León Arismendi
Tal Cual
Me encuentro entre quienes se niegan a llamar dictadura al gobierno pirata que llevamos 7 años padeciendo.
El mismo hecho de que este periódico siga circulando y se puedan hacer públicas estas líneas, serviría para desvirtuar un calificativo tan tajante, pero, cuando entramos a evaluar el funcionamiento de las instituciones fundamentales del Estado, es inevitable que se le tuerza el rabo al puerco. Saber que el vociferante dominical tiene todos los poderes en un puño y puede hacer lo que le da la gana, es una señal que se las trae.
La sentencia que condena al presidente de la CTV a permanecer casi 16 años encarcelado es una clarísima demostración de la sumisión del Poder Judicial a los caprichos del “héroe de Sabaneta”.
Por mas vueltas (jurídicas) que se le dé a los hechos que originaron el juicio (participación protagónica en el paro cívico de diciembre de 2002-enero 2003), concluir que con ellos se configuró el delito de rebelión civil, no lo cree ni un desprevenido estudiante de Derecho.
Bastaría con volver la vista sobre la situación del país en aquellos días, para encontrase con un cuadro en el cual eso que llaman gobernabilidad andaba por el suelo, a tal punto que el presidente de la OEA se había mudado para Caracas y una Mesa de Negociación hacía esfuerzos por encontrarle salidas democráticas a la candente crisis política.
Un grupo de militares en la plaza Altamira proclamaron estar en una vaina que (ellos mismos) llamaron desobediencia legítima y más de medio país clamaba por cambiar de gobierno. Marchas de cientos de miles de ciudadanos llenaban las autopistas y el gobierno exhibía una patética cara de susto.
Lo que se discutía en la mesa de diálogo era consultar al soberano sobre la permanencia o no de Chávez en el poder:
referéndum consultivo o revocatorio. El paro cívico fue una forma de presionar a favor de la primera opción.
El gobierno siempre quiso criminalizar la protesta, y de allí los epítetos de golpistas, fascistas y otras lindezas con las que se calificó a los opositores y con tales argumentos se inició –una vez fracasado el paro– la persecución de Carlos.
El caso se discutió en el Comité de Libertad Sindical de la OIT y allí el gobierno expuso la misma monserga:
golpistas, fascistas, saboteadores... El Comité concluyó que todas eran denuncias genéricas, que no había la menor demostración de causaefecto que pudiese incriminar a Carlos Ortega, y se exhortó al gobierno al cese de su persecución.
La sentencia del Tribunal Penal que le condena, le puso la tapa al frasco de las arbitrariedades oficiales. Para el Comité de Libertad Sindical aquellas jornada cívicas, por sus contenidos: defensa de la libertad sindical, desconocimiento de la directiva de la CTV, despidos discriminatorios, y por la participación en ella de cientos de miles de personas, por mas que se hubiese pedido la renuncia del Presidente de la República, se podían equiparar a una huelga general, compatible con las previsiones del Convenio 87 sobre Libertad Sindical.
Pero, para el tribunal penal bolivariano, se configuró una rebelión civil. En otras palabras, lo que para la OIT fue protesta ajustada a derecho (Convenio 87), para el juez es un delito, que merece prisión de un montón de años.
En fin, con Carlos Ortega ni se aplica el derecho ni se hace justicia; por el contrario, el cínico poder chavista ejecuta una venganza política, como le gusta a los regímenes totalitarios.