Continúa rechazo por la “criminalización” de venezolanos retornados por pasos ilegales

Venezolanos en una fila para ingresar en una oficina de inmigraciones en Paraguachón, Colombia, feb 16, 2018. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Diversos pronunciamientos de repudio se han generado en Venezuela durante las últimas horas tras las denuncias, capturas y posibles penas de prisión en contra de inmigrantes que han ingresado de manera ilegal, al país durante la pandemia.

Mientras en Venezuela sigue expandiéndose el COVID-19, para el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, los venezolanos que están retornando a la nación, a través de pasos fronterizos ilegales, conocidos como trochas, son la razón fundamental del aumento en los casos.

“Son actitudes irresponsables, están los trocheros que vienen de Colombia y de Brasil de manera irresponsable con su país, irresponsable te digo, con tu país, con tu familia. Tú prefieres pasar por la trocha ilegalmente y luego contaminar como lo hacen a todo un país”, indicó Maduro.

Sin embargo, debido a una crítica en particular, este fin de semana el mandatario en disputa se disculpó por los términos utilizados. Si bien calificó algunos de estos calificativos de injustos, aseguró que la idea era “llamar a la consciencia”, no “ofender”.

El comandante de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, informó este semana de que ya han sido detenidas más de mil personas por estas acciones, que, según la ley contra el terrorismo, podrían enfrentar entre 8 y 12 años de prisión.

“Hemos logrado interceptar y capturar en pasos ilegales fronterizos a 1.136 personas, las cuales han sido puestas inmediatamente al protocolo de salud, hemos inspeccionado algunas trochas, sitios potenciales, hemos destruido 21 pasos estamos en extrema vigilancia”, indicó Ceballos.

Por ese motivo el legislador Carlos Valero, especialista en el tema de la migración de los venezolanos, aseveró que lo que pretende el gobierno en disputa es discriminatorio y estimula el odio hacia la población retornada.

“Detrás de toda esta campaña de criminalización a nuestros hermanos como armas biológicas, lo que se esconde es ineptitud. Ellos están queriendo tercerizar su ineficacia en el manejo de la pandemia hacia los más vulnerables, hacia nuestros hermanos pobres que están intentando regresar y eso es inaceptable”, indicó el parlamentario.

Ligia Bolívar, activista e integrante del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), por su parte, rechazó la denuncia de “bioterrorismo“, en vista de que, a su juicio, constituye un abuso de la figura de terrorismo y puede conducir a procesos en tribunales, al tiempo que explicó la situación que vive  esa población.

“Los venezolanos están retornando principalmente por falta de redes de apoyo, en la situación actual de pandemia. Hay personas desempleadas, el golpe de la pandemia es mucho mayor para ellos. En muchos países los programas de ayuda están solamente para población nacional y en el mejor de los casos para los que tienen algún tipo de documento legal, los que están en situación irregular no están protegidos, que son los que están regresando”, apunta Bolívar.

De acuerdo con datos de la administración en disputa, desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus han retornado más de 60.000 venezolanos, muchos de ellos a través de pasos ilegales.

Con información de VOA

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