El general de brigada Delfín Rafael Gómez Parra, decidió iniciar una huelga de hambre para protestar por las irregularidades que las autoridades judiciales han llevado a cabo en su contra, a tal punto que ha permanecido 16 meses privado de su libertad, esperando por un juicio que nunca llega, a pesar de haber acudido de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

La información fue suministrada por el mismo Gómez Parra por medio de una carta. A continuación presentamos un extracto de la misma; Quiero manifestar la decisión que he tomado de no ingerir alimentos y negarme a recibirlos (huelga de hambre), teniendo presente los graves riesgos que esto conlleva en contra de mi integridad física. Esta decisión fue tomada como protesta a la injusticia y violación de los derechos me asisten como ciudadano y como general activo del Ejército, con el propósito de que se tomen  ciertas decisiones apegadas a las leyes y  para que se realice un juicio justo e imparcial.

1. Solicito que el Presidente de la República revoque la orden de fusilamiento dada a los organismos encargados de investigar y de impartir justicia en Venezuela.

2. Quiero hacer del conocimiento público la serie de irregularidades cometidas durante el proceso judicial que se ha llevado  en mi contra.  Como resultado de este proceso he permanecido privado de libertad por el lapso de dieciséis (16) meses, durante el mismo han sido violados varios de mis derechos consagrados en las leyes venezolanas.

a. Orden privativa de libertad, sin existir una imputación previa por parte de la fiscalía.

b. No tuve oportunidad de defenderme, ni de declarar ante la Fiscalía durante la investigación, habiéndome puesto a derecho de manera voluntaria el día 16 de febrero de 2.006.

c. Los fiscales y jueces actuantes en el expediente, han NEGADO en reiteradas oportunidades, que se me haga el ANTEJUICIO DE MÉRITO.

d. Las experticias presentadas por la Fiscalía, como lo son la experticia de obras ejecutadas y la experticia contable, instrumentos estos con los cuales pretenden fundamentar su acusación, no concluyen como lo expresan los fiscales acusadores, es decir, los fiscales mienten en su acusación respecto a estas conclusiones lo cual implica una clara violación o más bien un delito tipificado en el COPP.

e. En el voluminoso expediente no existe la más mínima prueba que permita deducir que yo me haya apropiado o contribuido a que otra persona se apropie de dinero proveniente del Caaez. Fui enviado a una jurisdicción ajena a la que está llevando el proceso judicial  de  una forma arbitraria. Para dicho traslado no hubo autorización previa del Tribunal Supremo de Justicia ente, al cual le corresponde una decisión como esta. Fin de la cita. 

Finalmente el general pide celeridad en el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la solicitud de avocamiento y radicación realizada hace más de cinco (5) meses.