Una manifestación contra el chavismo en Florida, en 2015. GEtty

Febrero 10, 2018-. El departamento de Inmigración endurece el proceso ante la ola de peticiones de amparo

La ola de emigración venezolana a Estados Unidos sigue disparándose. Las peticiones de asilo político llegaron en 2017 a 29.250 según el departamento de Inmigración. El doble que en 2016, cuando se registraron 14.738 y los venezolanos fueron por primera vez los que hicieron más solicitudes de amparo, superando a los chinos. En el último lustro, desde la muerte en 2013 del expresidente Hugo Chávez y en paralelo al galopante deterioro de la situación económica y política, el número de peticiones de asilo de venezolanos se ha multiplicado por 37. En 2013 lo pidieron 786.

Estados Unidos, que con Donald Trump en la presidencia ha adoptado una política de restricción de la inmigración y el asilo, ha empezado a tomar medidas para intentar contener el masivo movimiento de peticiones de venezolanos. Inmigración anunció el 31 de enero que a los nuevos solicitantes los convocará para una entrevista con un oficial en menos de tres semanas para “disuadir a las personas de utilizar los retrasos en el procesamiento de casos de asilo con el único fin de obtener autorización de empleo”. La norma se impone para todas las nacionalidades, pero el motivo principal es la inmigración masiva de venezolanos que escogen esta vía para asentarse en EE UU.

Hasta ahora las entrevistas se fijaban antes para las peticiones más antiguas, y el tapón burocrático hacía que la cita tardase tres o cuatro años en llegar. Entretanto, los solicitantes podían estar legalmente en EE UU y recibían un permiso de trabajo. La nueva medida estrecha el margen de maniobra y ha despertado inquietud entre la comunidad venezolana. Muchos de ellos no cuentan con pruebas sólidas para demostrar que son perseguidos políticos en su país, explica Ángel Domínguez, abogado de un bufete de Miami que lleva casos de venezolanos. “Utilizan el mecanismo del asilo político para poder contar con una estancia legal, pero salieron de su país por problemas económicos, por el agravamiento de la situación humanitaria, no porque los persiguiese el Gobierno”.

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