Enero 10,2019.- Protestas brutalmente reprimidas que dejaron cientos de víctimas. Políticos encarcelados y otros exiliados. Más de tres millones de refugiados. Desabastecimiento de alimentos y medicinas. Una hiperinflación que promete llegar al millón por ciento. En medio de este contexto los venezolanos han intentado sobrevivir a la crisis en los últimos tiempos.
Pasaron más de cinco años desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. En este tiempo, el dictador hundió al país a la peor crisis de su historia.
Sin embargo, el régimen, aferrado al poder, rechaza que se hable de una crisis humanitaria en Venezuela y responsabiliza a la oposición y a otros países (en particular Estados Unidos y Colombia) por la situación económica.
En mayo pasado, Maduro se impuso en las elecciones convocadas a principios de 2018 por la constituyente cubana, órgano conformado por chavistas que asumió las funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, por orden de Maduro.
Ese proceso electoral fue desconocido por gran parte de la comunidad internacional y no contó con la participación de la mayoría de los partidos opositores, quienes se negaron a prestarse para unos comicios manipulados por el chavismo.
Este jueves Maduro asumirá el cargo por un nuevo período de seis años hasta el 2025, mientras crece la presión internacional de países y organismos que exigen al régimen abandonar el poder.
A continuación, los momentos clave de los cinco años de gestión en los que Maduro llevó a Venezuela a la peor crisis de su historia:
2013. El entonces presidente Hugo Chávez, en el mando desde 1999 y fundador de la “revolución bolivariana”, murió de cáncer el 5 de marzo.
Cuando muchos creían que Diosdado Cabello sería el apuntado para suceder al Comandante, se supo que Maduro había sido el elegido.
El 14 de abril se llevaron a cabo elecciones presidenciales, y tras un escrutinio polémico, Maduro se impuso sobre el opositor Henrique Capriles, con el 50,62% de los votos.
2014. La oposición, liderada por Leopoldo López, realiza manifestaciones para exigir la salida del presidente. La represión de las fuerzas de seguridad chavistas dejó un saldo de 43 muertos. Pero el régimen responsabilizó al líder de Voluntad Popular (VP).
En febrero de ese año López fue detenido y tras un irregular proceso judicial fue condenado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia. Desde agosto de 2017 se encuentra en arresto domiciliario.
En tanto, en esos doce meses los precios del petróleo, que generan 96% de las divisas del país, cayeron a menos de la mitad, agravando así la escasez de alimentos y medicinas.
2015. El régimen recrudeció la persecución contra la oposición y en febrero encarceló al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a quien acusó de conspirar contra Maduro. A los pocos meses fue trasladado a arresto domiciliario por problemas de salud. Finalmente, en 2017 logró escapar y huyó hacia España.
En marzo, Estados Unidos impuso las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos por violación a los derechos humanos.
En diciembre, en medio de un agravamiento de la crisis, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asestó al chavismo la mayor derrota electoral de su historia, al ganar la mayoría calificada del Parlamento.
2016. Apenas la oposición asumió su control en enero, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato y sus decisiones nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al chavismo-.
Durante casi todo el año, la oposición intentó revocar el mandato de Maduro a través de un referendo, y organizó manifestaciones para exigirlo. Pero el poder electoral y la justicia -de línea oficialista- lo frenaron, alegando fraude en la recolección de firmas para solicitarlo.
2017. El TSJ se atribuyó facultades del Parlamento y el 1 de abril estallaron multitudinarias protestas que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses como consecuencia de la brutal represión de las fuerzas de seguridad chavistas. La fiscal general, Luisa Ortega, denunció una ruptura del orden constitucional y meses después dejó el país denunciando una “persecución” en su contra.
El 30 de julio se realizó la cuestionada elección de una Asamblea Constituyente con poder absoluto y totalmente oficialista, que sustituyó en la práctica al Parlamento, y fue desconocida por varios gobiernos. Las protestas, desgastadas por la violencia chavista, cesaron.
Washington aprobó nuevas sanciones financieras contra la cúpula del régimen venezolano y su petrolera PDVSA, declarados luego en default parcial.
En unos nuevos comicios marcados por el fraude y sin la participación de la inhabilitada oposición, el chavismo se impuso en las elecciones de gobernadores de octubre y en las municipales de diciembre.
2018. Con parte de la oposición inhabilitada, y la otra parte fracturada, en enero la Constituyente convocó a elecciones anticipadas, con Maduro como candidato oficialista. El diálogo entre la oposición y el gobierno en busca de garantías electorales fracasó, y las autoridades chavistas fijaron los comicios para el 20 de mayo.
La MUD se negó a participar al considerar que el proceso electoral era, una vez más, fraudulento. El opositor Henri Falcón, disidente del chavismo, se desmarcó y lanzó su candidatura.
Tal como lo habían anticipado, Estados Unidos, varios países de América Latina y la Unión Europea desconocieron las elecciones, en las que el dictador fue reelecto con el 68% de los votos, según datos aportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -también de línea oficialista-.
Esos comicios estuvieron marcados por la mayor abstención en unas presidenciales (52%) en la historia democrática venezolana.
Por su parte, la producción petrolera cayó a los niveles más bajos en tres décadas (1,4 millones de barriles diarios).
El 4 de agosto, el dictador denunció un intento de asesinato en su contra con dos drones cargados con explosivos que estallaron cerca de la tribuna donde presidía un acto militar.
Tras lo sucedido, Maduro acusó al diputado opositor Julio Borges, al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y a Estados Unidos, de estar detrás de su presunto intento de asesinato. En el marco de ese caso, unas 25 personas fueron detenidas, entre ellas el legislador Juan Requesens y dos generales.
