Junio 19,2019.- Con motivo de la inminente visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se ha generado una serie de opiniones y expectativas que en muchos casos no se corresponden con la realidad y, sobre todo, demuestran un desconocimiento sobre la verdadera naturaleza de los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. La ONG venezolana Acceso a la Justicia nos lo explica.
Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto.
De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas.
En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año.
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