Abril 20, 2017.- El juez fue designado a dedo, la fiscal pretende precalificaciones en masa y las audiencias las estiman en un fuerte militar, fuera de la sede tribunalicia, asegura José Torres, coordinador regional del FPV en Portuguesa
Este jueves 20 de abril se inician las presentaciones judiciales de los 28 jóvenes que fueran apresados durante la jornada de protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Guanare, capital del estado Portuguesa, el pasado 19 de abril.
De acuerdo a lo expresado por José Torres Leal, coordinador regional del Foro Penal Venezolano (FPV), tanto el proceso de las detenciones como el proceso judicial se avista fuera del marco legal. “Se nombró a dedo un juez suplente, Marcelo Sulbarán, y no se convoca al juez de control que cumple la guardia, lo que hace suponer que hay una estrategia predeterminada contraria a la ley”, precisó el abogado. También ha señalado Torres que la fiscal quinta, Rebeca Pacheco, maneja la idea de precalificar en forma generalizada los delitos de terrorismo, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir, además de utilizar las actas de aprehensión de la Guardia Nacional (GN) como el inicio del proceso de investigación, desestimando que estas no son objetos ni medios de prueba para precalificar delitos.
Torres mostró preocupación por el deseo de las autoridades judiciales de celebrar las audiencias en la sede del Destacamento de la GN en Guanare, siendo que estas instalaciones militares no son los lugares naturales ni apropiados, de acuerdo a la ley, para celebrar juicios. “Aquí lo que estamos viendo es una intención velada de obediencia a instancias superiores de poder encabezadas por el gobernador Reinaldo Castañeda y la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)”, dijo Torres.
Ramón Corredor, quien forma parte del grupo de abogados liderados por Torres, denunció junto a las madres de los detenidos en las adyacencias de la sede militar, que hay intencionalidad política en este proceso de administración de justicia. “Presumimos hechos graves y estamos atentos a auxiliar a las víctimas para lograr su libertad”, expresó.
Más allá, en la plaza Andrés Bello, un grupo de madres se reunió para expresar su solidaridad a las familias de los 28 detenidos. María Oropeza, Ninejaja Colmenarez y Zoraida Colmenarez señalaron a los colectivos que actuaron bajo el amparo de la Guardia Nacional como responsables de la quema de Hidrosportuguesa, la tesorería del estado y el abasto Bicentenario.
Foro Penal advierte irregularidades en proceso a detenidos por protesta en Guanare
