EDGAR LOPEZ

EL UNIVERSAL

Al apelar del fallo mediante el cual Ortega fue condenado a 15 años, 11 meses, 5 días y 20 horas de prisión, José Luis Tamayo, Carlos Roa y Noel Quiroz calificaron como "deleznable" que la juez Morales, al analizar el delito de rebelión civil (entre otros por los cuales el dirigente sindical permanece en prisión) haya hecho "un mero calco, casi al carbón", del capítulo de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Juicio de Táchira el 2 de noviembre de 2004 y titulado Fundamentos de Derecho.

Refirieron como ejemplo que la juez Morales refirió que "los acusados" (en plural, aunque en esta oportunidad el único acusado sometido a juicio es Ortega) "tuvieron por objeto deponer al Gobierno del Táchira" (a pesar de que a Ortega se le juzgó por su convocatoria al paro general que se inició en diciembre de 2002).

Al parecer, Morales no utilizó comillas al incluir en el fallo dictado el pasado 13 de diciembre ideas, frases, oraciones o párrafos que no son de su autoría intelectual.

Sin escabinos ni testigos
Como primer vicio que acarrearía la nulidad de la sentencia condenatoria de Carlos Ortega, sus abogados señalaron que el referido plagio generó una ilógica motivación, lo cual, acotaron, es violatorio del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la imparcialidad del juez y la transparencia de la Justicia.

Citaron sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establecen que, por ejemplo, una justicia transparente implica que los operarios demuestren verdadera voluntad de arbitrar los conflictos sociales con apego al Estado de Derecho.

Las presuntas irregularidades del juicio contra el presidente de la CTV, recordaron sus defensores, se pusieron en evidencia una y otra vez, mediante las reiteradas negativas a la constitución de un tribunal mixto, de modo que dos escabinos acompañaran a la juez Morales en la apreciación de los hechos vinculados con la convocatoria al paro general, con el cual se quería acelerar la salida del presidente Hugo Chávez del poder.

En el escrito de apelación también se destaca que la juez Morales acogió sin mayor razonamiento la solicitud de la fiscal Sexta del Ministerio Público, Luisa Ortega, a efectos de prescindir de 21 testigos que la misma Fiscalía había promovido y que habían sido debidamente admitidos. Los abogados de Ortega están convencidos de que la ausencia de escabinos y testigos tenía el propósito de acelerar el juicio y la condena. Aunque entre los testigos que no comparecieron estaban los periodistas que reseñaron los anuncios de Ortega, la juez Morales valoró hasta titulares de primera página como pruebas contundentes del delito de rebelión civil.