La organización de derechos humanos Venezuela Awareness Foundation (AWF) manifestó hoy preocupación por la situación de dos "presos políticos" venezolanos que requieren una urgente atención médica especializada, pero las autoridades se "niegan a liberarlos" para que reciban el tratamiento adecuado.

Patricia Andrade, presidente de AWF con sede en Miami, hizo un llamado a la comunidad internacional para que interceda a favor del estudiante universitario Raúl José Díaz Peña, quien cumple hoy cuatro años de detención, y del periodista José Rafael Ramírez.

Andrade explicó a Efe que Díaz Peña sufre "una infección en el oído localizada cerca de una membrana que separa el área infectada del cerebro" y necesita ser sometido a una delicada operación.

"A pesar de las observaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA al Estado venezolano a favor de Raúl Díaz, Venezuela ha sido negligente en cumplirlas", dijo Andrade.

Destacó que los informes realizados por doctores, incluyendo uno de médicos forenses y de médicos cubanos que trabajan en la llamada Misión Barrio Adentro, un programa del Gobierno venezolano, indican que Díaz requiere de una intervención quirúrgica urgente.

"La actual jueza de la causa, Migdalia Añez, se ha negado reiteradamente a darle una medida sustitutiva de libertad que por ley le corresponde para que pueda ser operado y salvar su vida", afirmó.

El joven, quien está protegido por medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2005, está acusado por las autoridades venezolanas de participar en el atentado con explosivos a las sedes diplomáticas de Colombia y España en el 2003, en Caracas.

Su acusación está sustentada en una declaración de otro procesado, Silvio Mérida, quien según la presidente de la AWF fue "torturado por organismos parapoliciales" para obtener una declaración falsa contra el estudiante universitario.

"Mérida después, ante el juez de la causa, se retractó y confesó que acusó a Díaz producto de las torturas y afirma la inocencia de éste", dijo Andrade.

En cuanto al periodista José Rafael Ramírez, la activista indicó que éste sufre de diabetes y presión arterial alta y "se ha complicado en niveles alarmantes que hacen temer por su vida", por lo que un juez en enero pasado le otorgó una medida sustitutiva de libertad.

Pero luego el magistrado fue despedido de su cargo y sustituido por otra jueza que revocó la medida de libertad.

Ramírez inició una huelga de hambre y aunque es atendido por médicos de la cárcel donde está "su integridad está seriamente amenazada y requiere de un urgente traslado a un centro médico".

El periodista, quien denunció presuntos casos de corrupción del Gobierno y decisiones judiciales que calificaba de "politizadas", está acusado de presuntamente extorsionar al empresario Wilmer Ruperti, persona vinculada con los contratos gubernamentales del transporte marítimo en Venezuela, según AWF.