La noticia parecía buena. El último día del año 2007 el presidente Hugo Chávez envió una inesperada señal de reconciliación: firmó el decreto de Ley de Amnistía para beneficio de muchos de aquellos que a lo largo de estos años se le han enfrentado en diversos terrenos y que hasta entonces tenían causas abiertas o permanecían detenidos y con juicios en lento proceso.

El general de división (GN) y ex jefe del Estado Mayor, Felipe Rodríguez -conocido como el Cuervo- pudo haber sido uno de ellos. Después de todo, el perdón presidencial incluía a quienes hasta el 2 de diciembre hubieran llamado a rebelión militar y estuvieran relacionados con actos de rebelión civil. Y Rodríguez, detenido desde el 5 de febrero de 2005, fue acusado por conspiración, rebelión civil, instigación a la insurrección, agavillamiento, incendio en inmueble agravado, lesiones personales severas y posesión ilícita de armas de fuego y de guerra. Todo esto, como se sabe, vinculado al caso de los explosivos detonados el 25 de febrero de 2003 a las puertas del Consulado de Colombia y la Oficina de Cooperación Económica de España, en Caracas.

Al oficial disidente, uno de los líderes de "la plaza Altamira" señalado por el Ministerio Público como el organizador de los atentados, la amnistía le llegó a medias.

El 8 de enero pasado, los fiscales Turcy Simancas y Johny Méndez en representación de la Fiscalía 39, formalizaron la solicitud de sobreseimiento, pero con carácter parcial. Se limitaron a tres delitos considerados políticos por la legislación nacional: conspiración, rebelión civil e instigación a la insurrección. Y el Tribunal Cuarto a cargo de Migdalia Añez, acordó otorgarlo.

Con tres cargos menos en la cuenta, Rodríguez igual se quedaba en su celda de la Disip.

La defensa del general -los abogados José Luis Tamayo, Janeth Carbone y Claudia Mujica- hicieron lo que correspondía: pedir el sobreseimiento completo. Para ellos hay tres razones fundamentales: los delitos comunes que aún sostienen la acusación contra el general están conectados directamente con los delitos políticos -los principales- perdonados por decreto. Es lo que llaman "el principio de conexidad".

La segunda razón la explica la abogada Claudia Mujica: "Si no le otorgan el sobreseimiento total estarían dándole un tratamiento discriminatorio frente a causas tan notorias como la del ex gobernador Enrique Mendoza y la del capitán Carlos Guyón. A Mendoza lo sobreseen por supuesto agavillamiento y a Guyón por supuesto porte ilícito de arma de guerra. ¿Por qué a ellos sí y a Rodríguez se le niega?".

Y la tercera tiene que ver con la exposición de motivos de la Ley de Amnistía. O mejor dicho, con la inexistencia de una exposición de motivos, algo fundamental para poder entender sus alcances. De acuerdo con Mujica, la única explicación de esta naturaleza fue la alocución presidencial en la que se anunció la medida. Así que a las palabras de Hugo Chávez del 31 de diciembre hay que referirse para comprenderlas mejor y extraer de allí la "intención del legislador".

Lo que plantea la defensa es que el mandatario, durante el discurso en el que detalló quiénes se beneficiarían con el decreto, dijo textualmente: "... .por los delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre de 2007. Y explico por qué hasta el 2 de diciembre de 2007, porque un día antes o dos días antes fueron capturados un grupo de personas ahí en Los Caobos ahí cerca con un lote de armas de guerra, ¿no? Y bueno, en una reunión que tenían ahí... ". Eso, según Mujica, indica que "el propio Presidente le está dando amnistía a tipos penales como la posesión ilícita de armas de guerra", que es uno de los cinco delitos que a interpretación del Ministerio Público y del Tribunal Cuarto mantienen viva la acusación.

El 12 de febrero la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo para el general Rodríguez. Pero fue negado. El 12 de marzo presentaron una apelación en la que insisten: para ellos, Rodríguez debería gozar del beneficio decretado por el Presidente. Y mientras esperan nueva respuesta, el juicio está a punto de terminar.

Es clave en todo esto el aspecto de la conexidad. Los acusadores aseveran que Rodríguez participó en lo que califican de movimiento insurreccional, cuyo epicentro estaría en la plaza Francia de Altamira. Desde allí, dicen, se trató de desestabilizar al Gobierno y se planificaron y ejecutaron atentados terroristas.

"Todos esos delitos, que no han sido demostrados, guardan conexión", explica Mujica: "Así lo estableció incluso la Fiscalía en su solicitud de sobreseimiento parcial. Y si pides el sobreseimiento por los hechos penales más graves, evidentemente que procede también por los demás. Y procede por la conexión que existe entre la supuesta rebelión que comenzó y terminó en la plaza y los hechos por los cuales se le imputa".

De aquí se desmonta -desde el punto de vista de los defensores- la acusación por agavillamiento.

"Es la asociación de dos o más personas con la finalidad de delinquir", ilustra la abogada: "Así que si lo sobreseen por rebelión, entonces, ¿se estaba rebelando en solitario? ¿Se agavilló solo? El agavillamiento está relacionado con la supuesta e inexistente rebelión".

Acerca del delito de incendio de inmueble agravado los abogados apuntan al razonamiento: "No hay dudas de que se produjeron explosiones. Es un hecho notorio y comunicacional. Pero todos los expertos del cuerpo de bomberos, de la Disip, de la DIM y del Cicpc que ya declararon, coinciden en que no hubo incendio. No hubo necesidad de usar equipos de bombero. Para que haya incendio se requiere fuego. Y nadie vio fuego allí".

Tampoco tiene fuerza, según Mujica, mantenerlo detenido como consecuencia de la imputación por lesiones a quien ya suma años de prisión preventiva. La acusación habla de cuatro lesionados, pero de acuerdo con Mujica y a la abogada Janeth Carbone, sólo se presentó una experticia médico legal: la de Matilde Mercado, quien para entonces era conserje del edificio Blandín, frente al Consulado colombiano y señaló haber resultado herida la noche de la explosión cuando los vidrios del apartamento donde residía estallaron. El médico José Enrique Moros hizo el reconocimiento forense a Mercado. Durante su declaración el 11 de octubre de 2007, explicó que Mercado presentó escoriaciones -rasguños, aclaró- pequeñas en las piernas y una más larga en una mano, todas leves. Además, advirtió que era imposible saber qué ocasionó esos raspones.

"Mal puede el Ministerio Público o el Tribunal condenar por un delito en el cual el medio probatorio idóneo no puede establecer relación entre las explosiones ni mucho menos entre eso y la conducta desplegada por Felipe Rodríguez desde la plaza Francia".

De absurda califica la defensa la acusación de porte ilícito de armas: incluso en el acta que detalla la detención de Rodríguez se advierte que el militar entregó su arma a los captores, una Beretta calibre 9 milímetros. "Lo que no dice allí", apunta Mujica, "es que se negaron a admitir como prueba el porte de arma del general".

El acta policial también habla del decomiso de una subametralladora hallada en una maleta y de un fusil calibre 72. Los testimonios de los funcionarios policiales incurrían en lo que la defensa consideró que eran inconsistencias a la hora de los detalles precisos, por lo que durante el juicio fueron sometidos a un careo. "Señalaron que ninguno de ellos había retenido el fusil. Todavía nos preguntamos de dónde salió ese fusil si los aprehensores, los que hicieron el allanamiento, dicen que no fueron ellos quienes lo encontraron".

En todo caso, el próximo martes 22 de abril se presentan las conclusiones del juicio a Felipe Rodríguez. La apelación por el sobreseimiento total ha quedado en un limbo por la reciente destitución del juez ponente, Jesús Ollarves. De modo que la defensa se concentrará en demostrar que los fiscales no han podido probar la culpabilidad de Rodríguez. Aunque el tinte político que ha pintado todo el proceso les indica que ya hay una decisión tomada.