Fotografía de Verónica Aponte.

Mayo 15, 2017.- Ante la crisis política, académicos, investigadores y científicos se han pronunciado para denunciar al gobierno de Nicolás Maduro por “el desconocimiento de las funciones de la Asamblea Nacional”, por la “obstaculización de hacer llegar ayuda humanitaria en materia de medicinas y alimentos a la población” y “el uso de grupos paramilitares para el control de protestas”.

A continuación publicamos el comunicado:

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Los académicos, investigadores y científicos que suscriben, ante la feroz represión armada del régimen presidido por Nicolás Maduro Moros contra las protestas pacíficas de la sociedad en defensa de su soberanía por el rescate de la democracia en Venezuela, declaramos a la opinión pública internacional:

La protesta nacional reclama la salida de Maduro Moros de la Presidencia de la Republica, por su clara intención en obstaculizar la provisión de medicamentos y alimentos a la población requeridos inmediatamente con carácter de urgencia y por razones humanitarias, ante la calamitosa inexistencia de inventarios. Esta intención resulta de un deliberado intento del gobierno de ejercer control político a través del hambre y la escasez. A esto se suma el apadrinamiento financiero y la provisión de armamento de guerra hecha por el gobierno a grupos paramilitares (“colectivos”) con la intención de aterrorizar la población y suprimir cualquier protesta a través del miedo.

Igualmente, la protesta reclama la restitución de la soberanía de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, órgano representativo y soberano electo por la sociedad venezolana en elecciones libres el pasado 6 de diciembre de 2015 para ejercer su función legislativa y de control del gobierno.

La negativa reiterada del gobierno presidido por Maduro Moros en llamar a elecciones, violenta los calendarios electorales, al negarse a elegir nuevas autoridades a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), para permitir al pueblo de Venezuela decidir su futuro de manera democrática. Por el contrario, su decisión reciente de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin seguir el tramite previsto en la Constitución, evidencia su clara intención de emplear este mecanismo para eliminar la disidencia política y extender el mandato presidencial más allá de los limites previstos por aquella.

La protesta reclama la restitución del Estado de Derecho y separación de poderes, negada por la intervención desembozada del Poder Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es utilizado como un instrumento de represión más, como vehículo para dar visos de constitucionalidad espuria a actos represivos y contrarios a la Constitución.

La represión política del gobierno venezolano niega derechos humanos elementales y viola los artículos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones, principios igualmente reiterados en otros instrumentos internacionales en defensa de la integridad personal.

También viola el artículo 7  del Estatuto de Roma aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, pues dichos actos son crímenes contra la humanidad cometidos deliberadamente contra la población venezolana.

Los hechos que acreditan la violación a estos derechos son:

 La negación reiterada del gobierno en crear un canal humanitario para permitir el aprovisionamiento internacional de medicinas y alimentos;   El armamento deliberado de milicias paramilitares (“colectivos”) en alianza con las fuerzas de seguridad del régimen, con la intención política de aterrorizar la población;  El asesinato selectivo de jóvenes manifestantes por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y por la policía política del régimen, SEBIN;  El ataque infundado y desmedido a protestas pacíficas, con armas de represión brutal, perdigones, tanquetas y bajo el auxilio de grupos paramilitares;

 La internación de líderes políticos como presos políticos, su aislamiento y torturas verificadas por diferentes instituciones de prestigio internacional y ONGs de derechos humanos.

En vista a la evidente ruptura del orden constitucional y creación por Maduro Moros de un régimen de facto en Venezuela, urgimos a la comunidad internacional activar las siguientes acciones a fin de contribuir a restituir el sistema democrático en Venezuela:

Primero, solicitamos la congelación de cuentas bancarias pertenecientes a funcionarios cómplices del gobierno de Venezuela en violaciones de Derechos Humanos.

Segundo, solicitamos la intervención inmediata de las Naciones Unidas para asegurar la creación de un canal de ayuda humanitaria que permita traer medicinas y alimentos a Venezuela con carácter urgente.

Tercero, solicitamos se exija la inmediata liberación de todos los presos políticos que permanecen encarcelados en la actualidad.

Cuarto, solicitamos se exija de inmediato al gobierno de Venezuela, bajo pena de sanción internacional, la convocatoria a elecciones supervisadas por observadores internacionales reconocidamente imparciales, a más tardar en diciembre de 2017. Entretanto, solicitamos la salida perentoria de  Maduro Moros de la Presidencia de la República, por abandono del cargo, y su reemplazo por un gobierno de transición acordado con las partes en conflicto.

Todas estas acciones deben tener una supervisión internacional, administrada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Atentamente,

Académicos, Investigadores y Científicos firmantes:

Lea acá la declaración de los académicos sobre la crisis política en Venezuela