gobiernos democráticos asumieran el papel que les corresponde en ese combate que se centra según las palabras de Octavio Paz, en luchar contra la corrupción, contra los monopolios, y favorecer la aparición o vertebración de una clase media independiente del poder político.

 La lucha constante en defensa de los derechos humanos es una necesidad, pero la necesidad en tiempos de paz y en tiempos de guerra debe comenzar por paliarse con pan, con vivienda estable, con salud y educación, en definitiva con dignidad, libertad y democracia, pero sin olvidos, porque como decía Bertol Brech, una papeleta electoral no da de comer al hambriento.

 Vivimos, como alguien ha dicho, los tiempos de la vergüenza, del terror, de la corrupción o de la guerra, del olvido, de la xenofobia, de las mordazas, de las mentiras, por eso generar un discurso sectario y excluyente para encadenar conciencias, sacralizar una tierra, reivindicar la exclusiva de la salvación,

considerarse de esencia superior y heredero legítimo del patrimonio ajeno, o convertir en mesiánicas las empresas humanas, son algunas de las fuentes de la violencia que día a día atenazan a muchos pueblos y constituyen la peor solución de las posibles.

 La solución más factible, sin embargo, vendrá de la mano de la verdadera democracia, que dé vida a una sociedad firmemente cohesionada, con derechos y deberes definidos en justo equilibrio con las necesidades que aquella precisa en su conjunto, es decir debe de consagrarse el principio de la no impunidad y de la igualdad. Una ley para todos, sin que nadie, como decía el maestro Víctor Hugo, esté por encima de la misma, una ley democrática y justa que controle y limite el ejercicio del poder.

 Es tiempo de que la razón de la fuerza sea sustituida por la fuerza de la razón y de que el derecho tome cuerpo y despliegue su acción para conseguir una sociedad más igualitaria, más justa. El empuje hacia una igualdad cada vez mayor entre los hombres es, como ya observó en el siglo XIX Alexis de Torqueville, irresistible. Cada superación de esta o aquella discriminación en función de la cual los hombres han sido divididos en superiores e inferiores, en dominadores y dominados, en ricos y pobres, en amos y esclavos, representa una etapa desde luego, como dice el filósofo Norberto Bobio, no necesaria pero por lo menos posible del proceso de incivilización, en el sentido de que el resultado debe ser la lucha clara y definitiva contra las tres fuentes principales de la desigualdad: la clase, la raza y el sexo.

 De ahí que la gran lucha, el compromiso democrático venga de la mano de la justicia como base de las seguridades humanas, que aparece como uno de los grandes retos para la sociedad moderna. La credibilidad de un sistema radica en la existencia y realidad de los controles a los que se somete el  poder, quien más poder tiene debe ser el más controlado ya que al administrarlo o al desplegar la acción legislativa, sus detentadores deben ser conscientes de que son meros usuarios del mismo, en tanto que el pueblo al que sirven es su titular y ante él deben responder.

 La sociedad actual y la del futuro, si queremos que resulte fortalecida, necesita de líderes cuya marca sea la ética y la responsabilidad para hacer real aquella necesidad de seguridad física y jurídica, apoyada en los valores básicos del Estado de Derecho que la defiende de las agresiones autoritarias, sean éstas internas o externas y que la dotan de una fortaleza institucional indiscutible.

 La pregunta es qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestros respectivos países y no qué nos pueden dar ellos a nosotros, qué necesitan los ciudadanos y no cómo se les amenaza o engañan.

Han sido necesarios miles de masacres, genocidios, crímenes contra la humanidad, ataques terroristas, guerras, represiones brutales sobre millones de personas, así como la configuración d mundo como forma de pobreza extrema, la presencia de violencia contra los más débiles, es decir, mujeres, niños, indígenas y ahora los desastres naturales para que por fin nuestras conciencias que tienden hacia una comodidad consumista, hayan despertado de su letargo y hayan comprendido que la acción es el único camino, sea donde fuere el lugar en el que se produzca el ataque, es universal el daño,

universales las víctimas y universal debe ser la respuesta en los diferentes ámbitos, culturales, económicos, sociales, de la justicia.

Lentamente estamos pasando de una sensibilidad epidérmica a una sensibilidad de fondo, acorde con los graves momentos que estamos viviendo, tiempos en los que empieza a hacerse realidad el compromiso rebelde y democrático que reconstruirá el maltrecho edificio de la comunidad internacional, basado en la solidaridad y en la confianza entre los Estados.

 En la defensa de los derechos humanos, todos debemos compartir el esfuerzo y desarrollar aquella parte del trabajo que nos corresponde, sin miedo y con enérgica decisión, porque ninguna sociedad se va a quebrantar por el hecho de que se aplique la ley y la justicia, como Cicerón hace miles de años dijera: Seamos esclavos de la ley, porque ella nos hará libres.

 Por el contrario, en palabras de Montesquieu: Una injusticia hecha a uno solo es una amenaza para todos, o más próximamente Billy Brandt cuando decía: Admitir la primera injusticia es abrirle la puerta a todas las que le siguen.

Es por ello que una sociedad constituida sobre la justicia, sobre la exigencia de responsabilidad y sobre la erradicación de la impunidad es una sociedad más libre, más democrática, y por ende, más firme en sus valores y aspiraciones, que protegerá más adecuadamente a sus componentes, sin que para ello tengan que disminuir las conquistas que integran los baluartes básicos de nuestros pueblos y que son los que a través del diálogo, del respeto y de la aproximación política y cultural, hacen que día a día, construyamos el edificio común, en el que con todas las discrepancias que tenemos, nos integremos en un futuro de esperanza.

 En el desarrollo de esta nueva sociedad, en la que los conflictos globales, en especial las agresiones a la comunidad internacional o a las comunidades olvidadas son una realidad frente a los que nadie puede eludir su responsabilidad, los jueces debemos asumir un papel protagónico.

 Los fenómenos del terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, el narcotráfico, la inseguridad y delincuencia urbanas, la protección a las minorías, comunidades indígenas, la protección a las víctimas en general, el castigo firme y decidido de los comportamientos racistas y xenófobos, la persecución de la corrupción incluida la del propio sector judicial, la violación de los derechos fundamentales y entre los que ocupa un papel preponderante el respeto a la libertad de expresión y el derecho a recibir una información veraz, exigen jueves que asuman que sólo la función de ser la boca muda que aplica la ley, es algo que ya no está en las razonables actuaciones de los mismos.

 Los jueces debemos ser profesionales, dinámicos, científicamente preparados, responsables, de firmes convicciones democráticas, informados, y esencialmente independientes para de esa forma cumplir nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos y a la cual debemos defender frente a aquellos poderes que se le enfrentan. Los jueces no somos meros medidores de normas en una democracia ni acólitos, ni podemos ser acólitos serviles del poder del equipo de turno. Los líderes políticos pasan, los pueblos permanecen y la justicia debe ser el reflejo democrático y valiente de los esfuerzos de esa sociedad por superar las mordazas con las que se le intenta sujetar o domesticar.

Ciertamente la libertad se siente amenazada en muchos lugares del mundo pero no tan sólo por la acción de las organizaciones mafiosas o terroristas o por dictadores inmorales o genocidas. Esto, diríamos, es lo normal. Sino también por aquellos que desde el poder imponen un estado de cosas que resultan difícilmente aceptables en una democracia. Los discursos de estos sectores están llenos de citas y referencias a la libertad, a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos, al flagelo del terrorismo o a la lucha contra la corrupción, pero son utilizados en forma recurrente como una especie de cortina de humo que oculta una realidad más atroz, más real, en la que el significado auténtico de aquellos conceptos se pierde. Estos nuevos césares no quieren saber nada de la opinión de sus compatriotas cuando se oponen a sus criterios o decisiones, toman éstas parcial y arbitrariamente, prescindiendo del interés de aquellos o incluso en contra del mismo y al margen de la legalidad o con una legalidad adormecida por la inacción de aquellos que deberían exigir su respeto y cumplimiento. Para adornar sus posiciones los intolerantes distorsionan el lenguaje o manipulan la comprensión de los problemas, substituyéndolos por tópicos vacíos de contenido. Como dice John Berger: “¿Cuántos ciudadanos estadounidenses habrían dicho sí de haber sido consultados a la retirada del Acuerdo de Kyoto por parte de Estados Unidos, y si les hubieran consultado sobre la retirada de la administración norteamericana de la firma del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional? ó ¿cuántos ciudadanos españoles habrían votado a favor de una intervención militar en Irak si se les hubiera consultado? ó ¿cuántos ciudadanos venezolanos habrían votado por la desaparición del canal de Radio Caracas Televisión?”

Mientras tanto algunos líderes políticos siempre hablan en nombre del pueblo,

incluso cuando el pueblo ha sido secuestrado en su soberanía y ha sido manipulado

o engañado por decisiones como aquellas que tuvieron lugar en la denominada

Cumbre de las Azores del 16 de marzo de 2003, fecha en la que se escenificó

finalmente la invasión de Irak dando lugar o abriendo las puertas al infierno en el que

más de 500 mil personas han perdido la vida.

Pero el pueblo antes sumiso hoy debe de asumir su responsabilidad, la

responsabilidad que le corresponde en esa fase tan delicada de la historia de la

humanidad en la que vivimos, fase en la que el miedo debe dar paso a la

responsabilidad y al compromiso. La historia de estos años es paradigmática. Esta

época contradictoria pasará y quedará en el recuerdo como aquello en la que la

fuerza de unos pocos se impuso a la voluntad de muchos, pero también como la que

dio lugar al despertar de una nueva conciencia en la opinión pública, que como dice

José Saramago, se ha convertido en una potencia con la cual el poder tiene que

contar; una potencia que no puede ser lisa y llanamente silenciada.

La discrepancia en el respeto mutuo da vida a la verdadera democracia. La

represión del otro porque sus opiniones no nos gusten, conduce a la oscuridad de los

intolerantes. La grandeza de la democracia es confrontar tu criterio con el del otro

con el debate y en su caso aprovecharlo para hacer estado, pero no anularlo

obviando todos los controles o aprovechando el poder conferido. La participación de

la sociedad civil, lejos de ser denostada debe de ser auspiciada y propiciada sin

manipulación. Y ello exige un cambio en el modelo político de participación con

mayor presencia en las decisiones que tomen las instituciones para poder distinguir,

como decía Popper, en todas partes lo verdadero de lo falso. Y en esta labor de

denuncia y participación activa de la sociedad civil, debemos mostrarnos atentos con

la libertad vigilada o manipulada, que a veces se propone desde el poder o desde

otros sectores adictos al mismo.

 

Algunos medios de comunicación se han convertido en una especie de brigada

más del regimiento, en portavoz del mismo. Pero no sólo para aquellos aspectos que

son políticamente oportunos. Es decir, se necesitan medios pacificados o sumisos y

a críticos con el poder, pero también eliminar o silenciar a los adversos. Frente a esta

realidad, sólo cabe poner en práctica el principio de la indignación activa exigiendo el

derecho a recibir una información veraz, que junto con la libertad de expresión sea la

medida y alcance de nuestros derechos. A veces me pregunto dónde estamos y

hacia dónde vamos. Dudo que hoy día tengamos una idea general y clara en el

mundo de cuál es el mundo inmediato a seguir, ni cuál vaya a serlo a medio plazo.

Tan sólo vivimos, o nos hacen vivir, la inmediatez impuesta por los acontecimientos.

Una especie de sucesión vertiginosa de escenas que no te dejan pensar ni valorar lo

que sucede. Pero quizás la secuencia de los hechos no sea tan casual o

deslavazada como parece. Quizás haya un motor alimentado por múltiples

generadores sociales, políticos o económicos.

 

En nombre de la libertad, queridos amigos, se mata, se tortura, o se secuestra, o

se invade un país, o se asumen como daños colaterales los miles o cientos de miles

de víctimas que se pueden producir o se violan sistemáticamente los Derechos

Humanos. Pero todo ello estará aturfado porque se trata de una lucha por la

liberación, por la recuperación de la dignidad de un pueblo, por la liberación del

pueblo de la oligarquía económica, o para sacar al pueblo de la pobreza. Si bien, y al

final, lo único que se persigue es el control político y económico con métodos

expeditivos y en base a una especie de orgullo desmedido del que habla Michelin

Natiev, que se aproxima a una especie de poder sin límites por encima de cualquier

control. La ausencia de límites al poder de la voluntad del líder, es altamente

peligrosa para la democracia, la libertad y la paz. Y sobre todo, genera espacios sin

derecho o zonas libres de Derechos Humanos.

 

Pues bien, y por lo que a mí corresponde, en momentos como estos, es más

necesario que nunca hacer una invocación al Poder Judicial independiente.

Necesitamos una Judicatura no sólo científicamente preparada, sino contaminada de

sociedad, mezclada con la sociedad para que los jueces estén próximos a los

problemas y los asuman como propios para resolverlos. El Juez es el último garante

de los derechos ciudadanos. Y debe ser el primero en defenderlos con imparcialidad,

independencia y responsabilidad. A veces me pregunto si los jueces comprendemos

realmente el auténtico sentido del concepto justicia. Y si somos conscientes del gran

poder que nos otorgan las respectivas constituciones y las leyes. Y sobre todo me

preocupa el hecho de que haya jueces que no siempre hacen buen uso de ese

poder, o peor aún, que desconocen el alcance de la responsabilidad que asumen por

el hecho de ser jueces.

 

Soy de los que piensan que todavía existe un largo camino que recorrer para

poder hablar de que los principios y Derechos Humanos básicos de los ciudadanos

están realmente protegidos. Desgraciadamente, son muchos países. En muchos

países el sistema judicial es siempre la hermana pobre o el capítulo más desatendido

del Estado. Y el poder que ejercen los jueces no se corresponde con la autoridad

ética que deberían tener para convencer en el ejercicio de ese poder a los

ciudadanos. La justicia no se pide. Se exige. Ningún juez debería permitir que un

ciudadano le diera las gracias por impartir justicia porque esto es un deber, una

obligación legal y no un privilegio de castas, un país con un sistema jurídico

garantista y un poder judicial sólido que lo desarrolle con imparcialidad e

independencia, con firmeza democrática, hacen a ese país más libre, más solidario,

más igualitario, más valiente y por supuesto más justo.

 

En el esquema del Estado que marcara Mostesquieu con la separación de

poderes, el poder judicial ejercido por todos y cada uno de los jueces es el pilar más

firme en el que se debe apoyar todo el armazón del estado de derecho, garantizar la

independencia de los jueces desde adentro y desde afuera resulta básico para

conseguir el ideal de justicia. El juez por su parte debe hacerse digno acreedor de su

independencia y defenderla bajo los criterios de legalidad en el equilibrio institucional

que le corresponde con los demás poderes.

 

La justicia, además de ser un valor y un principio, es un servicio público y los

jueces somos servidores públicos, por ello el compromiso responsable con la

sociedad es indiscutible e imprescindible, pero también debe dotársele de los

instrumentos necesarios para hacerla realmente eficaz. Más allá de las meras y frías

estadísticas hay que dotarle de alma, de sentimiento, de entrega y de vocación en la

defensa de las víctimas que conduzcan a éstas del miedo a la esperanza y que

contribuya a recuperar las bases morales que dan fuerza a un pueblo como

fundamento de la sociedad democrática y que abrirán definitivamente las puertas a

un futuro posible y diferente.

 

De nada vale tener un buen sistema judicial si no existen mecanismos adecuados

para desarrollar esa labor o si impide o dificulta su desarrollo. La frustración que

genera esa circunstancia propiciará el sentimiento de engaño e incumplimiento del

contrato democrático entre los líderes políticos y representantes populares con los

que soberanamente los eligieron. No debe olvidarse que el servicio público, incluida

la labor institucional y política, es como su nombre lo indica, algo que se presta por y

para el ciudadano y no en beneficio propio.

 

Urge, por muy evidente que sea abandonar el concepto clientelar y patria

moralista de la política y de la función pública en beneficio de aquel sagrado

principio. En la sociedad globalizada actual junto a los avances de la técnica y los

nuevos mecanismos de comunicación y economías mundializadas ser ha

desarrollado también un lado oscuro, impenetrable y opaco de esa globalización a

través del crimen organizado, específicamente del terrorismo, narcotráfico, lavado de

activos, corrupción y frente a ellos los jueces tienen una importantísima labor que

hacer, no sólo en la persecución implacable de estos fenómenos sino también en la

enseñanza a modo de prevención general que se combate se está realizando.

Los jueces no tiene por qué ser mártires o héroes en la aplicación del derecho,

pero sí tienen que asumir riesgos y peligros y deben de hacerlo con decisión y

valentía, por encima de cualesquiera intereses espúreos. Si un juez muestra miedo o

coacción y actúa, está prevaricando y a partir de ahí no puede continuar ni un minuto

ejerciendo ese poder. La justicia no sólo hay que aplicarla sino que también los

ciudadanos deben percibir que sí aplica y su labor se engrandece cuando aquellos

comprueban que el sistema judicial actúa con independencia y contra quien

quebranta la ley, sea cual fuere el nivel de importancia del infractor y

específicamente cuando son los propios miembros del poder judicial.

 

La credibilidad no se gana con el ingreso en la carrera judicial sino con el firme

compromiso democrático de administrar justicia día a día y con la realización diaria

de ese compromiso. Los jueces como los políticos deben constituir el espejo en que

los ciudadanos se miren y se reconozcan, desgraciadamente con mucha frecuencia

la imagen que hoy se ve de éstos en muchos países está muy distorsionada por

diversos factores y no está a la altura de la misión que ambos deben desempeñar.

 

Cuando los jueces o los sistemas judiciales son o están demasiado próximos al

poder político, pierden la objetividad y el equilibrio que deben mantener a la hora de

administrar justicia y pueden perder la perspectiva básica que la administración de

justicia es un servicio público del que los ciudadanos disponen para la defensa de

sus derechos básicos, precisamente frente a aquel poder cuando los desconozca.

Los jueces modernos, además de tener una remuneración justa, deben estar

absolutamente comprometidos por la defensa de los derechos humanos, pero no

como mera retórica para que quede dicho en un acto como éste sino día a día

asumiendo el deber de defenderlos o abandonar el cargo. La del juez no debe ser

una profesión cómoda sino ciertamente comprometida con aquellos que más

necesitan esa protección, pero actuar con independencia e imparcialidad no significa

olvidar el papel integrador que el poder judicial tiene junto con los demás poderes del

Estado para afrontar los retos que sin duda cualquier país tiene que asumir en la

defensa de sus conciudadanos.

 

Realmente, si no somos capaces de defender y conseguir que se desarrollen y

respeten los derechos sociales de los ciudadanos y los de libre empresa e iniciativa,

de poco nos vale hablar de defensa de los derechos fundamentales ni de avances de

la democracia para los mismos.

 

El combate de la pobreza, de las desigualdades sociales de la corrupción que

impiden o dificultan esa dignidad básica de los ciudadanos, debe ser indeclinable y

ocupar el primer renglón de las agendas de los gobernantes de un país, transigir con

ello y favorecer a quienes anteponen el beneficio personal al de los ciudadanos

convierte en inútiles los esfuerzos de cualquier gobierno.

 

Hasta hace poco la relación entre el mundo empresarial y los derechos humanos

era algo tangencial, pero hoy día todos estamos de acuerdo ñeque dada la

importancia de las empresas como actores fundamentales en la vida económica y

social de nuestras sociedades, no pueden ser ajenas a la construcción de un destino

común, de ahí que Naciones Unidas haya dado forma a toda una normativa de

derechos humanos que refleja la existencia de una clara conciencia de la

responsabilidad social empresarial. Sólo se garantiza la gobernabilidad y el buen

gobierno en una economía sana actuando sin fraude ni corrupción y con un

adecuado nivel de respeto de los derechos humanos.

 

Lo que hoy planteamos con decisión es el nuevo paradigma de la empresa en el

respeto a las estructuras mínimas internacionales de derechos humanos, las

empresas no sólo no deben quebrantar esos estándares sino que deben renunciar a

obtener cualquier ventaja o ganancia aprovechándose o cualquier violación de los

derechos humanos, deben por tanto regular su funcionamiento interno y sus

negociaciones con terceros en concordancia con aquellas normas y establecer

mecanismos de monitoreo y buenas prácticas y estas normas o reglas deben regir

por igual cualquiera que sea el sector público o privado del que se trate. De nuevo

aquí los tribunales tienen un papel fundamental.

 

En conclusión y en función del nuevo rol y poder que el sector empresarial ha

adquirido en un mundo económicamente globalizado en el que inciden directamente

en el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales y en la adopción de

políticas públicas de los Estados con clara influencia en las condiciones de vida de

las personas, también deben cumplir una serie de obligaciones que les fuercen a dar

todo aquello que se necesita y en especial cuentas ante la comunidad.

 

La transparencia en la gestión se convierte en un elemento de producción más

que va a ser controlado por una sociedad civil cada vez más informada y exigente,

ser asociada como empresa a la violación de derechos humanos, aparte de las

responsabilidades penales que pudieran derivarse, determinas su deslegitimación y

su caída en relación con los ciudadanos y consumidores.

 

Insisto, el carácter universal de los derechos y el proceso de globalización

económica, si se quiere que éste no sea insensible y desaforado, lo cual hoy día

resulta inaceptable, implica que la empresa sea llamada a respetar todos y cada uno

de los estándares internacionales de derechos humanos y en su área de influencia y

en la praxis diaria. El bienestar y la libertad de todas las personas tienen el mismo

valor y por tanto deben estar igualmente protegidos.

 

Por lo demás, las sanciones por incumplimiento deben ser contundentes y

exigibles a nivel nacional e internacional.

 

Hoy día la opción no puede ser sólo la de existencia de códigos de conducta o

incluso la de adopción de una política corporativa sobre derechos humanos, sino que

las empresas deben poner en marcha los mecanismos, metodologías y sistemas

internos y externos de evaluación precisos, es decir, la responsabilidad social

corporativa y la política de derechos humanos pasa definitivamente a integrarse en la

estrategia global de la empresa, ello supone implementar esta política mediante la

atención personal a la misma, renunciando por ejemplo a inversiones en lugares y

países en los que se violen los derechos humanos, o retirando inversiones de países

de riesgo en términos de derechos humanos. Esta nueva política debe de asumirse

como un requisito sine qua non para poder hablar de empresa y de negocios

responsables, y el liderazgo empresarial del siglo XXI así lo impone, precisará de una

capacidad constante de adaptación, incluso de anticipación, que le permite elaborar

un diagnóstico acertado de la política de derechos humanos para que redunde

también en beneficio de la propia empresa y de la sociedad con la que tiene que

interactuar.

 

Hablamos de derechos de los trabajadores y entre estos derechos permítanme

que haga una referencia breve al derecho a la seguridad social de los mismos. Los

millones de trabajadores y campesinos de América Latina que sufren por falta de

cobertura, por escasa cobertura contra los riesgos sociales es uno de los capítulos

pendientes en la región. Sólo el 20% de la población mundial se beneficia de una

protección social adecuada y más de la mitad no está amparada por ningún régimen

de protección, incumpliéndose con ello la Declaración Universal de los Derechos del

Hombre de 1948, que proclama que toda persona como miembro de una sociedad

tiene derecho a la seguridad social.

 

A escala mundial, como dice Manuel Reinar, los sistemas de protección social de

los países industrializados hacen frente a un doble reto, brindar una protección

adecuada en un contexto de mayor incertidumbre en el mercado laboral y luchar

contra la pobreza y la exclusión social para evitar los procesos de marginación o de

desafiliación de una parte de la población. Esto significa por una parte concebir unas

formas de protección adaptadas a la creciente movilidad de los trabajadores, y por

otra combinar políticas de inclusión social y dispositivas que garanticen los ingresos

mínimos.

 

La magnitud de las necesidades y la debilidad de los regímenes de protección de

los países en desarrollo inducen a ampliar el concepto de seguridad social para

abarcar las necesidades básicas, como el acceso a la alimentación y el agua, a la

atención, a la salud, la vivienda o la educación. En esta línea las llamadas iniciativas

comunitarias no deben fragilizar los regímenes legales existentes ni organizar

sistemas paralelos de solidaridad para los pobres, sino que deben de integrarse en

una política nacional coherente de extensión de la protección social con carácter

general y sin distinción en razón de la adscripción política.

 

El problema se agrava con el hecho cierto de que la economía informal o

subterránea representa casi las dos terceras partes del total del empleo no agrícola

en los países en desarrollo y este es un tema al que de hecho se ha renunciado a

resolver.

 

Por otra parte, el informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo de

octubre de 2006, nos advierte que el desempleo juvenil global registra una tasa del

13,5%. En una década ha aumentado en más de un 14% el número de jóvenes sin

empleo. En América Latina y el Caribe la situación es más apremiante ya que el

índice sube al 16,6%, doble de la tasa del desempleo general. Es un hecho muy

grave y preocupante que el 13,3% de los jóvenes trabajadores de América Latina

vivan por debajo de la línea de pobreza de un dólar diario. La carencia de un empleo

decente al comienzo de una vida puede comprometer seriamente las perspectivas de

empleo que esa persona tiene para el futuro y determinar negativamente esto.

La pobreza abarca, como decía al principio, a más de la mitad de todos los

trabajadores del mundo, la necesidad de reducir la pobreza absoluta y disminuir la

brecha del ingreso es aceptada como esencial desde un punto de vista moral, tanto

en los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo y para combatir

la inestabilidad social, económica y política se necesitan, como dice Octavio Paz,

soluciones universales, no aisladas o locales, el esfuerzo por tanto tiene que ser

común y coordinado.

 

La creación de empleo decente debe ser uno de los puntos prioritarios de la

formulación de políticas sociales, ello promocionará el crecimiento económico y

estimulará la inversión y la incentiva empresarial, el desarrollo de competencias,

normas laborales apropiadas y modos de vida sostenibles, en palabras del Director

General de la OIT, Juan Somabía.

 

Asimismo, la creación de empresas es clave para promover y extender el

desarrollo local y los mercados locales a través de pequeñas iniciativas

empresariales y para ello es vital garantizar la adecuada preparación y adquisición

de conocimientos entre los jóvenes para poder iniciar con solvencia su vida laboral.

Resulta así mismo básico respetar y promover los derechos fundamentales en el

trabajo, tales como la libertad de asociación, sindicación, la eliminación del trabajo

forzoso, el trabajo infantil y la discriminación laboral, ello redundará en una efectiva

garantía para las nuevas inversiones y la estabilidad en el lugar de trabajo y la

productividad. Garantizar un adecuado sistema de protección social y un aceptable

funcionamiento de las instituciones y sistemas que fortalezcan la gobernabilidad del

mercado laboral, propiciando el diálogo social entre organizaciones fuertes de

empleadores y empleados, viabilizará la productividad y la construcción de

sociedades coherentes.

 

En esta política deben de implicarse todas y cada una de las organizaciones

multilaterales, políticas y económicas, para evitar el desastre de un crecimiento

desaforado e irracional, que tan sólo redundará en hacer más grandes las

desigualdades y favorecerá a los que postulan y defienden posturas intervencionistas

excluyentes.

 

Por último, eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso deben ser objetivos

prioritarios de cualquier gobierno y del tejido empresarial. En América Latina 1.3

millones de personas son víctimas del trabajo forzoso y ello supone el 10% de la cifra

mundial. El ejemplo de Brasil en la lucha contra estas formas de trabajo es loable y

debería seguirse por otros países, en este combate el compromiso de la sociedad

civil resulta fundamental, pero también el de empleadores y trabajadores ordinarios.

La contundencia de las sanciones debe ser así mismo ejemplar. En este campo no

se puede ser transigente contra la impunidad, pero la lucha contra ésta, contra la

impunidad, no debe ceñirse sólo a este campo, debe extenderse a todas las áreas

que perturban la seguridad diaria de los ciudadanos.

 

Si una conciencia jurídica legítima conlleva a un nivel de exigencia ética creciente,

debemos concluir que ante la eventual pasividad de la justicia en un lugar concreto,

la práctica de una justicia universal válida puede y debe eliminar toda sombra de

impunidad allá donde se produzca y conseguir que su aplicación ennoblezca cada

vez más la dignidad del ser humano.

 

La presencia de un derecho común, universalmente compartido, plasmado en el

principio de justicia penal universal, debe significar la lucha sin descanso por la

libertad y la dignidad del hombre, y la mejor garantía frente a cualquier ataque que la

sociedad sufra. La percepción de que no existen fronteras para la lucha contra la

impunidad contribuye a dar una mayor seguridad a los ciudadanos y a que

desaparezcan los Guantánamos del mundo.

 

El compromiso responsable de los jueces y del Ministerio Público en la

persecución a la violencia de género, el narcotráfico, las pequeñas y grandes

corrupciones, las extorsiones fuera y dentro de las instituciones es lo que dará

credibilidad a la justicia y es lo que definirá realmente el alma de un pueblo. La

inercia y la indiferencia frente a estos fenómenos no es una opción, el no es un

problema mío, el yo no puedo hacer nada son palabras y actitudes que deben de

estar fuera del lenguaje de los poderes públicos y en especial de aquellos que

administramos justicia.

 

Permítanme queridos amigos, que vaya concluyendo con una breve referencia a

aquellos valores que junto con la justicia integran el núcleo básico de una

democracia, cuales son la libertad, la tolerancia, la paz o la cultura. A veces pienso

que parte de nuestras sociedades, merced a esa cultura de la apariencia y de la

virtualidad, es una sociedad epidérmica, superficial, que tiene miedo a profundizarse

en sí misma ante el riesgo de encontrarse con su propia imagen pero con un perfil

real en solidario que desprecia al otro o se desentiende de los problemas de aquellos

que viven junto a nosotros o en la parte opuesta del mundo.

 

La indiferencia por los perseguidos, por las víctimas, sobre todo si ésta es

institucional, es el cáncer de una democracia y es lo que hizo posible que regímenes

como el régimen nazi acabara con millones de vidas. El problema no es del otro sino

nuestro. El riesgo es evidente, una sociedad así diseñada constituye una especie de

sociedad simulada que prescinde de los valores básicos de la democracia,

escorándose hacia el narcisismo étnico, la intolerancia o la xenofobia.

 

En este punto, las palabras de Voltaire a través de los siglos, son dramáticamente

certeras: el mejor modo de fundamentar la tolerancia es luchar contra la intolerancia.

Si en Inglaterra, añadía, hubiese una religión podríamos tener al despotismo, si

hubiese dos se cortarían las cabezas los unos a los otros, pero hay 30 y viven en

paz.

 

El espíritu democrático se ha ido tejiendo de forma lenta pero incontenible desde

todos los frentes de la inteligencia humana y siguiendo la estela de John Lock en su

carta sobre la tolerancia en el ya lejano 1689, debemos defender el derecho de

resistencia y de rebelión ante situaciones extremas de abuso de poder, huyendo de

la sumisión que impone la obediencia oficializada y proclamando la necesidad de

enarbolar la bandera de la libertad por encima del jergón de la sumisión, como decía

Etienne de La Botié en su discurso sobre la servidumbre voluntaria allá por el siglo

XVI.

 

Los adictos a la intolerancia no tienen más argumentos que la cobardía y la

violencia. Borges nos recuerda la historia del caballero a quien en medio de una

discusión teológica o literaria, su contrincante arrojó a la cara un vaso de vino, sin

inmutarse el agredido replicó: Esto señor, es una disgresión, ahora espero su

argumento.

 

Los defensores de la intolerancia actúan como ese agresor y carecen de

argumentos, no dejan lugar a la razón común y con su acción quieren borrar al

contrincante si es un adversario o aniquilarlo si es un enemigo. Los intolerantes no

duda, descienden por línea directa del autoritarismo que siempre se reviste de una

especie de verdad inmutable, cargados de consignas son disciplinados y sumisos,

tergiversan la realidad y la historia a las que nacionalizan y finalmente se inmolan o

matan por sus posiciones trascendentes, que únicamente existen en el hueco de su

cabeza. El oficial en la Colonia Penitenciaria de Kafka, es un adicto a la intolerancia,

preocupado únicamente por la eficacia de su máquina de matar confunde la justicia

con la necesidad de las víctimas, por eso ni en sueño reciben los intolerantes la visita

de la duda.

 

La ideología de la intolerancia localista, tribal, fascinada melancólicamente por lo

irracional y lo mítico, se asienta preferentemente en viejos bastidores doctrinales,

dogmas y ortodoxias a granel, donde la crítica es imposible y a veces se adereza con

un supuesto izquierdismo, como mero adhesivo oportunista que busca presentar lo

viejo como moderno y camuflar la persecución política y la depuración ideológica

desde un fanatismo totalitario.

 

Para los intolerantes la culpa siempre es del otro, a través de esta gimnasia

sombría se liberan de sus propios fantasmas, lo que les permite seguir viviendo en

los parajes de la ficción y del delirio, los intolerantes crean su propio entorno social,

cultural y efectivo, se movilizan y se encuadran para facilitar aliento popular a sus

activistas y simpatizantes, se esfuerzan en captar militantes tristemente esmaltados

con siniestros y horrendas agresiones como único motín de guerra, así se cierra una

especie de círculo infernal de este juego escalofriante diseñado para un obsceno

destino por los santones de cualquier fundamentalismo, que es la expresión

patológica del desequilibrio y de la quiebra del universo.

 

Los fundamentalistas rechazan la hermenéutica, el pluralismo y el relativismo y

sólo afirman desde una turbia complicidad el miserable reinado de la exclusión,

cuando el disenso está amordazado, la tortura, el asesinato, la censura, la extorsión,

la amenaza, la corrupción, han sido herramientas favoritas a través de la historia de

los intolerantes que pretenden evitar cualquier opinión divergente y si ésta surge

silenciarla o denostarla inmediatamente.

 

Ante esta pequeña corte de testigos que hoy nos reunimos aquí, me parece

oportuno traer también a colación las palabras de Elías Canetti, que en su masa y

poder ha contribuido decisivamente a poner de relieve el carácter atávico y

transindividual de las actitudes intolerantes, ligadas siempre a los reflejos de la

supervivencia que rigen las psicologías del poder.

 

El filósofo británico Jonathan Glober denuncia el carácter criminal de la

intolerancia política y cultural , la conclusión de Glober tras el repaso a tanta

ignominia de tal exceso de barbarie, es un tanto desalentadora para la especie

humana, los hombres no han aprendido, no hemos aprendido a respetarnos los unos

a los otros, persiste una especie de orgullo guerrero que fomenta la eliminación de

aquellos que han sido calificados de enemigos, confiesa Glober que la antipatía

hacia las diferencias combinada con un aberrante tribalismo, son constantes y casi

inextirpables de la psicología del intolerante. Sin embargo, hija legítima de la

tolerancia es la libertad que se abrocha irrefutablemente con la paz, una paz

democrática incardinada en el derecho y en la justicia, la libertad, como afirma Don

Manuel Azaña, Presidente de la Segunda República Española, no hace felices a los

hombres, los hace sencillamente hombres.

 

Ahora, que el concepto de seguridad pugna por sofocar y neutralizar al concepto

de libertad, es preciso volver a cantar la gloria constitutiva de la libertad humana

como la única empresa y aventura irrenunciables, frente a la injusticia y a la infamia,

sólo cabe una pedagogía de la indignación activa cimentada en la libertad.

Frente al curso fatal y siniestro de los acontecimientos, sólo cabe una oposición

firme que ponga a prueba desde la libertad, nuestra capacidad para cambiar el ritmo

de la historia, frente a la trinchera que destila odio y segrega venganza, sólo cabe el

ejercicio de una libertad que desde el coraje y la convicción ética, interpele y desafíe

la mezquina gloria de los intolerantes y que cubra de garantías a quienes ninguna

respeta.

 

Karl Popper lo afirmó sin rodeos, sólo la libertad parece hacer segura a la

seguridad y entre ambas cubren todo el espectro garantista que pueda exigirse, pero

a la vez contiene su excusa. La única paz posible y verdadera es una paz justa, libre

y democrática, demos por ello validez actual a las palabras del Padre Juan de

Mariana, que también en el ya lejano siglo XVI decía: Bueno es el nombre de la paz,

sus frutos gustosos y saludables, pero advertir que bajo el color de la paz no nos

hagamos esclavos, a la paz acompaña el respeto y la libertad, la servidumbre es el

mayor de os males y se debe rechazar con toda cuidado con las armas y la vida si

fuere necesario.

 

Hoy es un buen día para cimentar la lucha por la libertad y la justicia y es que sólo

en libertad la justicia da vida y muestra cómo debe lucharse para que éstas

adquieran sentido. El destino no está trazado en las estrellas, lo formamos nosotros

día a día, ni tristezas ni olvido., ni impunidad ni justificación, es preciso vencer el

miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta y el corazón entero.

Queridos amigos y amigas, el mundo que hoy vivimos es una inmensa cartografía

de diferencias, sólo, insisto de nuevo, la tolerancia puede cambiar el mundo, cuanto

más amplio es el marco de intercambio cultural, más aprenderemos los unos de los

otros, habitamos un mundo más plural y variado que nunca, la globalización no

puede acabar con las culturas del mundo, sólo puede añadir una más. La base de

esta cultura global tendrá que ser el pluralismo, porque es el único valor capaz de

abarcar a todos los demás para conducirnos a una unidad diversa, de cómo

construyamos esto dependerá nuestro futuro como género humano y nuestras

posibilidades como parte del universo.

 

La cultura nos provee de referentes éticos y como decía Borges, yo preferiría

pensar que a pesar de tanto horror, hay un fin ético en el universo , que el universo

responde al bien y en ese argumento pongo mis esperanzas y es por ello que frente

a los intolerantes que siembran semillas de odio, frente a los que ejercen el poder y

permite o auspicia que se mate o que el miedo se apodere de una humanidad

secuestrada y frente a los que confunden religión frente a fundamentalismos

fanáticos, la única vía, insisto, es, ahora más que nunca, recuperar las exigencias de

una ética de la convicción junto con una ética de la responsabilidad, es ejercer la

valentía civil que antepone el valor de la verdad a cualquier conveniencia pragmática

y utilitarista. Es exigir la compatibilidad entre el pluralismo de opciones que diseñe el

horizonte de nuestro futuro democrático lejos de la neutralidad valorativa de la que

nos hablaba Max Beuvert. Una democracia sin valores, inmersa en la incertidumbre o

en la contingencia política oportunista tiende a convertirse en un totalitarismo visible

o latente y olvida lo que Torqueville advertía acerca de que el fundamento de la

sociedad democrática estriba en el estado moral de un pueblo. Aprendamos del

Libertador Simón Bolívar cuando en la carta al Teniente Coronel español Francisco

Doña el 27 de agosto de 1820 le decía: “El hombre de honor no tiene más patria que

aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el

carácter sagrado de la humanidad”; o cuando en su carta al General Santander el 30

de octubre de 1823 le dijo: “En moral como en política hay reglas que no se pueden

traspasar pues su violación suele costar caro”.

 

Público: Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión.

 

Presentador: Bueno, estos son los periodistas. Magnífica la presentación. La

verdad es que …

B. Garzón: ¿No fue muy larga?

 

Presentador: No, no, perfecta, perfecta. Agradecemos al Magistrado Baltasar

 

Garzón por esta profunda reflexión en lo que ha sido su ponencia que da punto final

a este Congreso Internacional de Conindustria. Tenemos a continuación la sesión de

preguntas y respuestas que serán atendidas por el Presidente de Conindustria el Dr.

Eduardo Gómez Cigala en su condición de moderador.

 

Eduardo Gómez Sigala: Bueno, primero que nada quiero agradecer al

Magistrado Baltasar Garzón por esta extraordinaria conferencia. Sus aplausos

reflejan las expectativas que por su presentación teníamos, pero sin embargo pues

tenemos muchas preguntas que vamos a proceder a presentar.

Durante este acto hay algunas personas que nos han planteado su interés en

presentar algunos documentos y lo vamos a hacer al final de las preguntas así

mismo como los periodistas que acaban de entregarle un documento al magistrado.

Vamos a iniciar las preguntas para el doctor Garzón.

 

Preguntas, respuestas, comentarios

 

P/: ¿Cuándo el poder judicial está secuestrado o actúa en contra de la ética y

justicia, qué puede o cómo debe actuar la sociedad civil para restituir la justicia?

 

R/: Bien, es el problema de teorizar ahí en el podium que después tiene uno que

concretar en la mesa. Realmente cualquier país vive o puede vivir fases en las que el

poder judicial no responde a lo que las propias normas constitucionales y legales

dicen y eso se le puede llamar estar secuestrado o no ser independiente o no ser

imparcial, etc. Pues la sociedad civil lo que tiene que hacer, la sociedad en general lo

que tiene que hacer es exigir que esa independencia se produzca, que esas leyes

cambien. Y la única forma que hay en democracia de conseguir que las cosas

cambien es a través de las elecciones y a través del pronunciamiento electoral. Pero

una vez que eso se ha producido hay que exigir a las instituciones que cada una

cumpla el papel que le corresponde y que debe de hacer. Yo sé que afirmar eso

puede parecer una paradoja porque la pregunta inmediata a continuación es: ¿Y

cuando no se pueda hacer esto? Bueno, siempre se pueden hacer, siempre se

pueden iniciar los movimientos necesarios para que las cosas cambien. Si el mundo

es algo es una realidad en permanente evolución, cambio constante y la historia de

la humanidad lo ha reflejado.

 

Nosotros en España vivimos una situación similar cuando, no olviden ustedes o no

olvidéis, que España vivió una dictadura de 40 años; una dictadura de 40 durísima

que controlaba absolutamente todo y en forma permanente y entre otros al poder

judicial también, y hay que decirlo en honor de ello y hay que decirlo en honor a los

jueces que fueron mis maestros y que desplegaron su acción durante y después,

aunque hubo excepciones, dieron la talla que exigía el momento histórico para

reivindicar su independencia. Hay muchas veces que, además de lo que se puede y

se debe exigir, son los propios jueces los que tienen que hacer algo. No vale con

decir “que me protejan de las agresiones”. Hay que protegerse uno a sí mismo. Hay

que tener una preparación científica, correcta y, si cabe, mucho más amplia que

cualquiera de los que estén frente a ti porque así te harás más fuerte frente a

aquellos que traten de imponerte un criterio o coaccionar o presionar.

 

Todos hemos tenido en algún momento – me refiero a todos los que nos movemos

en el ámbito de la justicia – en algún momento hemos tenido dificultades por presión,

por coacciones, por múltiples razones que sería largo enumerar. La diferencia está

entre el juez que se resiste a ellas y el juez que no se resiste a ellas y frente a eso no

hay ninguna norma, no hay ningún antídoto, el antídoto está en cada uno de esos

jueces que sepa lo que es ser juez. Yo lo tengo muy claro: puedo acertar o me puedo

equivocar, pero desde luego no estaría ni dos minutos ni un minuto más como decía

en la conferencia, en la presentación, si tomara una decisión que no es acorde con la

ley o que estimo que es injusta. No hay recetas. En España cuando vino la

democracia y después de una transición ejemplar, complicada e interesante se

produjo un movimiento dentro de los que iniciábamos en ese momento – yo comencé

mi andadura judicial en 1980 – y sin que nadie nos pusiera de acuerdo comenzamos

cada uno en los lugares donde estábamos y a luchar frontalmente contra las

corruptelas, corrupciones, contra el tráfico de dinero en los juzgados, con las coimas,

las mordidas, y se produjo en un período de seis, siete años un cambio absoluto.

Después pasó lo mismo con la corrupción. Se combatió y no hubo ninguna consigna

y se consiguió que las leyes se acomodaran, que las instituciones públicas

funcionaran y también se abordó la propia corrupción del Poder Judicial. Es decir,

había la sensación y la convicción de que se podía hacer. Y esa tiene que surgir en

el propio poder judicial y luego todo lo demás.

 

R/: Lo cual quiere decir que no me extienda tanto ¿no?

 

Moderador: Son relacionadas, así que voy a leerlas todas. Cuando el Poder

Judicial está secuestrado, o actúa en contra de la ética y justicia ¿qué puede, o cómo

debe actuar la sociedad civil para restituir la justicia?

 

Baltasar Garzón: Esa ya está.

 

P/: ¿Qué puede o debe haber un ciudadano común para que se imparta justicia de

manera razonable cuando el Poder Judicial despacha según lineamientos recibidos

de otros poderes, en especial el Ejecutivo? En un país donde la justicia está

controlada por el Gobierno, todas las dependencias como la Defensoría del Pueblo y

la Contraloría del Pueblo, están sometidas a la intolerancia del Gobierno en abierta

¿qué puede hacer la sociedad? ¿Qué deben hacer los ciudadanos o las empresas

cuando observan o comprueban que el Poder Judicial no es independiente? ¿Qué

podemos hacer ahora cuando el Presidente de la República tiene secuestrados todos

los poderes, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el

Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo debe luchar el sector privado ante la evidente

penetración de mafias en la economía, aplicando prácticas terroristas para lograr sus

objetivos?

 

R/: Bien. El bloque de preguntas, primero, van todas en la misma línea argumental

que trataba de esbozar la respuesta de la primera. En cuánto a que hacer, pues

vuelvo a reiterarme en lo que anteriormente he dicho. El control político de la justicia

y de las instituciones es una tentación permanente, históricamente invariable, en

todas y cada una de las sociedades. Es decir, los gobernantes políticos tienen una

especial predilección porque no haya controles, porque nadie les perturbe. Incluso

los más democráticos les fastidia bastante cuando la justicia se aproxima a los

primeros peldaños del poder. Ahí ya les entra un salpullido y entonces ahí bueno,

pues la justicia se está politizando. Ya se meten donde no le corresponde. Quiénes

son estos que no han sido elegidos, que no han sido elegidos democráticamente.

Los jueces son el único poder no legítimo que hay en una democracia. Y no se

piensen ustedes que me estoy refiriendo a Venezuela. Esas expresiones se han

dicho en España. En la España democrática me refiero. Es decir, siempre hay como

una especie de confrontación teórica y real entre el poder político, entendiendo por

tal el sentido amplio, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial,

cuando actúa aproximándose en ese labor de equilibrio y de control que le confiere la

Constitución, todas las constituciones, hacia los dominios de esos dos poderes.

Pero eso es bueno que sea así. Es decir, la fricción entre poderes es algo que

puede consolidar, y debe consolidar, la democracia. También es verdad que puede

hacer saltar esa institucionalidad. Pero lo que tenemos que conseguir es que el

Poder Judicial asuma y perciba esa representación fundamental que tiene en el

equilibrio de las instituciones y que asuma que no es un poder servil de los otros. Es

decir, que no depende del Poder Político, sino que está para servir y defender a los

ciudadanos. No me pregunten cómo se consigue esto, pero es que es la única

solución. Es decir, lo mismo que hay una persona que cuando pasa alguien que tiene

poder se levanta y se quita el sombrero, o la gorra, y le saluda, y hay otra que se

queda sentada porque considera que no tiene por qué hacer ese saludo, pues aquí

ocurre lo mismo. El decir, mire usted, hay jueces que saben, a pesar de las

adversidades, cuál es el papel que tiene. Hay jueces que en países como Italia, o en

países como Colombia, en países como España, que saben lo que se juegan y han

sido asesinados por organizaciones terroristas, organizaciones mafiosas, o de

narcotraficantes, y sin embargo no han cedido. Hay otros que sí han cedido.

Entonces ¿dónde está la medida de uno y de otro? La medida de uno y de otro

está en asumir los valores democráticos que la justicia representa en defensa de los

ciudadanos, y en saber que el juez está para defender los derechos de los

ciudadanos, y no los derechos de los que ejercen el Poder Político. Que también son

ciudadanos, y por tanto deben de verse sometidos a la igualdad, al principio de

igualdad, y al imperio de la Ley.

 

Yo, en cuanto a la lucha del sector privado, para conseguir que se restablezcan

las libertades y el proceso judicial, la independencia de la justicia, bueno, yo creo que

entra dentro de lo que es la parte de la sociedad. El sector privado empresarial,

entiendo, la iniciativa privada tiene un papel fundamental. Yo hacía referencia de

pasada, porque no se podía profundizar en todos los aspectos, en mi presentación,

en el compromiso que el sector privado tiene que tener por ejemplo en la lucha

contra la corrupción. La introducción de las técnicas de buen gobierno, la

introducción de los códigos éticos y de buenas prácticas, es fundamental. Es decir,

hay que superar, hay que superar, esa visión que en muchas sociedades existe, de

que hay que ser condescendientes con la corrupción. Con el sector por ejemplo de

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el sector judicial, con otros sectores

de las instituciones, en muchos países en que debido a los escasos sueldos, los

escasos salarios y otras razones, hay una especie de cáncer con metástasis

permanente, que es el de la corrupción. Y sin embargo, todo el mundo lo acepta y lo

asume como que es algo normal. Y si a alguien se le pregunta, lo que fastidia, lo que

molesta, no es que haya corrupción, sino que no se haga bien para que no te pillen.

O sea, es de locos ¿no?

 

Es decir, yo me acuerdo en la primera época de los años 90 en España, cuando

empezaron a estallar escándalos de corrupción, en unos sitios, en otros, y demás, la

gente decía “Pero qué torpe. Qué torpe es este. Cómo. Qué mal lo ha hecho que lo

han pillado”. Yo me acuerdo del Director General de la Guardia Civil, Roldán, que

está cumpliendo pena todavía, que bueno, que cometió una serie de hechos

bastante desgraciados y delictivos, que desgraciados absolutamente delictivos, que

se llevó el dinero, en definitiva, y cuando se le juzgaba y se le investigaba después

de haber huido, etc., decían “Pero mira que era torpe. Oye. Qué burdo que era.

Cómo hacía las cosas. Si lo hubiera hecho de otra manera”. O sea, fastidiaba que

fuera tonto, no que fuera ladrón ¿eh? Entonces esa mentalidad es la que hay

cambiar en ese sentido, y empezar, es lo mismo que cuando te llegan y te dicen

“¿Con IVA o sin IVA?” Oiga usted ¿y a mí por qué me tiene que decir si me va a

hacer una reparación en mi casa, con IVA o sin IVA? Usted cóbreme lo que me tenga

que cobrar. Póngame menos precio o más precio, pero no me diga con IVA o sin IVA

porque ya me está provocando a que cometa un delito y bueno, algunos dirán “Pues

bueno, pues venga, sin IVA, venga, vale”. Pues no. Entonces es toda una cultura. Es

una cultura que lleva tiempo. Es una cultura que debe de exigirse con

comportamientos que comienzan desde la base. No se hacen de la noche a la

mañana. Eso es evidente. Como no se va a conseguir la independencia del Poder

Judicial, ni se va a conseguir el pleno empleo, ni se va a conseguir la Seguridad

Social para todos y cada uno de los posibles trabajadores que haya. Pero hay que ir

trabando, vertebrando, una base en la que la institucionalidad, el sector público, sea

como decía, el espejo en el que se reflejan las buenas conductas y no al contrario,

en el que el sector privado lo haga así mismo. Y bueno, encadenando, encadenando

acciones y actividades.

 

P/: ¿Acaso los políticos, perdón, acaso las políticas de retiro de inversiones por

parte de las empresas y corporaciones hacia zonas y países donde se violan o están

en riesgo los Derechos Humanos no simplifica las cosas para los responsables de

esas violaciones? Y así como existe la tendencia de no permitir que empresas

inviertan en países donde se violan los derechos…

R/: Ya va. Ya va. Voy a contestar la primera, que es muy larga.

 

Moderador: Es lo mismo. La otra lo que dice es que aquellos países donde se

aplican estas mismas políticas de violaciones, no se debería también los gobiernos

romper relaciones diplomáticas o comerciales con esos países.

 

R/: Bueno. Yo no soy, como no soy diplomático ni soy político, aunque

transitoriamente lo fui, con mal recuerdo por cierto, yo no sé si el extremo sería

romper unas relaciones diplomáticas. Es decir, probablemente algún diplomático me

podría decir “Mire, es que si estamos allí podemos saber, podemos tratar de paliar,

podemos conseguir que se dulcifique, etc.”. Es posible en casos especialmente

graves supongo que un sistema que bajo una dictadura o bajo una violación

sistemática de derechos humanos es difícil estar con una representación diplomática

asistiendo a los actos oficiales saludando y poniendo buena cara, supongo que no es

nada sencillo.

 

Lo que trataba de decir y que además no es nada original por mi parte sino que es

la normativa de Naciones Unidas y el código ético de Naciones Unidas para las

buenas prácticas de las empresas y que cada vez más se está imponiendo es que

dado el entrecruzamiento que hay de los temas económicos, sociales, empresariales

y la globalización de esas relaciones empresariales con empresas transnacionales

no se puede contribuir de alguna forma al desarrollo o progresión de violaciones de

los derechos humanos que de una u otra forma tienen relación con esas inversiones.

Por ejemplo, es difícilmente asumible que se puedan estar comprando zapatillas de

deporte o prendas de deporte en la quinta avenida de Nueva York cuando se están

fabricando en Singapur, en India o en Tailandia con trabajo infantil o casi con

esclavitud de niñas de 13, 14 y 15 años, eso hoy día éticamente es inaceptable y

legalmente es perseguible.

No se puede aceptar que en zonas de violaciones sistemáticas de derechos

humanos que incluso han llegado a genocidios como por ejemplo la zona del centro

de África se esté comerciando con las materias primas que directa o indirectamente

han producido esas situaciones. Por ejemplo, hace unos años, en el año 2004

Naciones Unidas hizo público un documento, un informe en el que 30 empresas de

occidente y algunas de países importantes, debo recordar que algunas de ellas de

Canadá, había estado haciendo una serie de contratos y explotación con materias

primas como en Uganda a través de el coltam, les cuento a ustedes para los que no

sepan lo que es el coltam, es el mineral, es el material sin el cual los teléfonos

celulares no funcionan, no sé si deberíamos haber descubierto el coltam o no porque

los teléfonos celulares es como una cruz en las conferencias, te desconcentran,

siempre hay alguno que suena.

 

Uganda era puesta como ejemplo de país que había conseguido anular su propia

deuda externa a través de las explotaciones y las exportaciones de coltam, por eso

estaba muy bien, pero ¿sabéis cuál era el problema? Que Uganda no tiene ni una

sola mina de coltam, todas estaban en el Congo y en el Congo había genocidio, eran

o habían estado relacionadas con el desarrollo de crímenes de lesa humanidad y así

sucesivamente. Por tanto, no se puede argumentar y decir, si se hace es peor, puede

ser peor pero si se hace también es peor, por tanto lo que hay que hacer es

establecer unos mecanismos internacionales que tienen que ser asumidos y

cumplidos por todas y cada una de las empresas y que no haya ninguna excepción

en ese tipo de normas que afectan a valores básicos.

 

Por ejemplo, es necesario tipificar de una vez por todas como delito el pago de

sobornos de empresas internacionales cuando esos sobornos se pagan en los

países donde se produce el desarrollo de la acción. Hay que tipificarlo como delito,

no porque se pague en Singapur, en España no va a ser delito el pago de un

soborno ante una compañía que ha pagado en Singapur pero desarrolla su actividad

en España y no piensen que en España esto era así antes, ahora sí desde hace

unos años ya se introdujo ese precepto en el código penal, son ejemplos de lo que

hay que hacer desde las buenas prácticas pero que deberían de generalizarse.

 

P/: Dos preguntas. ¿Existe realmente algún mecanismo o proceso internacional

que nos ayude a reconstruir el marco institucional? El carácter universal del derecho

¿cómo se aplica a gobiernos que conculcan los derechos de sus ciudadanos?

 

R/: Miren, alguna vez lo he dicho cuando me han dicho alguna pregunta similar, lo

que no hagan en Venezuela nadie lo va a hacer por ustedes, en el sentido que sea,

es decir yo soy el menos indicado para decirle a todos ustedes y aquellos que me

vean, si tienen tiempo y ganas, a través de los medios de comunicación lo que tienen

que hacer. Yo podría hablarles muy bien de España, de lo que se tiene que hacer en

España. Bueno, no está de sobra porque como tampoco tengo una responsabilidad

lo puedo decir con el derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos

españoles y que tienen ustedes aquí, pero dar consejos en casa ajena es jodido. De

verdad que lo único que diría es, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento

de la sociedad civil, participación de la sociedad civil en todas y cada una de las

áreas que le corresponde vertebrar una respuesta de la sociedad civil, superar la

indiferencia, el problema no es del otro, en serio, el problema es nuestro y si no lo

solventamos nosotros nadie nos va a venir a resolver.

Puede ser que en un momento determinado, cuando los hechos sean delictivos,

cuando sean de tal envergadura y fracasen todos los controles, que la comunidad

internacional responda de algunas agresiones, para eso se creó la Corte Penal

Internacional por ejemplo, o el Principio de Justicia Universal, o los tribunales

penales internacionales ad hoc de la ex Yugoeslavia y Ruanda, por ejemplo, o de

Sierra Leona, o de cualquier otro estados fallidos, o un tribunal internacional para

juzgar a los asesinos de Rafib Haribi, no sé. Pero esas no son las soluciones, las

soluciones, las que a mí se me preguntan supongo que son exactamente las otras,

es decir las que se tienen que centrar y hacer aquí.

 

P/: La semana pasada los españoles celebraron junto a su rey los treinta años de

las primeras elecciones libres celebradas después de la caída de Franco. España ha

demostrado al mundo la posibilidad de superar efectivamente las profundas

diferencias ideológicas que ocasionaron una cruenta guerra civil, una férrea y

retrógrada dictadura, ciertas pretensiones nacionalistas e incluso el flagelo de la

violencia armada.

Para construir un país moderno y próspero, ejemplo de instituciones, estados, de

progreso económico y de visión de futuro ¿se necesita por estos lares vivir una

guerra civil o unas cuantas décadas de dictadura para superar nuestras profundas

diferencias y construir un país en el que quepan todos?

 

R/: No, no, no, en absoluto, y ojalá que no sea nunca así, es decir las guerras

nunca son buenas, siempre son malas. No, no es esa la cuestión. Antes decía que

las cosas no suceden por casualidad y que llevan su tiempo, es decir el índice de

libertades que hoy tenemos en España no era el mismo que se tenía en los años 70,

ni el mismo que se tuvo en la transición democrática, ni después el que tuvimos en

los años 90, es decir se han ido vertebrando poco a poco esas normas que dan, o

esos cimientos que sirven de apoyo y de sustento al edificio común que hoy es

España.

Probablemente si el que hubiese hecho la pregunta no fuera tan amante de

España, o estuviese militando en España en un partido político, por ejemplo en el

Partido Popular, habría dicho exactamente lo contrario. Lo digo, y no como crítica

sino para contextualizar, es decir el discurso desde fuera es diferente al discurso

desde dentro. Desde dentro, pues si uno abre un periódico en España, oye una radio

o ve un programa político, os verá que las diferentes opciones, y en esta opción la

opción conservadora, os dirá: el gobierno está generando una serie de normas que

van a romper España, una serie de estatutos de autonomía que están rompiendo lo

que es la idea de la unidad de España, está haciendo concesiones a los

nacionalistas que pueden suponer acabar con el espíritu de la transición, etc., etc., le

podría estar enumerando. Los contrarios dicen: es una barbaridad porque esto es

una invocación a la confrontación civil, vamos a acabar mal!

Bueno, ya saben ustedes que los españoles hablamos mucho y somos trágicos,

por eso existen esos escritores y esas figuras a lo largo de la historia de España que

prácticamente nos matamos a diario, pero después nos levantamos y nos decimos

buenos días, es algo que se lleva.

 

España sufrió la dictadura, efectivamente, gravísima, que tampoco fue idéntica en

cada una de sus fases, luego una transición en la que no todos estuvimos de

acuerdo y en aquel entonces estaba en la tierna edad de los años universitarios en

que aparte de estudiar y trabajar echando gasolina en un surtidor, tenía tiempo para

decirle cosas gruesas a la policía y a las instituciones y era la confrontación, la

rebeldía, la rebeldía que los que están en ese momento como estudiantes, como

jóvenes profesionales tienen y deben desarrollar, porque en definitiva todo lo que

estamos haciendo aquí es para ellos y si ellos no participan como se ha visto aquí

hace un rato, reclamando una serie de derechos básicos, si no luchan por esos

derechos que consideran que se están limitando, pues difícilmente alguien lo hará

por ellos, eso es lo que ocurrió en la transición española.

 

Y decía que yo en la transición española estuve en contra de cómo se hizo la

transición y además ser más drásticos, nada de impunidad y justicia para todos.

Bueno, los años me han ido reconvirtiendo en el sentido de que la justicia es

necesaria, pero también hay formas de administrar justicia y compatibilizar esa

justicia con otras formas distintas de dar solución a los problemas en los periodos de

transición. Entonces, de ese desencuentro, que a su vez se convirtió en consenso,

se pudo ir andando y todos tuvieron que ceder, todos, cada una de las opciones

tuvieron que ceder. No se olviden ustedes que hubo un intento de golpe de Estado,

el día 23 de febrero de 1981, estuvimos a punto de perder aquello que recién

habíamos obtenido.

 

Yo les cuento la anécdota de aquel día como yo la vivía, yo que procedo de una

familia de clase media agrícola, mal trabajaban en el campo y demás, costó mucho

trabajo a mis padres sacarme adelante, después de hacerles la vida bastante

imposible por lo travieso que era, me fui al seminario, me decían que iba a durar tres

meses, duré seis años, cosas de éstas y yo finalmente conseguí ser juez y llevaba

diez días, el día 13 de febrero había tomado posesión en mi primer destino Valverde

el camino, Huelva, llegando a Portugal.

 

Cuando salió por televisión que el Teniente Coronel Tejera había entrado en el

Congreso, un espectáculo esperpéntico y tremendo, yo dije, bueno, diez días de

juez, toda una vida de mis padres, mía y ahora diez días de juez, como estaba recién

salido tenía los conocimientos frescos ya de momento dije, ya está, grado de Coronel

y eso que no había hecho el ejército, grado de Coronel, aplicación de penas de

muerte, soy contrario por esencia a la pena de muerte, la frontera de Portugal está

ahí, me tengo que ir. O sea, que hubo momento duros, muy duros, pero de esos

momentos de dureza y de desencuentro, como digo, todos fuimos construyendo un

edificio que aún hoy día se cuestiona, pero que tiene la suficiente solidez como para

permitir que haya esas discrepancias, es decir, la sociedad democrática no tiene que

ser encuentro permanente de opiniones comunes, sería un aburrimiento, lo que sí

tiene que haber es el respeto en la diversidad y la ausencia de la intolerancia y del

sectarismo, el aceptar que la opinión del otro te puede ayudar a recomponer ese

edificio, es un buen comienzo.

 

P/: ¿Usted cree que Fidel Castro hubiera sido juzgado en un Tribunal Internacional

por lesa humanidad, por los fusilamientos de los años 60? ¿No es el sistema cubano

un modo moderno de esclavitud? Esto es la remuneración a un tercero, el gobierno

por la labor del trabajador en otros países asignados.

 

R/: Yo les voy a contar lo que yo he hecho y algunos dirán pues aquí no es el juez

campeador que acabó con Pinochet, no. Pues miren, también se presentaron

denuncias en mi juzgado contra Fidel Castro por crímenes de lesa humanidad y yo

rechacé esa pretensión por dos veces. No voy a entrar porque me lo impide la ley

española en opinar sobre temas que han estado o que están sometidos a mi

jurisdicción, pero sí puedo decir que la razón por la cual el principio de justicia

universal es un principio que debe de ser aceptado es porque tiene límites. La

igualdad entre los Estados implica que ningún Estado pueda sobreponerse a otro, ni

las instituciones de uno actuar en el territorio de otro. Cuando hay crímenes que

afectan a la comunidad internacional ese principio se rompe porque está por encima

del mismo de justicia penal universal. Pero con las limitaciones, una de ellas es el de

la inmunidad diplomática. Cualquier persona que tenga inmunidad diplomática no

puede ser juzgada sino en su país o en un tribunal penal internacional que está

previsto perfectamente y precisamente para esos casos. Yo no entro por tanto a

calificar las conductas que pueden haberse cometido en otro país porque, insisto, no

me corresponde hacerlo a mí. Hay ejemplos en la historia y hay mecanismos para

exigir las responsabilidades de quien o de quienes hayan cometido y también la

historia demuestra que normalmente eso no suele suceder. Por tanto, el principio de

justicia penal universal también es una especie de la historia de una ilusión

desvanecida; es decir, a veces actúa, a veces no porque la siguiente pregunta podría

ser: “Y ¿usted cree que puede juzgar a Bush por crímenes de guerra en Irak?” Mire

usted, si dijera que sí estaría diciendo a lo mejor una aspiración de algunas personas

pero sería absolutamente irreal.

 

En todo caso es el país donde eso se produce cuando tiene el que tiene que

exigir. Lo que sí es cierto es que cuando se trata de crímenes o de posibles crímenes

tan nefandos, horrendos, como son los de terrorismo o desde el Estado lesa

humanidad, etc., el tiempo que tiene que pasar; es decir, nunca se exige o se aplica

la justicia normalmente inmediatamente. Si ustedes atienden, por ejemplo, el caso de

Argentina. El caso de Argentina, recordarán, después de la dictadura hubo un

procedimiento ejemplar que fue la causa contra los responsables de las juntas

militares y algunos otros responsables civiles y penales y militares de los crímenes

de lesa humanidad allí cometidos. Sin embargo, inmediatamente se tuvieron que

aplicar leyes de perdón y de obediencia de vida. Ha sido treinta años después

cuando esas leyes han sido anuladas por la Corte Suprema de Argentina y es ahora

cuando esos delitos entonces impunes se están investigando. ¿Quién iba a prever

eso? Pues probablemente pocos.

 

P/: En su libro “Un mundo sin miedo” es citada la frase “el automatismo y

formalismo en la aplicación de las normas sólo lleva a la injusticia”. ¿Podría ser

aplicada dicha frase en el entorno venezolano y si es así podría explicar un poco.

 

R/: Sí, cuando yo hablo de automatismo y formulismo es un poco también con el

símil que utilizaba parafraseando a Montesquieu que los jueces son la boca muda

que aplica la ley. Es decir, yo no creo que el juez sea como decía en mi presentación

un medidor de normas. Para eso no se necesita ser juez, se puede ser un gestor

cualquier y ya está, ¿no? Es decir, si esto es así y tiene que ser el resultado este,

hágase. Es decir, el juez es algo más. El juez tiene que partiendo de la ley y de la

interpretación de la ley tratar de hacer justicia. Para eso tiene el nombre de juez. En

esa aplicación de la justicia hay colegas que optan por el formalismo, por la exigencia

de las formas como requisito sine quanon. Yo soy poco formalista en el sentido de

que me gusta ir al corazón del asunto, buscar todos y cada uno de los elementos,

con todas y cada una de las garantías, pero no poner falsas reglas, falsos

formalismos, para evitar llegar a ese corazón del asunto porque puede haber razones

ocultas que no quieren ponerse sobre la mesa.

 

Por tanto soy un hombre garantista, pero no soy hipergarantista, en el sentido de

que si las garantías son 10, me gusta aplicar las 10. Pero no inventarme 5 más para

no hacer justicia. Y eso es lo que yo quiero decir con las exigencias y los

automatismos. Es decir, aplicar la ley formalmente implica falta de compromiso. Yo lo

escenifico con el símil y decir que es hacer la siguiente pregunta. Si tú no haces la

siguiente pregunta, puedes dar una respuesta. Si formulas esa siguiente pregunta, te

leva a una tercera y a una cuarta y a una quinta. Al final te has complicado la vida y

resuelves 7 y el formalista ha resuelto dos y probablemente de forma distinta. ¿Es

legal el primero, es legal el segundo? ¿Es más justo el segundo, menos justo el

segundo?

 

Moderador: Muy bien. Y agradeciendo la atención que ha tenido el Juez Baltasar

 

Garzón, voy a comentar el documento simplemente comentarles que los periodistas

y trabajadores de la prensa y comunicadores sociales que entregaron este

documento, es un documento a la opinión pública, basado pues en las observaciones

que ellos hacen sobre el tema de la responsabilidad social, el tema de las libertades

y la libertad de expresión y por supuesto los temas de censura y de intervención en

el tema de la opinión pública. Este es un documento que acaba de recibir el Juez

Baltasar Garzón. También quiero comentarles que voy a entregarle una información,

un video que nos hizo llegar la gente de Ciudadanía Activa para entregárselo al

Magistrado. Igualmente quiero decirles que hay un documento, o un expediente, que

la gente de Radio Caracas Televisión quisiera entregarle al Magistrado. Les

agradezco que por favor se lo hagan llegar, si se pueden acercar para entregárselo.

Por último, antes de darle la palabra al Magistrado para clausurar esta

intervención, nos han solicitado los estudiantes que invitemos al Magistrado pues a la

asamblea universitaria. Sin embargo pues sabemos sus limitaciones, pero lo que sí

vamos a hacer es darles un minuto para que expliquen cuál es la representación

estudiantil que está aquí hoy y el documento que quieren hacerle llegar.

Verónica Aguirrebeitia de la Universidad Monte Avila va a ser quien va a

presentar, tenía otros dos, pero como son más.

 

Verónica Aguirreibeita, Universidad Monte Avila: En verdad es algo bastante

breve, primero que nada queríamos saludar al Magistrado Garzón y darle una

calurosa bienvenida a nuestro país. Básicamente lo que venimos a decirle es que

nosotros los estudiantes, los jóvenes universitarios y como demócratas que somos

venimos a hacerle entrega de esta carta donde manifestamos el sentir de la situación

que está pasando en Venezuela actualmente.

 

Con esta carta que entregamos en sus manos confiamos ser para usted a partir de

ahora, en lugar de una noticia de periódico un rostro, un sentimiento y un corazón, la

juventud de Venezuela.

Por último queríamos preguntarle si usted accede a ello, hacer públicas las

palabras que usted hoy ha presentado aquí porque de verdad representa lo que

todos nosotros queremos para nuestro país y los ideales por los que estamos

luchando hoy en día.

 

R/: Yo os doy el discurso no en este momento porque difícilmente lo vais a

entender, pero sí me comprometo a través de la organización y la próxima semana lo

tendréis aquí y las respuestas si están grabadas se pueden sacar. Solamente quería

decir gracias por estos documentos que me entregan y demás, lo que quiero es sí

dejar muy claro que no los tomo como juez. Es decir, no puedo ni tengo jurisdicción

aquí para intervenir, lo tomo como persona comprometida por los derechos y sobre

todo para conocer más allá de lo que ya conozco y me preocupa lo que sucede en

cualquier país y mucho más cuando sucede en un país de Iberoamérica, lo único que

sí quiero decir, específicamente a los estudiantes, antes lo he dicho, es que la fuerza

y la rebeldía de la juventud y de los estudiantes es el motor y la salvia futura y

presente de una sociedad y por tanto es necesario que eso se dinamice y se

proyecte hacia la obtención de mayores cuotas de libertad, aquí y en cualquier país

del mundo.

 

Moderador: Muchas gracias por su participación, por sus preguntas y

especialmente al Magistrado Baltasar Garzón por su excelente exposición y por las

preguntas que aquí nos ha respondido, hay una última que decía y no es una

pregunta sino, está de acuerdo con Voltaire, no estoy de acuerdo contigo pero

moriría por tu derecho a decirlo.

 

R/: Creo que ésa es la esencia de la discrepancia y la esencia de la libertad, poder

decir aquello que se piensa aunque el que lo recibe o el que lo pronuncia no esté de

acuerdo contigo, es la esencia de la democracia, si no es así no hay auténtica

libertad.

 

Moderador: Nuevamente muchísimas gracias.

 

Presentador: Muchísimas gracias al Juez Baltasar Garzón, también al Presidente

de Conindustria Eduardo Gómez Sigala y por supuesto a todos ustedes, señoras y

señores, ya que de esta manera damos por terminadas las deliberaciones de nuestro

XXXVII Congreso Internacional de Conindustria, dedicado a La Empresa como Actor

de Desarrollo. Queremos dar las gracias a todos los asistentes quienes

permanecieron en esta sala durante todo el día de hoy, dándole la bienvenida a este

evento anual que se ha erigido como foro de debates internacional. Agradecemos la

participación de todas las personalidades que se dieron cita hoy, empresarios,

dirigentes gremiales y sindicales, personalidades y sector académico, políticos,

representantes de los medios de comunicación social, representantes de la sociedad

civil.

 

Agradecemos al público asistente permanecer en la sala para dar inicio en los

próximos minutos de la celebración del Día de la Industria. Mientras tanto

aprovechamos la oportunidad para recordar y reiterar nuestro más cordial

agradecimiento a las empresas patrocinantes: Mercantil Banco Universal, Empresas

Polar, Corimon, C.A., Siderúrgica Venezolana, Sivensa; Dana de Venezuela,

Danaven; Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento,

Cigarrera Bigott, CANTV, Procter & Gamble de Venezuela, Stanford Bank, Compañía

Anónima Central Banco Universal, Gargill de Venezuela, Bancaribe, Cemex

Venezuela S.A.C.A., Central El Palmar, Banco Occidental de Descuento BOD,

Industrias Venoso, C.A., Corporación Grupo Químico, Plumrose Latinoamericana,

C.A., Movistar, Smurfit Cartón de Venezuela, Industrias Alimenticias Corralito, S.A.,

Espiñeira, Sheldon y Asociados, Kraft Food de Venezuela, C.A., Ama de Casa,

Central Azucarero Portuguesa, Acumuladores Duncan, C.A; C.A. Sucesora de José

Puig & Cia, Digitel, Industrias RR,C.A. (RORI), Hotel Radisson Eurobuilding, El

Nacional, Delcop, Embutidos Arichuna, Diageo, Apuros.com, Civea y Ayuda 24.

Gracias a todos por su compañía. Les reiteramos que aún tenemos motivos para

mantenernos presentes en esta jornada que ahora pasa a la fase de celebración del

Día Nacional de la Industria y la juramentación de la nueva directiva de Conindustria.

Quedan todos invitados y en sólo minutos estaremos dando inicio a la siguiente fase del evento.