Chávez arrecia ofensiva contra medios privados
CASTO OCANDO
Las medidas recientes, anunciadas por el gobierno y entidades como la Fiscalía General y la Asamblea Nacional, abarcan desde la regulación de la televisión por cable hasta la cancelación de concesiones de radioemisoras privadas, pasando por una reforma de media docena de leyes para ampliar las prohibiciones y endurecer las sanciones contra medios de comunicación.
En la más reciente medida que entró en vigencia este viernes, el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, que preside el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dijo que en adelante los canales internacionales que transmiten programación a través de los sistemas de cables en Venezuela estarán sujetos a regulaciones locales y podrán ser sometidas a control si los contenidos son considerados ilegales por el gobierno.
En declaraciones a la televisión estatal, Cabello advirtió también que cualquier falla que presenten las señales de las estaciones oficiales Telesur y Venezolana de Televisión en los sistemas por cable, tales como interferencia del sonido o imagen borrosa, será interpretada como una agresión y generará sanciones contra los proveedores de cable.
Poco después de estas declaraciones de Cabello, la diputada oficialista Iris Varela denunció "diversos'' tipos de sabotajes en las emisiones de las emisoras estatales de radio y televisión. Igualmente, Varela destacó que el canal privado RCTV "se ve en señal abierta'' pese a haber perdido la concesión.
Al respecto, el presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción, Mario Seijas, aclaró que "se han registrado fallas en la transmisión'' de ambas emisoras, pero descartó el sabotaje.
"No hay intención absoluta de sabotear ninguna señal'', dijo Seijas, de acuerdo con un cable de EFE. "Se tomarán medidas como mantener personal técnico 24 horas para reparar daños en los canales que están al aire''.
Cabello, considerado el segundo hombre del gobierno de Hugo Chávez, ratificó también que un total de 240 radioemisoras, entre ellas 86 de frecuencia AM y 154 de FM, perderán su concesión debido a que "no actualizaron sus datos'', en declaraciones a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Una medida similar de suspensión de la concesión se producirá contra otras 45 estaciones de televisión que transmiten en frecuencias de VHF y UHF en todo el país.
En suma, las emisoras que podrían perder la concesión representan el 40 por ciento del total bajo control privado en el país, indicó un informe de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión dado a conocer el viernes.
El argumento principal del gobierno estriba en que ninguno de estos medios actualizó sus datos ante Conatel antes del plazo establecido para el 23 de junio. Según Cabello, las emisoras "están operando ilegalmente'', por lo cual sus equipos serán decomisados y se les prohibirá operar las estaciones por un período de cinco años.
Cabello dijo también que de ahora en adelante no se permitirán circuitos radiales con más de tres emisoras en todo el país.
"Vamos a democratizar el uso del espectro radioeléctrico [. . .] Estamos empeñados en erradicar el latifundio radioeléctrico'', indicó Cabello, argumentando que en Venezuela 27 familias controlan "más del 31 por ciento del espectro radioeléctrico''.
El anuncio de Cabello se sumó a una propuesta de la fiscal general Luisa Ortega Díaz la semana pasada, para poner en vigencia una ley "contra delitos mediáticos'' y sancionar a medios que divulguen información que pueda ser considerada "ofensiva'' o ‘‘con fines desestabilizadores'', según afirmó en una conferencia de prensa el viernes antepasado.
De acuerdo con el actual Código Orgánico Procesal Penal (COPP), "todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra será castigado con prisión de dos a cinco años''.
Pero, según Ortega, estas medidas "son insuficientes''.
El anuncio de Ortega se produjo como reacción a una campaña de anuncios publicitarios promovida por las organizaciones no gubernamentales Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y AsoEsfuerzo, contra la Ley de Responsabilidad Social que discute actualmente la Asamblea Nacional, denunciando que es contraria a la propiedad privada, y que se trata de una "ley cubana''.
En una de las piezas publicitarias producidas por Cedice-Libertad y AsoEsfuerzo y transmitidas por varios canales de radio y televisión la semana pasada, aparecen varias personas semidesnudas, entre ellas una mujer embarazada, para simbolizar que la nueva ley social "te quita lo que es tuyo''.
Inmediatamente después de la transmisión de la pieza publicitaria, Conatel ordenó que se prohibiera su retransmisión, y anunció severas sanciones contra los medios que la publicitaron, además de una investigación penal contra las ONG que promovieron la campaña.
Esta diatriba coincidió con una serie de ataques directos a medios impresos y al canal de televisión Globovisión, que podría ser cerrado "en cualquier momento'', según dijo esta semana a El Nuevo Herald su director ejecutivo Alberto Ravell.
En el estado Carabobo, los diarios El Carabobeño y Notitarde fueron objeto de ataques por parte de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en represalia por la cobertura que estaban dando de la situación de Honduras, según publicaron los mismos diarios en sus ediciones electrónicas el jueves 2 de julio.
En otro episodio, el pasado lunes agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) allanaron el diario El Aragüeño, en el estado central de Aragua, bajo el pretexto de una investigación contra el grupo Sindoni, propietario del rotativo.
Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, uno de los más importantes del país, dijo a El Nuevo Herald que el gobierno mantiene una presión constante contra anunciantes que "osan publicar'' un aviso en dicho medio.
La ofensiva contra los medios privados abarca también reformas legales promovidas por varias instancias oficiales del gobierno, advirtieron expertos.
Al menos, seis legislaciones relacionadas con las actividades de los medios de comunicación privados serán reformadas para incluir mayores regulaciones y sanciones, dijo el experto Marcelino Bisbal, académico de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
Además de la Ley de Delitos Mediáticos, Bisbal dijo que el gobierno anunció la reforma de la Ley de Periodismo para imponer regulaciones al ejercicio de la profesión; y del Código Orgánico Procesal Penal, para incluir sanciones hasta ahora no consideradas contra actividades que pudieran ser interpretadas como contrarias a los intereses del gobierno.
Bisbal agregó que un nuevo articulado para regular las comunicaciones a través de plataformas de internet será incorporado en la reforma a la Ley de Comunicaciones, Informática y Servicios Postales.
También la Ley de Cultura y la Ley de Educación incorporarán aspectos para regular los contenidos difundidos a través de medios privados.
"Hay toda una arremetida jurídica que se viene encima, una escalada sin precedentes en la historia política del país'', dijo Bisbal.