Marzo 14, 2017.-El informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) refleja la respuesta persistente y creciente del gobierno contra dirigentes opositores, actores sociales, medios de comunicación y periodistas, lo cual refleja, además de la criminalización de las voces que por naturaleza pertenecen al ecosistema democrático, el avance de la administración Maduro hacia un proceso plagado cada vez más de autoritarismo.

Los casos de persecución política en Venezuela que el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró en su informe de 2015 se han repetido de forma sistemática en los siguientes años. No solo dirigentes políticos de oposición han sido objeto de esta práctica intimidatoria, defensores de derechos humanos y periodistas también se incluyen en la lista de perseguidos políticos por su disidencia del Gobierno venezolano.

El informe de Cepaz evidencia las represiones a través de apertura de procedimientos judiciales, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a la propiedad privada, a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de las funciones públicas y aquiescencias de actos violentos.

Entre los casos de representantes opositores en el Poder Legislativo, Cepaz registra a Richard Mardo, quien además de allanársele su inmunidad parlamentaria sigue siendo juzgado pero en libertad; el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, acusado por Diosdado Cabello de contribuir en la planificación de un golpe de Estado, mientras la Contraloría abrió un procedimiento en su contra por “presunta inconsistencia en declaraciones juradas de patrimonio, del cual no se tiene conocimiento actualmente. Asimismo, en junio de 2016, el diputado Borges fue agredido por simpatizantes del gobierno mientras caminaba desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) hacia la Asamblea Nacional, dejándole todo el rostro ensangrentado.

Sobre el ex diputado Juan Carlos Caldera refieren que su situación no cambió desde el allanamiento de su inmunidad parlamentaria en 2014, siendo actualmente procesado penalmente por recibir dinero en forma irregular de parte del empresario Wilmer Ruperti -conocido por sus grandes negocios con el Gobierno-, para financiar la campaña electoral de Henrique Capriles Radonski en 2012.

En el caso de María Corina Machado, cuya inmunidad también fue allanada, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por un año, impidiendo que presentara su candidatura para las últimas elecciones parlamentarias. “Durante 2015 y 2016 fue objeto de distintos ataques a través de medios públicos por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional. En este sentido, ha sido públicamente criminalizada, al ser referida como María Violencia, como promotora de la violencia, la guerra, la maldad y al ser acusada de promover golpes de Estado en Venezuela”.

Se mantienen patrones de represión

En la mayoría de los casos se han mantenido los patrones de persecución política contra dirigentes opositores. El gobernador Henrique Capriles Radonski siguió siendo blanco del discurso oficial y además, las movilizaciones políticas en las que estaba presente fueron atacadas con armas de fuego. “Recientemente, el 11 mayo de 2016, fue atacado con gases lacrimógenos arrojados directamente a su rostro por la Policía de Caracas, cuando intentaba proseguir la marcha hasta la sede del CNE, debido a ello tuvo que ser trasladado a un centro asistencias de urgencia para su recuperación”, recoge el informe.

Las represiones incluyen ahora las agresiones por parte de colectivos armados identificados con el oficialismo, como ocurrió en la marcha del 1 de septiembre de 2016.

El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, Delson Guarate “fue otro de los funcionarios detenidos el 1 de septiembre de 2016 por motivos políticos, por participar de la manifestación llamada La toma de Caracas convocada por la oposición. El alcalde fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin dentro de la sede de la Alcaldía, por presunta comisión de dos delitos ambientales, que son la disposición indebida de residuos y desechos sólidos peligrosos y, la contravención de planes de ordenación del territorio; además se le imputaron otros dos delitos, que son detención de arma de guerra y asociación para delinquir”.

2017 no escapa de la persecución política a la disidencia. En las primeras semanas de enero fueron detenidos el diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, el concejal de Heres Roniel Farías, el de Maracaibo Jorge Luis González, y el diputado nacional Raúl Baduel.

Otros casos emblemáticos siguen en la palestra, bien sea por retardo procesal o violación de derechos humanos; entre ellos, Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.

Los ataques oficialistas se han concentrado también hacia la representación actual de la Asamblea Nacional, limitándole sus funciones legislativas a través de la figura del desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Persecución a actores sociales

Defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores no escapan de las retaliaciones políticas. Los casos fueron evidenciados con los despidos a los trabajadores que firmaron por el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro.

El informe de Cepaz recuerda el caso de Rocío San Miguel, despedida en 2004 del Consejo Nacional de Fronteras por firmar por el revocatorio contra Hugo Chávez. Desde entonces, “ha sido objeto de ataques e intimidaciones, en reiteradas oportunidades por parte del diputado Diosdado Cabello a través de su programa Con el mazo dando, transmitido por la televisora pública Venezolana de Televisión. Los patrones presentados en este caso son: persecución a través de los medios de comunicación, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a la propiedad privada y aquiescencia de actos violentos”.

Las persecuciones en contra de Marco Antonio Ponce, coordinador general de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), iniciaron en 2014, luego de presentar los resultados de su investigación demostrando que solo el 8% de las protestas que tuvieron lugar durante el año 2014 fueron de carácter violento, contrario a lo dicho por el Gobierno nacional.

El Foro Penal Venezolano (FPV), ONG conformada por abogados que brindan asistencia jurídica gratuita a víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, tratos crueles e inhumanos o maltratos, al momento de ser detenidos, también se incluyen en la lista de los acechados por el Ejecutivo.

“Durante el año 2013, por ejemplo, Tamara Suju fue señalada como promotora de acciones violentas por parte del ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres, durante una entrevista en un programa de la televisora Televen, conducido por un reconocido simpatizante de la revolución bolivariana, José Vicente Rangel. De forma similar, tanto Tamara Suju como otros miembros del FPV han sido públicamente catalogados por altos funcionarios del Gobierno nacional como traidores a la patria, operadores políticos y conspiradores, entre otros calificativos. Por otra parte, algunos miembros del FPV han sufrido formas de hostigamiento por parte de agentes públicos y privados. En este sentido, según denuncias del propio FPV, Luis Armando Betancourt ha sido perseguido por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), presuntamente por ser el abogado de uno de los jóvenes manifestantes de las protestas de 2014”.

La publicación también recoge que el coordinador del Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, fue víctima de un ataque a su integridad personal cuando fue golpeado, robado y secuestrado en su residencia junto a su hijo de nueve años de edad. Pese a que el Ministerio Público inició una investigación de los hechos, aún no han encontrado a los responsables de la agresión. “Tanto Marino Alvarado como Provea han sido criminalizados y hostigados públicamente por altos funcionarios del Gobierno venezolano”, agrega Cepaz.

Periodistas hostigados

No solo en el gobierno de Chávez pasó factura a medios de comunicación, como RCTV. En el gobierno de Maduro se han incrementado los ataques a la prensa, incluyendo agresiones físicas a periodistas y reporteros gráficos.

“Esto se traduce en un círculo vicioso que alienta un clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan información son tratados como enemigos públicos. La principal consecuencia: una prensa inhibida y una sociedad desinformada”, menciona Cepaz sobre el informe de Espacio Público, que registra que el 46% de las víctimas de este tipo de violación fueron periodistas.

“El informe anual de la ONG IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) Venezuela señala 2015 como el año de mayores conflictos en materia de libertad de expresión y derecho a la información que hayan registrado, además de observar un crecimiento importante en el número de casos desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, contabilizado un total de 1.016 casos de violaciones a la libertad de expresión e información desde enero del 2013 hasta diciembre del 2015”.

Los resultados del informe determinan que pese a todas estas hostigaciones a la disidencia, Venezuela sigue dentro de un contexto político de protestas y pronunciamientos en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

“En Venezuela existe persecución sistemática, no se trata de casos aislados, ya que el gobierno actúa de manera persistente y consistente en contra de la disidencia ya no solo en relación a los líderes políticos de la oposición venezolana, sino también ONG y activista de derechos humanos, periodistas y personalidades internacionales que no compartan la visión política del gobierno”.

En todos los casos se manifiesta la violación a derechos humanos consagrados en la Constitución nacional y pactos internacionales suscritos por Venezuela.

“El gobierno busca silenciar las opiniones disidentes a su gestión y/o ideología, sin importar si son líderes políticos, activista de derechos humanos o personalidades internacionales. La respuesta gubernamental ha sido la misma: persecución, agravando la crisis existente en materia de derechos humanos y principios democráticos”, concluye el informe de Cepaz.

453 trabajadores de medios de comunicación y activistas de DD HH fueron agredidos durante 2015

Gobierno de Maduro criminaliza el ejercicio democrático al agudizar persecución política contra opositores, medios y ONG