Un total de 663 casos de violación al derecho a la vida registró Provea durante el 2018. La cifra representó un aumento de 67,42% respecto al período 2017 y da cuenta de la tendencia anual al incremento en el número de casos que se registran en el Informe Anual. Metodológicamente sigue existiendo un amplio sub registro debido a las limitaciones derivadas de la censura a los medios de comunicación, la ausencia de cifras oficiales y al temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos cometidos por los agentes de la fuerza pública en el marco de sus actuaciones.
El 61,23% del total de casos registrados se concentra bajo la figura de las ejecuciones extrajudiciales, lo que indica el aumento de este tipo de casos -en los que policías y/o militares actúan con la firme intención de causar la muerte de la persona-, y la progresiva institucionalización de esta figura bajo el aliento de las altas autoridades, la protección que brinda la impunidad y la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas. Un total de 406 muertes bajo ejecuciones se registraron durante el año 2018.
Del total de casos registrados por Provea como violación al derecho a la vida, en 42,08% la versión oficial ofrecida fue la del enfrentamiento. También en el período se lograron registrar 1.354 muertes en “enfrentamientos”, lo que indica que en total 2.017 personas fallecieron violentamente por la acción de algún cuerpo de seguridad del Estado venezolano. Un indicador de la letalidad policial, en el que la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tiene una participación muy especial en el periodo de estudio.
Los cuerpos de seguridad de adscripción nacional resultaron señalados en la mayoría de los casos de violación al derecho a la vida fueron:
- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) cuyos funcionarios son señalados como responsables de 134 fallecimientos.
- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), especialmente con su componente Guardia Nacional Bolivariana (GNB), corporación señalada como responsable en el 8,29% de las muertes conocidas (55 víctimas).
- Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Este cuerpo es señalado como responsable del 0,45% de los fallecimientos.
- DGCIM, responsable del 0,30% de las muertes por violación al derecho a la vida.
De acuerdo a los registros levantados por Provea, las FAES fueron responsables del asesinato de al menos 205 venezolanos entre los meses de enero y diciembre de 2018. Las FAES iniciaron el período con una masacre pública difundida por las redes sociales. En adelante, numerosos operativos que involucraron a la agrupación dejaron decenas de asesinados y mostraron su desapego a los estándares que regulan los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como «muertes por enfrentamiento». Entre cinco y nueve personas asesinadas por operativo es el penoso promedio que arrojó la actuación de las FAES en las comunidades populares donde se presentó.
Se mantienen el perfil de años anteriores. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes. El 3,28% de las víctimas conocidas fueron mujeres y el 96,72% hombres. De los casos en los que se pudo conocer la edad de la persona fallecida, se sabe que el rango de edades oscila entre el año de edad (la víctima más joven para este periodo) y los 60. El 10% de las víctimas no llegaban a los 18 años, y 52% tenían 24 años o menos. Más de las tres cuartas partes no superaba los 30 años, evidenciando la juventud de las víctimas.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado el pasado 5 de julio en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) dijo:“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas [sic] en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”.
Pero Maduro, lejos de atender las recomendaciones de la OACNUDH, ha brindado de forma pública y reiterada su apoyo a la actuación de las FAES, dando un aliento para la comisión de abusos, no sólo a manos de esta corporación, sino también del resto de corporaciones represivas que operan como instrumentos de terror y control social.
Con información de Provea
