Este 23 de enero, después de cumplir 16 años, 8 meses y más de un mes de secuestro judicial, fue excarcelado el subcomisario de la Policía Metropolitana, Marco Javier Hurtado, uno de los nueve funcionarios policiales condenados, siendo inocentes, por los sucesos del 11 de abril de 2002.
El domingo 15 de diciembre de 2019 Hurtado cumplió la condena impuesta por lo que debió ser puesto en libertad ese mismo día, pero la actual juez de la causa, Ada Marina Armas, no emitió a tiempo la boleta de excarcelación, en consecuencia, incurrió en el delito de privación ilegítima y prolongada de libertad.
Esta semana la esposa del funcionario, acompañada por la Abogada Theresly Malavé, denunció ante fiscalía a la juez Ada María Armas dada la arbitrariedad. La boleta de excarcelación de Hurtado llegó a la cárcel de Ramo Verde, este jueves, a primera hora de la mañana.
Tardó casi 17 años en volver a su hogar
Este ciudadano, Marco Javier Hurtado, nacido en Maracaibo el 17 de agosto de 1976, fue detenido un año después de los sucesos que se registraron en el Puente Llaguno y la avenida Baralt del centro de Caracas, muy cerca del Palacio de Miraflores.
Ese día, 15 de abril de 2003, cuando apenas tenía 34 años de edad, Hurtado se presentó a una citación creyendo que solo le tomarían una declaración en torno a lo sucedido. Nunca imaginó que ese día sería detenido “preventivamente” y que tardaría casi 17 años en volver a su hogar, junto a su esposa y sus dos hijos.
Como se recordará, el día 11 de abril de 2002, luego de una multitudinaria marcha hacia el Palacio de Miraflores, 19 personas resultaron asesinadas en las cercanías de la avenida Baralt y el Puente Llaguno.
Durante el proceso judicial se comprobó que Hurtado, el día del suceso, se encontraba destacado en la Comisaría Urdaneta, ubicada en El Calvario y que además no accionó su arma de reglamento contra los manifestantes, aún así, se le condenó a pena de prisión por la muerte de dos de las víctimas.
Según el Expediente No. 1E-1467-10, Hurtado fue imputado por el delito de homicidio calificado en complicidad, previsto y sancionado en los artículos 84 y 408 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez.
Sánchez murió en el Puente Llaguno y Urbano muy cerca del portón de la Cancillería, ubicada en ese momento en la avenida Urdaneta, es decir, que aún accionando su arma de reglamento, Hurtado no pudo haberles disparado desde El Calvario.
El día 03 de abril de 2009, seis años después de ser detenido, la juez Cuarta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, hoy magistrada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, lo condenó a cumplir la pena de presidio de 16 años y 8 meses, la cual se cumplió el pasado domingo 15 de diciembre de 2019.
Luego de ser detenido Hurtado estuvo pocos días en la llamada Zona 2 de la Policía Metropolitana, ubicada en Catia, el resto de la condena lo purgó en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.
Quedan cuatro en Ramo Verde
El llamado “Caso del los Policías Metropolitanos del 11 de Abril de 2002” ha ocupado, por años, la atención de la prensa nacional e internacional debido, entre otras cosas, al ensañamiento con el cual se llevó a cabo este juicio.
El Fiscal general para entonces, Isaías Rodríguez, decidió que el proceso fuera ventilado en un tribunal del estado Aragua a pesar de que los hechos ocurrieron en la ciudad capital. La idea era hacer sufrir aún más no solo a los procesados sino a sus familiares.
Miles de fotografías, testimonios y videos fueron consignados en el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua. Nada logró comprobar que los 9 procesados habían asesinado a las víctimas de los sucesos que se registraron en el Puente Llaguno y la avenida Baralt.
A pesar de que ninguna prueba demostró que habían sido ellos, los funcionarios Arube José Pérez Salazar, Julio Ramón Rodríguez Salazar, Héctor José Rovain, Erasmo José Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, Marco Javier Hurtado, Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro José Forero López, fueron condenados a las penas de 16, 17 y 30 años de prisión.
En la cárcel de Ramo Verde aún se encuentran Arube Pérez, Héctor Rovaín, Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina quienes deben seguir cumpliendo la pena corporal que injustamente les fue impuesta.
Por ley el próximo en ser liberado es Arube José Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de presidio. Esta condena se termina el 15 de febrero de 2021.
Todos los demás, condenados a 30 años, deben permanecer detenidos o sometidos a este aberrante proceso hasta los años 2033 y 2034.
El agente Julio Ramón Rodríguez, además de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, se encuentra en su casa purgando la condena de 30 años que le fue impuesta. Estos tres funcionarios recibieron una medida humanitaria luego de presentar graves problemas de salud. Todos fueron diagnosticados con cáncer de próstata.
El 15 de junio de 2019 el comisario Iván Simonovis logró escapar del arresto domiciliario que le habían impuesto. En la actualidad se encuentra en los Estados Unidos y se desempeña como Comisionado de Seguridad, designado por el gobierno interino del Presidente Juan Guaidó.
“Jódelos, me dijo Chávez”
En el 2012, el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, huyó del país y estando en Costa Rica notarió una declaración en la cual relata que el Poder Ejecutivo en Venezuela ejerce una manipulación sistemática de la justicia.
Luego, al llegar a la ciudad de Miami y ofrecer una declaración al canal de televisión “Soi TV”, el mencionado funcionario dijo: “Chávez me llamó y me dijo: jode a los comisarios, díctales la pena máxima”.
Según el relato de Aponte Aponte todos estos juicios eran planificados en la Vicepresidencia de la República, es decir, en la oficina de Elías Jaua Milano, quien ejercía el cargo en ese momento. Agregó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, para entonces, Luisa Estela Morales, era partícipe de estos planes.
Aponte Aponte reconoció que con este juicio se dio inicio a una manera distinta de administrar justicia.
“Los policías metropolitanos fueron los culpables necesarios que el régimen chavista requería para establecer una justicia a la usanza de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, en lo adelante el Poder Judicial jamás volvió a ser imparcial y mucho menos administró justicia”, dijo Aponte Aponte.
Con información de CNVE24
