| El Nacional - Domingo 10 de Septiembre de 2006 |
La violencia camisarroja
Prácticamente desde los inicios de la campaña electoral de 1998 --cuando el entonces candidato Hugo Rafael Chávez prometió freír en pailas de aceite hirviente las cabezas de los dirigentes adecos--, hasta el pasado jueves 7 --cuando grupos organizados del oeste de la ciudad sabotearon hasta disolverla, con piedras, botellas y balas, la caminata que el candidato Manuel Rosales realizaba por las calles de Catia--, la agresión física, la paliza, el escupitajo, el disparo, la bofetada, el tubazo en el rostro, la puñalada en el vientre, el incendio de vehículos y equipos periodísticos o el asesinato a mansalva, como el de la señora Maritza Ron en la Plaza Altamira, han sido prácticas sistemáticas, recurrentes, estratégicas y oficiales del grupo en el poder. Tan oficial ha sido esta saga de violencia intimidatoria que en ninguna de las extensísimas intervenciones públicas del Presidente y ya sabemos que un deseo suyo es asumido por sus seguidores como una orden se le ha escuchado un mínimo reproche, una mediana condena o alguna severa exhortación a sus seguidores para exigirles que abandonen un tipo de práctica que lesiona los más elementales y sagrados principios como son el respeto a la integridad física, al derecho a la vida, al libre tránsito y a la libertad de expresión, organización y proselitismo político. La violencia organizada comenzó, no debemos olvidarlo, en 1999 prácticamente desde los primeros días de gobierno, cuando la oposición aún no había salido a la calle y los sucesos de abril de 2002 --la justificación posterior de todos los abusos oficiales-aún no habían ocurrido. Por aquel entonces aparecieron los primeros grupos organizados por el oficialismo que se apostaban en los alrededores del otrora Congreso Nacional para escupir y apedrear a los diputados de oposición a quienes muchas veces la Guardia Nacional debió proteger para impedir su linchamiento. Más tarde apareció lo que se conoció como la "esquina caliente". Un grupo de "camisarrojas" perennemente instalado en una de las esquinas de la plaza Bolívar, que dieron inicio a sus acciones apaleando de modo recurrente a los representantes de partidos opositores que, en lo que ya era una tradición nacional, se proponían celebrar el aniversario colocando una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del Libertador. Las turbas entrenadas de la esquina caliente apenas los veían aparecer, en el más puro estilo de sindicalista adeco de otros tiempos, sacaban sus piedras y sus cabillas forradas de papel, para impedir que el acto se realizara. Fue tan persistente el mecanismo que hoy en día ya a nadie, salvo los partidos oficialistas, se les ocurre siquiera intentar una ofrenda en la histórica plaza. En el transcurso se hizo notoria la existencia de grupo armados, paramilitares venezolanos, que como los Tupamaros, los Tarapaicas y el Frente Bolivariano de Liberación se exhibían impunemente, en las calles o en grabaciones televisadas, con armas largas anunciando su decisión de servir como grupos de defensa en caso de que la "revolución" corriera peligro. Luego vino, especialmente en el año 2003, instigada directa y explícitamente por el presidente en sus alocuciones dominicales, el asedio agresivo contra los periodistas y medios privados. Durante un tiempo, cada vez que el presidente declaraba "enemigo de la revolución" a un determinado medio o un periodista en particular, era seguro que en el transcurso de la semana sus vehículos, cámaras u oficinas serían incendiados o por lo menos asediados por una multitud amenazante --como ocurrió varias veces con las sedes de RCTV, Globovisión y El Nacional-y el periodista abu cheado, golpeado, bañados con baldes de agua sucia, obligado a retirarse o, incluso, perseguido cuchillo en mano, por un fanático chavista como le ocurrió al reportero de Televén, Johan Merchán el 9 de abril de 2003 en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. De este período ha quedado para la historia un documento contundente, el libro editado por el sello Alfadil, Periodistas en la mira de Petruvska Simne, en el que se recoge el testimonio escalofriante de lo vivido por un sig nificativo número de hombres y mujeres periodistas en donde se lee en el testimonio de María Isabel Arriaga: "Periodistas lesionados, abucheados, camarógrafos y asistentes heridos de bala, cámaras y cables rotos, micrófonos destruidos, vehículos destrozados, forman parte de las agresiones sufridas por trabajadores de Radio Caracas Televisión" (página 42). Y ahora, la violencia camisarroja ha vuelto a aparecer con el justificativo de que Rosales no debe visitar sitios en donde se supone habita una mayoría oficialista. Lo más lamentable de todo es que los venezolanos hemos terminado por aceptar como un orden más o menos natural estos usos políticos de la violencia. Que nadie está preso o juzgado por su causa. Que los intelectuales oficialistas, especializados en suscribir graciosos documentos en contra de la violencia de Bush, guardan un profundo y cómplice silencio ante la violencia oficial puertas adentro. Y, lo que es peor, que algunos sectores de la oposición oficiaron actos de violencia similares durante los días que siguieron al nefasto y sui generis golpe de Estado de abril de 2002, en vez de darle un ejemplo al cha vismo negándose a seguir sus prácticas. La violencia política significa atraso, retroceso y, sobre todo, expresión de autoritarismo, de ausencia de pluralismo y de una expresa voluntad de no convivir. La creación de brigadas de choque --de las cuales son históricamente famosas las camisas negras del fascismo italiano-están íntimamente asociadas a los procesos de satanización del oponente político amparados en la retórica de la supremacía moral del grupo gobernante. Para que no queden dudas del pensamiento oficial, el director del Hospital de Los Magallanes --alguien que se supone trabaja para preservar la vida-vociferaba exaltado ante las cámaras que el candidato Rosales "tenía muy bien merecida la agresión" porque entre otras razones "es un golpista". La violencia, lo sabemos, no es buena consejera. Hay que detenerla, rechazarla y denunciarla. Aunque ninguna autoridad lo escuche. Porque acostumbrarse al horror es el primer paso para su perpetuación. Y responder con más violencia, resulta el encendido de una hoguera que nadie sabe cuando se va a extinguir. |
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