Diciembre 10, 2016.-Este sábado 10 de diciembre se cumplen 15 días del anuncio oficial que corroboró las preocupaciones de organizaciones civiles en Venezuela y las de países como Argentina y Canadá acerca de las ejecuciones extrajudiciales.
Hoy, mientras el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos 12 familias en Barlovento (Miranda) y 9 en Cariaco (Sucre) permanecen de luto porque lo que era un operativo de seguridad ejecutado por militares se convirtió en una masacre.
Hace un mes el Estado venezolano, representado en 40 voceros del Ejecutivo nacional, se paró ante 103 países para exponer cómo se encuentra el cumplimiento de los acuerdos suscritos a través de la Organización de Naciones Unidos.
Allí la delegación de Argentina manifestó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales por lo que recomendó a Venezuela que se atendieran las denuncias sobre esta vulneración de los derechos humanos; y Canadá pidió que se eliminaran los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) por considerar que dentro de estos despliegues se viola el derecho a la vida.
Esta semana la Fiscalía informó que son 17 los militares que están procesados por el caso de Barlovento y finalmente alcanzó la identificación de las 12 osamentas que localizaron en una fosa común en El Café del municipio Acevedo estado Miranda. Los 12 cuerpos identificados son los de Carlos Marchena, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanza, Dennys Acevedo, Héctor Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Martínez, Jairo Rivas y Kenry González. Días después de encontrar la fosa común se localizó el cuerpo de Junior Meneses, adolescente también detenido y torturado por el Batallón Caribe 323 del Ejército.
Venezuela aseguró que en marzo de 2017 daría respuesta a las recomendaciones que dieron sus pares luego de escuchar las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez durante el Examen Periódico Universal que se realiza a los países miembros de la ONU.
Sin embargo, se comprometió voluntariamente con 24 medidas relacionadas con el sistema penitenciario, seguridad ciudadana, formación de funcionarios, carrera judicial y fiscal, economía, prevención del embarazo temprano y mortalidad materna, poder popular, alimentación, acceso a la educación universitaria, diversidad sexual, derechos de la mujer, tráfico de personas y atención a las personas con discapacidades.
“Las 274 recomendaciones serán examinadas por Venezuela y la respuesta se brindará a más tardar en el próximo período de sesiones que se celebrará en marzo del año que viene”, recordó el delegado de Nigeria al finalizar la EPU.
La deuda se extiende así hasta el final del primer trimestre del 2017 y queda la duda de si el Ejecutivo nacional estará dispuesto a aprobar recomendaciones sobre la libertad de expresión (tema mencionado por al menos 30 países según la cobertura de Runrunes en Ginebra), la liberación de presos políticos, la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales, el respeto a la separación de los poderes y el hacinamiento carcelario.
