Junio 27, 2018.- El balance semanal de libertad de expresión y derechos digitales de IPYS Venezuela confirmó nuevas medidas de censura en contra de tres presos políticos y el inicio de un proceso sancionatorio contra dos emisoras por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

La última semana de junio de 2018, se registró la reducción de circulación de un diario en el estado Sucre, así como la denuncia de tratos crueles del ciudadano Pedro Jaimes Criollo, detenido por tuitear la ruta presidencial

En el transcurso del mes de junio de 2018 fueron liberados 61 presos políticos que cumplen con medidas de libertad condicional. A los regímenes de presentación ante tribunales civiles y militares, junto a la prohibición de salida del país, se suma la proscripción de declarar a los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Estas medidas impuestas por el Poder Judicial cercenan la libertad de expresión de los que estaban arbitrariamente detenidos en cárceles comunes, y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos venezolanos.

Hasta el lunes 26 de junio, cuando se publica este balance, IPYS Venezuela confirmó cinco medidas de censura previa establecidas por el ejecutivo nacional como normativa para acallar las acciones emprendidas contra sus personas.  Además de Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira, y del diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro, ahora también son víctimas de censura Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, ambos dirigentes del partido Voluntad Popular, y el activista de Derechos Humanos, Gabriel Vallés.

Libertades condicionadas

La libertad bajo medida cautelar con presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y prohibición de declaraciones a medios de comunicación y  en redes sociales también se le otorgó al dirigente de Voluntad Popular, Raúl Emilio Baduel, quien permaneció 4 años privado de su libertad desde que fue detenido en 2014 durante la ola de protestas antigubernamentales, y condenado en 2015 a ocho años de prisión por haber “instigado a desobediencia de las leyes”.

Igualmente estas órdenes de censura y autocensura también fueron impuestas para Alexander Tirado, dirigente estudiantil de Voluntad Popular, que fue detenido el 21 de marzo de 2014 en la ciudad de Maracay, estado Aragua, mientras participaba en una cadena humana como forma de protesta pacífica.

El ingeniero en sistemas y activista por los DDHH, Gabriel Vallés, tampoco escapó de esta medida. Vallés formaba parte de una organización llamada “Operación Libertad”, y fue extraditado desde Colombia al igual que su compañero Lorent Saleh. Este último aún permanece bajo custodia de forma arbitraria, a pesar de que algunos cumplen con las condiciones para gozar de libertad plena.

En conversación con IPYS Venezuela la abogada de estos detenidos, Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, aseguró que el Estado no está garantizando el respeto a los derechos humanos y tampoco respeta los procesos judiciales que amerita cada caso.

Una vez más esta organización reitera su rechazo ante las restricciones del derecho a la expresión e información en torno a los casos de detenciones de presos políticos en el país. Esta organización exhorta al Estado venezolano a respetar los estándares de libertad de expresión tradicionales y en Internet.

Caracas: Conatel inició procedimiento sancionatorio contra La Mega y Líder

El jueves 21 de junio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un “procedimiento administrativo sancionatorio” contra las estaciones de radio de La Mega 107.3 FM y Líder 94.9 FM, ambas con sede en Caracas. Así lo anunció el organismo estatal a través de una nota de prensa.

Conatel señaló que el “procedimiento iniciado a La Mega 107.3 FM, se deriva de la difusión de mensajes a través del programa “Galanes de Radio” cuyo contenido podría resultar inapropiado para el horario destinado especialmente para las niñas, niños y adolescentes, y podrían atentar contra su formación integral, circunstancias que de comprobarse, podrían resultar sancionados de conformidad con los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME)”.

En cuanto a la emisora Líder 94.9 FM, la publicación señala que las razones de dicho proceso sancionatorio derivan presuntamente del incumplimiento que tienen los prestadores de servicio radial de difundir los mensajes y alocuciones oficiales del Estado, que está establecido en el artículo 10 de la mencionada Ley de responsabilidad social.

La nota de prensa indica que “para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso que ampara a todos los administrados”, tanto La Mega como Líder tienen un lapso de diez (10) días hábiles para presentar sus alegatos de conformidad con el artículo 31 de la Ley Resorteme.

En su artículo 27 la Ley Resorteme establece sanciones desde las 50 hasta las 200 Unidades Tributarias, mientras que su artículo 29 estipula multas de hasta un diez por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior en el que se cometió la infracción, así como una suspensión de hasta 72 horas continuas de transmisión, o inclusive, la revocatoria de la habilitación administrativa y concesión.

Carabobo: Diario Notitarde se convertirá en semanario

La noticia que se había postergado en la sala de redacción de Notitarde finalmente se hizo pública. El diario se transformará en semanario desde el viernes 29 de junio, tras perder la batalla contra la escasez de insumos.

Se conoció que la versión semanal será un encartado del periódico hasta que la gerencia decida cesar la circulación diaria. Desde principios de 2018 se habían implementado reducciones en la paginación al pasar de 48 a 32, y más recientemente a 16.

La plantilla del semanario estará conformada por solo cinco periodistas de confianza de la junta directiva, instalada desde enero de 2015 cuando la empresa fue vendida y cambió dramáticamente su línea editorial a una oficialista. El resto del personal, de aproximadamente 20 comunicadores sociales, será liquidado, incluyendo a quienes tienen hasta más de 15 años trabajando para el rotativo.

La migración a la plataforma digital por la escasez de papel, tintas y planchas también había sido planteada, pero ya parte del personal de redacción fue enviado a ese departamento de la empresa que cumplió 42 años.

Desde la venta, varios periodistas han sido obligados a renunciar por no apegarse a las nuevas exigencias editoriales. Sobre esto, resaltó el caso de dos reporteros gráficos y dos comunicadoras que fueron despedidos por darle “me gusta” a la publicación de una colega en su cuenta personal de Instagram, en la que narró un altercado que tuvo con el director del medio, Gustavo Rísquez.

Luego del cese de circulación de El Carabobeño en marzo de 2017, tras 83 años de operaciones, el estado Carabobo quedará solo con un medio impreso: La Calle.

Derechos Digitales: Pedro Jaimes Criollo denunció tratos crueles en El Helicoide

Pedro Jaimes Criollo, administrador de la cuenta de Twitter @AereoMeteo que había estado un mes desaparecido, estableció nuevamente comunicación con sus familiares el 15 de junio,  luego de su detención por difundir información sobre la ruta del avión presidencial rumbo al estado Aragua el 10 de mayo de 2018.

De acuerdo con la información publicada por la organización Espacio Público (EP), Criollo se comunicó con sus familiares y aseguró estar detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide, en Caracas, y tener una costilla fracturada debido a los tratos crueles que ha sufrido durante su reclusión.

Criollo fue visto por última vez el 12 de mayo durante la audiencia de presentación en el Tribunal 3° de Control de la ciudad de Los Teques (Miranda), en el cual se dictaminó  su privativa de libertad.

El 29 de mayo, EP había realizado una solicitud formal de hábeas corpus ante el Tribunal 51° de Control del Área Metropolitano de Caracas (AMC) entregada al Fiscal General y al Defensor del Pueblo designados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para solicitar garantizar la seguridad personal del detenido.

Información pública

Antes de su detención el usuario de la cuenta @AereoMeteo publicaba mensajes e imágenes sobre información satelital del estado del tiempo en Venezuela y el mundo, así como datos concerniente al  servicio de radares aeronáuticos.Criollo fue detenido por Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por publicar en un tweet la ruta exacta que llevaba el avión presidencial que trasladaba al presidente Nicolás Maduro al estado Aragua. Sin embargo, la divulgación de la información aeronáutica o climatológica no se encuentra supeditada a ninguna restricción de publicación en Venezuela, por lo que esta acción no puede ser catalogada como un acto que atente contra la seguridad de ningún ciudadano.

Sistematización de arrestos

Las represalias por expresiones en línea continúan siendo un patrón recurrente tal y como lo demuestra Informe anual Derechos Digitales 2017 Internet con la bota puesta.

En 2017 las represalias IPYS Venezuela registró cuatro detenciones arbitrarias que se dieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado, así como medidas de interceptación de comunicaciones personales que violaron el derecho a la privacidad.

El primer caso registrado fue el 1 de septiembre de 2017 en la ciudad de San Felipe, Manuel Felipe Castro, técnico radiólogo, fue detenido por la publicación de mensajes en su cuenta de Facebook en los que denunciaba las deficiencias en los hospitales. De esta forma se convirtió en la primera víctima por la publicación de mensajes de presunta “incitación al odio”. El hecho ocurrió durante las primeras sesiones de discusión del proyecto de ley de la norma contra el odio, antes de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y en la que se establecieron delitos penales.

En el mes de octubre, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Lara detuvieron a Lenny Josefina Martínez González, una trabajadora del Hospital Pastor Oropeza de la ciudad de Barquisimeto, luego de señalarla como presunta responsable de la divulgación de unas fotografías que se hicieron virales en las redes en las que se mostraba a un grupo de mujeres en labores de parto en la sala de espera del recinto hospitalario, y que provocaron la condena por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Un día antes habían sido detenidas las estudiantes de medicina Miriam Carolina Valiño Perozo y María Josefina Brizuela Medina, junto a otros 5 miembros del personal del Hospital, por investigaciones relativas al mismo caso.

Desde Ipys Venezuela hacemos un llamado al cese de las detenciones arbitrarias por emisión de expresiones y opiniones en redes sociales, que solo favorecen el menoscabo de los derechos digitales de los venezolanos.Según la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la Organización de Estados Americanos (OEA), la libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todos los ciudadanos, y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática y se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Además, establece que cualquier tipo de restricción sólo resulta aceptable cuando se cumplen con los estándares internacionales que disponen que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”).

Balance semanal IPYSve | Cinco presos políticos tienen medidas de censura previa