Caracas

Diversos funcionarios del gobierno y de la Fuerza Armada han dado declaraciones acerca de los pasos que se están tomando para controlar la situación de violencia indiscriminada en el Táchira.

El Fiscal Superior del Táchira, Enio Ortiz, ha dicho: "El plan de seguridad que se ha instalado en la entidad es atípico en comparación con otras zonas del país, por la incorporación de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial (...) Ello demuestra el interés por apoyar a las personas en materia de seguridad (...) Es increíble la cantidad de tachirenses que son víctimas de la extorsión y el cobro de vacuna (...) Nosotros no somos cómplices de nadie, ni de los delitos, ni seremos cómplices por omisión (...) Estamos trabajando y necesitamos el apoyo del colectivo tachirense que no puede ser cómplice de la delincuencia".

El General Jaime José Escalante, Jefe del CORE 1: Reconoció el incremento de las muertes por encargo, conocidas también como sicariatos y señaló que se trabaja para descubrir quiénes están cometiendo estos asesinatos, indicando que muchas de las víctimas registran antecedentes policiales.

José Gregorio Chacón, Secretario General de Gobierno: "Se busca implementar nuevas estrategias que den mejores resultados y se consigan los objetivos perseguidos, como lo es la disminución de esos índices delictivos (...) controlar la delincuencia es complicado (...) cada ente policial debe cumplir con su parte (...) ahora sólo nos falta que el colectivo en general se involucre con las denuncias respectivas sobre temas que tengan que ver con la inseguridad."

Expertos en criminalística sostienen que la ola de asesinatos y ajusticiamientos que se viene observando en el estado Táchira sólo puede tener uno entre cuatro probables responsables:

El narcotráfico. Bandas de traficantes de drogas que se pelean entre sí por el control del mercado. Distribuidores de droga que asesinan a quienes no han pagado la mercancía o el dinero que quitaron prestado para lavar.

Los paramilitares. Organizaciones armadas, de Colombia y Venezuela, que se han constituido en la zona y que llevan a cabo un operativo de profilaxia social. Se sabe que los paracos operan en San Antonio, Urea, Rubio, Los Dos Capachos y también en San Cristóbal con el apoyo de comerciantes e industriales que "colaboran" mensualmente con dinero para que les quiten a los criminales de encima.

Guerrilla. En la frontera colombovenezolana se lleva a cabo desde hace un par de años un enfrentamiento abierto entre las guerrillas de Colombia (ELN-FARC) y la guerrilla de Venezuela (FBL) por la ocupación del territorio. Las FBL han exigido al ELN, en comunicados y panfletos que se han hecho públicos, el abandono del territorio venezolano.

Policías. Familiares de algunas de las víctimas que han sido asesinadas en los últimos años, acusan directamente a funcionarios del Cicpc y de la Dirsop, de estar detrás de las muertes de sus seres queridos. Hay graves denuncias contra altos funcionarios policiales, pero hasta los momentos, las autoridades no han hecho nada contra ninguno de ellos.