Víctimas de torturas en Venezuela aumentaron 500% en nueve meses

En los primeros 9 meses del año se registró un aumento de 508% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El CICPC y la DGCIM encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.

La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron, por segundo año consecutivo,los principales afectados por la tortura en Venezuela.

Esta es la primera de una serie de cuatro entregas sobre violaciones al derecho a la integridad personal registradas entre enero y septiembre de 2019 por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Luis Alcides Alviarez de 33 años fue detenido el 19 de septiembre de 1989 cuando efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se presentaron en su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, Caracas. La versión oficial indicó que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notaron que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.

Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufría de trastornos emocionales que lo indujeran a suicidarse.

El director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado para un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.

La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez.

Alviarez fue la cuarta víctima asesinada por tortura que Provea registró en su primer Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ese año, la organización expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.

Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperaba de las terribles heridas causadas por el suceso conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del desesperado intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.

Al publicar su reporte correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares.

31 años después las cosas han cambiado y no para bien.

El 28 de junio de 2019, otro detenido en los calabozos del organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, corrió con la misma suerte que Luis Alcides Alviarez.

Un Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue detenido el 21 de junio de este año acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 22 de junio de 2019, la esposa del militar denunció su desaparición y declaró que había hablado con él por última vez a las 2:00 de la tarde del día anterior, mientras se encontraba en una reunión en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda. Ese día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del Ejército, dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el capitán, Acosta Arévalo. El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de comunicación e información de facto Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de incurrir en los delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”.

El 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del Tribunal Militar que debía realizar su audiencia de presentación. El capitán llegó en una silla de ruedas con evidentes signos de torturas. Los funcionarios de la DGCIM impidieron que la entrevista con sus abogados fuera privada. Acosta Arévalo presentaba excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Su estado era tan crítico que el Juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en el Fuerte Tiuna. Horas después informaría que el detenido había fallecido en la noche en el hospital. Rafael Acosta Arévalo fue torturado en los calabozos de la DGCIM.

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