Mayo 17, 2017.- “El afán de meter miedo es una reacción natural de aquellos que tienen miedo”, esta frase, recordada por el periodista Federico Andahazi en un artículo para InfoBae sobre el kirchnerismo, parece ser adecuada para describir lo que está ocurriendo con el gobierno venezolano en la actualidad.
A pesar de tener una inflación estimada en 92,8% por el diputado y economista José Guerra hasta abril de 2017 y cuya proyección anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará en 720%; sumándole un desabastecimiento de medicamentos que supera el 85% (según Fefarven) y una escasez exacerbada de alimentos; Nicolás Maduro no ha escatimado en gastos para reprimir todas las movilizaciones en su contra de los últimos 45 días.
El valor del equipamiento antimotín varía y lo usual es que sea vendido al mayor. Según los portales que venden armas y municiones en Estados Unidos una granada lacrimógena, similar a la que utilizan los cuerpos de orden público del Estado venezolano, tiene un precio que oscila entre los 10 y los 46 dólares, mientras que las municiones para armas no letales cuestan alrededor de 9 y 12 dólares.
Entre 10.000 y 46.000 dólares diarios para reprimir una manifestación
Para calcular un estimado de lo que invierte el Gobierno en represión, tomamos el precio mínimo que exige el portal Atlantic Tactical para hacer una compra de equipo antidisturbios (300 dólares) y al convertirlo a dólar Simadi (725 bolívares), da un total de 217.500 bolívares.
Con esos 217.500 bolívares el gobierno traería al país sólo once de las granadas lacrimógenas más económicas y sólo seis de las más costosas. Tomando en cuenta que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparan entre 1.000 y 1.500 granadas lacrimógenas por manifestación, eso significaría que al gobierno le cuesta entre 10.000 y 46.000 dólares diarios reprimir a los venezolanos que protestan únicamente en Caracas.
El 60% de las bombas lacrimógenas y perdigones que importó el gobierno entre 2008 y 2011 -que continúan usando en la actualidad- son de la marca brasileña Cóndor y gracias a los informes difundidos por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (Mdic) se pudo conocer que Venezuela compró cerca de 143 toneladas de mercancía por un valor de 6,5 millones de dólares. El restante 40% corresponden a ejemplares de producción nacional (Cavim), en asociación con firma española Falken.
¿Escasez de bombas?
Sin embargo, hace poco el periodista Nelson Boracaranda informó que tras más de 40 días de protestas continuas, el inventario de equipo antimontín se está reduciendo considerablemente y que Nicolás Maduro está priorizando en la compra de nuevos cargamentos de municiones no letales.
“Norinco es la empresa china que suministra a la PNB y la GNB pero pidió que paguen la deuda primero. Los mismo pasó con Rusia. La empresa Cóndor de Brasil también ha pedido el pago por adelantado. Otras bombas las hace Cavim con la española Falken. Los negocios militares inundaron el país hasta de bombas ya vencidas y por ello más peligrosas para la salud”, expresó Bocaranda en el portal Runrunes.
La obsesión de Maduro por continuar reprimiendo a un país que exige soluciones a los grandes problemas que padece, delata, como advierte Moisés Naim, otro caso de la paradoja propia de la política mundial en la actualidad, en la que los dictadores o autócratas se esfuerzan por montar las más elaboradas pantomimas democráticas a pesar de que, en sus propias acciones, revelan la verdadera naturaleza autoritaria de su régimen.
El verdadero costo que debería considerar el Estado en la actualidad es el político, el que se mide en apoyo popular y en la disposición y determinación de una sociedad a continuar apoyando a sus líderes; porque al final del día, cada munición que se dispara contra un pueblo que lucha por sus derechos, lejos de acabar con el hambre, la inseguridad, la escasez, la pobreza y la precariedad, lo que termina es de socavar el apoyo a una revolución, cuyos ideales fundacionales buscaban erradicarlos.
Asimismo, el Ejecutivo debería tener en cuenta el precio que deberá pagar en la comunidad internacional, que cada día genera más pronunciamientos, se unifica y alza la voz en contra de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, condenando la postergación de las elecciones y la gran cantidad de presos políticos que se incrementa diariamente en el país.
Y finalmente, conocerá muy pronto las consecuencias de actuar en contra de su propia militancia, al atacar el “legado de Chávez” mediante una Asamblea Nacional Constituyente que busca reescribir la Carta Magna de 1999 y al enfrentar a la propia Fuerza Armada Nacional contra el pueblo, contrariando el principio chavista de la “unión cívico-militar”.
