Septiembre 06, 2016.- Todos hemos tenido conocimiento de la forma arbitraria como se llevó a cabo la detención del periodista y abogado Braulio Jatar Alonso, no es una práctica nueva para un régimen criminal y despiadado, violador de los DDHH más elementales de los ciudadanos en Venezuela, sin embargo, cada vez se hace más alarmante su forma de proceder, a niveles que aterrarían al más valiente.
Como todos en este país vivimos en libertad condicional, esta vez le tocó a Braulio Jatar Alonso, Director de la web de noticias Reporte Confidencial, quien fue detenido el pasado sábado luego de haber difundido vídeos en donde se podía ver a los habitantes de la comunidad de Villa Rosa, Edo Nueva Esparta, hastiados de tanta miseria, tocándole cacerolas al propio Nicolás Maduro durante su visita a esa localidad. Esto no fue una simple detención, no sólo fue arbitraria por haber sido llevada a cabo sin orden judicial y sin que se estuviera cometiendo un delito flagrante, sino que durante largo tiempo se desconoció el paradero de este ciudadano, puesto que las autoridades que llevaron a cabo su detención, se negaban a dar información respecto a ella a los familiares del agraviado, lo que constituyó por largas horas, una desaparición forzada de personas.
Luego de lo anterior, en horas de la noche se procedió a realizar un allanamiento a la residencia del periodista con la finalidad de “encontrar” evidencias de interés criminalístico que sustentaran la ilegal detención, como era de esperar no fue posible tal hallazgo; de manera que se optó por revisar el carro del detenido en donde milagrosamente se encontró cierta cantidad de dinero dentro de un maletín. No pasó mucho tiempo para que se conociera de manera pública que el delito que se pretendía imputar a este ciudadano era el de Legitimación de Capitales, delito de tal gravedad y considerado de lesa humanidad por la Sala Constitucional del TSJ, que haría posible el decreto de una medida privativa de libertad por parte de cualquier Órgano Jurisdiccional, como en efecto sucedió.
Ahora bien, la Legitimación de Capitales, lavado de dinero o blanqueo de capitales, como se le denomina en otros países, es un delito que de ninguna manera se acredita con el simple “hallazgo” de cierta cantidad de dinero. Este complejo delito, propio de la delincuencia organizada, se define como la acción de integrar dinero o fondos de origen delictivos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita; en virtud de ello, pese a tratarse de un delito autónomo, supone una serie de requisitos que hagan posible su configuración, entre muchos de ellos, ha de encontrarse acreditada una actividad ilícita previa de donde se obtienen fondos ilegales; debe existir la efectiva colocación de esos fondos ilícitos en el sistema financiero legal, y una pluralidad de individuos involucrados; de manera que no se trata de un delito susceptible de una simple flagrancia, este requiere de una exhaustiva y ardua investigación previa. Entonces, a quien en su sano juicio se le ocurre pensar que a una persona a quien se le incauta cierta cantidad de dinero, pueda ser imputado por la comisión del referido delito? Es tan burda la imputación que ni siquiera con una “siembra” de dinero se puede sostener.
Una vez más se pone en evidencia que el régimen que impera y opera en Venezuela, usa tanto a organismos de seguridad del Estado, como al Poder Judicial, como instrumentos para llevar a cabo la persecución y detención de aquellos ciudadanos a quienes les considera adversos, incluyendo a los periodistas cuyo único delito ha sido informar, en la mayoría de casos con pruebas tangibles, sobre los desmanes de la Revolución y el desprecio que cada vez más siente la población venezolana hacia los protagonistas de esta; pero el castigo esta vez tiene que ser muy duro y ejemplarizante; así como lo fue en su momento con los jueces con el caso Afiuni, como lo fue con los abogados, como lo fue con el gremio médico, etc; tiene que ir más allá de una detención momentánea, de una incautación de equipos, de una amenaza, de una prohibición u obstrucción del ejercicio de una profesión y de la libertad de expresión; ahora tiene que acabar con la libertad y si les fuera posible, con la vida de algún periodista. Por ello, la gravedad del montaje del caso judicial contra Braulio Jatar Alonso, acompañado del irrespeto al resto de sus derechos humanos, sin duda, es una manera contundente de silenciar definitivamente a los periodistas en nuestro país.
Thelma Fernández
Abogado Penalista
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