Expertos de la
ONU alarmados por situación de
jueza Afiuni
"Resulta
cada vez más difícil comprender lo que
está viviendo la jueza Afiuni. Esta decisión (de prorrogar su
detención domiciliaria) representa un
inaceptable agravamiento de la situación, teniendo en cuenta su delicado
estado físico y mental", dijo el Relator
Especial sobre Tortura,
Juan Méndez
ÚN | AFP.- Tres expertos en derechos
humanos de la ONU expresaron el martes
su preocupación ante la situación de la jueza venezolana María
Lourdes Afiuni, cuyo
arresto domiciliario fue recientemente
extendido por un plazo de dos años.
"Resulta cada vez más difícil comprender lo que está viviendo la jueza
Afiuni. Esta decisión (de prorrogar su detención domiciliaria) representa un
inaceptable agravamiento de la situación, teniendo en cuenta su delicado
estado físico y mental", dijo el Relator
Especial sobre Tortura, Juan Méndez.
Por su parte, Hadji
Malick Sow,
secretario del Grupo de Trabajo sobre Detención
Arbitraria, dijo que "es increíble que la detención arbitraria de la
jueza Afiuni se siga prorrogando, y es imperativo que se la libere
inmediatamente".
En tanto, la relatora especial sobre
Independencia de Magistrados, la brasileña Gabriela
Knaul, dijo que el episodio con la jueza
Afiuni "demuestra (...) que la independencia de la judicatura está
severamente comprometida en Venezuela".
En la visión de Knaul, "los actores judiciales temen correr la misma suerte
que la jueza Afiuni si se atreven a actuar en contra de los intereses
gubernamentales".
Afiuni (46 años), fue formalmente acusada en enero de 2010 de corrupción,
abuso de autoridad y de favorecer la evasión del banquero
Eligio Cedeño, detenido desde 2007 por
supuesto fraude y que huyó tras obtener libertad
condicional.
La jueza, que estuvo recluida más de un año en un centro penitenciario, está
desde febrero bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud.
Afiuni ha denunciado que su caso está viciado pues tras su arresto, en
diciembre de 2009,
el presidente venezolano
Hugo Chávez pidió para ella la "pena
máxima" de 30 años de cárcel fijada