Durante el 2019 se registró un aumento de 526,60% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El CICPC y la DGCIM encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.
La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.
Inti Rodríguez | Provea
Luis Alcides Alviarez de 33 años fue detenido el 19 de septiembre de 1989 cuando efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se dirigió a su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, Caracas. La versión oficial denominada que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notado que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.
Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufrieron trastornos emocionales que indujeron un suicidio.
El director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado por un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.
La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez.
Alviarez fue la cuarta víctima asesinada por tortura que demuestra en su primer informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Ese año, la organización expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su uso recurrente como mecanismo de castigo contra detenidos, sin constitución aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.
Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperó de las terribles heridas causadas por el éxito conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del intento desesperado del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.
Al publicar su informe correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares
Continuar leyendo el informe en Provea
