Política

Cuestionan convenio de traslado de presos entre Venezuela y Cuba

Foto AP El acuerdo entre los gobiernos de Fidel Castro y Hugo Chávez fue aprobado, en segunda discusión, el 17 de febrero de 2005, con los votos salvados de Primero Justicia y de Proyecto Venezuela A primera vista, no pareciera inusual la firma de un acuerdo entre dos naciones para que ciudadanos que hayan sido condenados por algún delito puedan pagar sus penas en el país de origen. De hecho, antes de 1999 Venezuela había suscrito al menos ocho tratados de ese tipo con República Dominicana, México, Colombia, Argentina y Perú, entre otros. Sin embargo, la “ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba sobre el traslado de personas condenadas”, que entró en vigencia en diciembre pasado, ha despertado preocupación por sus posibles implicaciones. “La ley condiciona el traslado de un cubano a su país con su consentimiento, pero en la justicia venezolana, con una simple acta, se puede hacer el traslado, y quién garantiza los derechos humanos de ese preso”, señaló el abogado Ramón José Medina, ex diputado de Primero Justicia, partido que salvó su voto durante la aprobación de esta ley en la Asamblea Nacional. El instrumento legal fue suscrito en La Habana el 8 de octubre de 2004 por el entonces canciller venezolano Jesús Pérez y su homólogo Felipe Pérez Roque. y discutido por el Parlamento entre enero y febrero de 2005, cuando fue aprobado. El 3 de marzo fue enviado al Ejecutivo y no fue sino hasta el 27 de diciembre de 2005 cuando apareció publicado en la Gaceta Oficial número 38.344 y entró en vigencia. “Tanto en Venezuela como en Cuba no existe Estado de Derecho, la inseguridad jurídica que supone un acuerdo de este tipo para los naturales de Cuba, e incluso los naturalizados venezolanos, es inaceptable pues extiende la juridicidad cubana al Estado venezolano”, manifestó. Contrario a los derechos humanos El convenio de “traslado de personas condenadas” se inscribe en el marco de un polémico tratado judicial entre Venezuela y Cuba, firmado el 22 de diciembre de 2004, que permite a jueces, funcionarios policiales y de la seguridad del Estado cubano actuar en territorio venezolano con amplias facultades para investigar, capturar e interrogar a cubanos que residan en Venezuela. Se calcula que en el país viven más de 25 mil cubanos. En el momento de la discusión parlamentaria del acuerdo para el traslado de prisioneros, el entonces presidente de la Comisión de Política Exterior, Saúl Ortega (MVR), destacó como ventajas del convenio “el desarrollo de la cooperación entre ambos países en materia penal” y el descongestionamiento del sistema penitenciario venezolano. Pero quienes lo consideran negativo consideran que “es contrario a los derechos humanos y a la juridicidad venezolana, pues permite la intervención del Gobierno cubano”, aseguró Medina. Aunque el penalista Alberto Arteaga prefirió abstenerse de opinar por desconocer a fondo el texto del acuerdo, adelantó que “si se trata de personas condenadas que han sido sometidas a juicio y que tienen una sentencia, son normales estos acuerdos para que estas personas puedan cumplir su pena en su tierra; el problema está en la carencia de garantías en Cuba”. El Gobierno ha firmado acuerdos similares con Dinamarca, en el año 2000, y Reino Unido e Irlanda del Norte, en 2002.