Enero 02, 2017.-Liliana Ortega, directora de Cofavic, dijo que la falta de independencia de los Poderes Públicos favorece la impunidad
El balance de 2016 en derechos humanos es alarmante, consideran Liliana Ortega, directora de Cofavic, y Rocío Guijarro, directora de Cedice. Ambas coinciden en que en el país existe una impunidad que impide garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos.
“En este año que termina no hay ningún balance que celebrar en materia de derechos humanos. Hay varios temas transversales que tienen que ver con la violencia que afecta a la libertad de expresión, la situación carcelaria, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, entre otros, y que inciden de forma generalizada en toda la sociedad. Hay una impunidad institucional, una impunidad sistemática que hace que la mayoría de las víctimas no tenga esperanza de conseguir justicia”, dijo Ortega.
Añadió que la discriminación es en todos los ámbitos. Denunció que hay una discriminación política que se manifiesta de forma particular en los sectores populares mediante la distribución de alimentos. Señaló que en esas zonas se desarrollan mecanismos represivos “bajo un manto de seguridad ciudadana”, que no solo involucran a las OLP sino también otras operaciones de control del orden público en las que actúan varios funcionarios policiales.
Dijo que se denunciaron episodios de represión en Tumeremo y más recientemente durante los saqueos y las alteraciones del orden público en Ciudad Bolívar. “El establecimiento del orden público es un deber del Estado y debe hacerse bajo el amparo de los derechos humanos y el debido proceso”, indicó Ortega.
La directora de Cofaviv señaló que las ejecuciones extrajudiciales se han incrementado: 699 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y hasta el primer semestre de 2016 se ubicaron en 1.400.
“La independencia de los Poderes Públicos es fundamental para el respeto y las garantías de los derechos humanos y eso ni ocurre en el país”, añadió. Agregó que una muestra de esto es la declaratoria de estados de excepción sin el control de la Asamblea Nacional. Exhortó al gobierno a construir una agenda de derechos humanos y establecer nexos con la sociedad civil.
Restricciones. Rocío Guijarro, directora de Cedice, dijo que el gobierno está reprobado en materia de derechos humanos y coincidió con Ortega en que hay impunidad sobre la materia. Señaló que se han violado derechos económicos, así como el derecho a la propiedad del dinero, y la posibilidad de adquirir bienes y el derecho a la vida.
“Se ha negado el derecho de los comerciantes, el de los ciudadanos a comprar y ha aumentado la pobreza y la miseria. Es un círculo perverso y no creemos que el gobierno pueda alcanzar una buena nota en un futuro cercano”, indicó.
De acuerdo con la auditoría de libertad económica, presentada por Cedice en noviembre, “la libertad económica es la base para la prosperidad de los países, promueve la estabilidad política, la creación de trabajo productivo, el emprendimiento. En los años 80 Venezuela estaba entre los primeros 20 países con mejor libertad económica. A partir de los 90 su calificación fue bajando, debido a grandes restricciones a la libertad económica y se coloca hoy en el último lugar como el país más reprimido, debido a medidas de controles de precios y cambios, violación a los derechos de propiedad, restricciones monetarias, inflación y ninguna independencia de los Poderes Públicos”.
