Dorelys Ramírez Paiva, hija de periodista preso desde hace más de dos años aboga por su libertad, hoy cuando se conmemora el Día Nacional del Periodista

 

El garrote del régimen contra la disidencia son la Fiscalía y el Poder Judicial

 

*** Sostiene que lo ha ocurrido con su padre no es más que una abominable utilización del sistema judicial por parte del poder político, como instrumento de venganza.

 

Norman H. Dupray

 

Hoy Día del Periodista está cumpliendo 57 años de edad, de los cuales lleva 34 ejerciendo el periodismo, un oficio que le apasiona porque por sus venas, en vez sangre, lo que corre esa tinta indeleble. Ese es J.R.Ramírez, autor de la muy polémica columna “Polémica Jurídica”, causante real de sus más de dos años tras rejas.

“Mi padre, el periodista José Rafael Ramírez a pesar de ser inocente, victima de un vulgar montaje, ya lleva más de dos años metido en un calabozo y, lo que es más grave aún, sin juicio aún.”

“Tan absurdo ha sido este proceso contra Papá que uno de sus abogado defensores, el brillante doctor José Luís Tamayo sostuvo recientemente en una entrevista que ‘en mis 30 años de ejercicio profesional jamás me había topado una arbitrariedad de esta dimensión, como la que desde hace 2 años ocurre con el caso del periodista José Rafael Ramírez, quién fue hecho preso a través del montaje de un ilegal video, tan burdo, que fue declarado ilegal por el propio tribunal que le dictó la medida. Ese montaje es la única “prueba” del denunciante y es ilegal, pero nada, allí están actuando contra un inocente “los juristas del horror” de este régimen.’

Así comienza refiriéndose a su progenitor la joven estudiante de Derecho, Dorelys del Carmen Ramírez Paiva. Desde ya avizoramos en ella una futura buena litigante, sobre todo porque observamos en ella que maneja apropiadamente la terminología jurídica. Es hija de periodista/abogado y en ella se da aquello de que “hijo e gato caza ratón” 

Al entrar en materia Dorelys Ramírez dice tajantemente que “lo ha ocurrido con mi padre no es más que una abominable utilización del sistema judicial por parte del poder político, como instrumento de venganza.”

La hija del periodista preso asegura que éste es inocente, pero que en los casi 25 meses que lleva preso no le han  dado ni una sola oportunidad de defenderse para demostrarlo.

Seguidamente apunta que “todos tenemos derecho a una justicia imparcial, justa y objetiva. Si hay motivos para acusar a una persona, sea opositor o no al gobierno, que se le acuse, pero antes debe dársele la oportunidad a ser oído. Es obligatorio que se le abra el correspondiente procedimiento donde se determine primeramente si hay o no lugar a responsabilidad, como lo establece la Ley. La Fiscalía debe hacer su trabajo no en forma prejuiciada como hoy lo hace en los casos emblemáticos para el régimen.

Según esta “pichón” de abogado, para el Ministerio Publico nadie debe ser tenido ni como inocente ni como culpable desde el inicio. A una de esas dos conclusiones debe llegar sólo después de haber examinado debidamente todas las actas del proceso. Después de haber llamado al imputado para imponerlo de los cargos que se le hacen y de haberle permitido que exponga su defensa. Sólo así puede el representante de la Vindicta Publica llegar a una conclusión verdaderamente imparcial y, conforme a ella proceder. Pero, en el caso de mi Papá, la Fiscalía se apresuro a solicitarle la privativa de libertad, sin haberle permitido su sagrado derecho a ser oído en la Audiencia de Presentación, y eso para complacer al gobernante interesado en la cabeza del periodista “enemigo”. Es inaudito que los representantes del Ministerio Publico no procuraran que al imputado, es decir a mi padre, se le oyera en esa audiencia.”

“No me cabe la menor duda agregó- de que en este caso concreto la Fiscalía obró de muy mala fe, así como también lo han hecho los abogados que han fungido de jueces de este proceso, con la excepción de los doctores Gilberto Piñero y Jesús Ollarves a quienes destituyeron por tratar de hacer valer la justicia en el caso que mantiene privado de su libertad a mi viejo. Aquí están presentes todas las características de una emboscada que deja la sensación de que el estado de perversión que reinó en los gobiernos anteriores y que asqueó al colectivo nacional, ahora no solo se mantiene, sino que ha sido elevado a la enésima potencia.”

Al profundizar en la materia, Dorelys Ramírez Paiva sostiene que “con la llegada de este régimen al poder en 1.999, hace 10 años atrás, a los venezolanos se nos hizo ver que vendrían cambios profundos en la administración de justicia, y esa idea la vendieron al pueblo mediante la falsa consigna de la reforma judicial que sólo se limitó a cambiar unos jueces, en su mayoría corruptos, por otros jueces que además de corruptos han demostrado con el tiempo un alto grado de ignorancia, además de una obediencia perruna a las ordenes de sus jefes políticos.

Ella asegura que la provisionalidad no ha cesado, la mayoría de los cargos están pendientes de lo que digan los jefes políticos de turno, y eso es igual para el Poder Judicial y para el Ministerio Público.

Sostiene Ramírez Paiva que “Los actuales magistrados del Tribunal Supremo le hacen mucho daño a la credibilidad que amerita el sistema de justicia. Sembrando la manipulación perversa de jueces y fiscales y la utilización del dinero del gobierno que presiden para traficar malévolamente y sin escrúpulo alguno con el poder, favoreciendo culpables y condenando inocentes, han logrado cosechar el inmenso desprestigio del que hoy gozan por igual el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tarde o temprano esos “honorables” magistrados y fiscales tendrán que rendir cuentas y pagar por canallescas acciones. A ellos no les ha importado nunca la salud de las instituciones, no les importado los mensajes de cambios, ellos sólo han demostrado está interesado en satisfacer sus bajas pasiones a costa de lo que sea y por ello la historia los condenará.

La familia del periodista José Rafael Ramírez seguiremos clamando por justicia para él, por su libertad y por el adecentamiento en la función jurisdiccional.

Exigimos autonomía, imparcialidad y objetividad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, y en esto hacemos responsable a los que desde el TSJ manejan la “justicia” y, a Luisa Ortega Díaz, Fiscal General, protagonista principal de cuanto ocurre, -dijo para concluir-