c5-41-600x400Agosto 18, 2016.-(Prensa VAF) En este país para nadie es un secreto la manera como actúa el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Este organismo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela que depende del Ejecutivo Nacional, tiene como misión, según Gaceta Oficial Nro 39.436 del 01 de junio de 2010, contribuir con la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, identificando y neutralizando las amenazas que vulneren sus intereses, actuando dentro del ordenamiento jurídico vigente y con fundamental apego a las garantías y respeto a los derechos humanos. No obstante ello, la función que en la práctica desempeña este ente policial dista mucho de lo que establece el instrumento oficial que dispone su creación.

En este sentido vemos como el SEBIN se ha convertido en el aliado irrestricto del régimen que impera en Venezuela, para perseguir a la disidencia opositora del país o para sembrar evidencias incriminatorias a personas inocentes, por razones políticas o simple pases de factura por parte del gobierno contra sus enemigos. Como en toda dictadura, esta no se sostiene sin un Poder Judicial cómplice y sin una policía despiadada capaz de obedecer órdenes a ciegas sin importar si son contrarias a la ley, y así cometer los delitos más atroces en contra de sus víctimas.

No es poca cosa lo que ha realizado el SEBIN en estos últimos años al servicio de un régimen nefasto cuya especialidad es la violación de derechos. Estos hechos criminales van desde persecución física, siembra de evidencias, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas físicas y mentales, desapariciones forzadas de personas, hasta lo que se ha vuelto una práctica común en ellos, el desacato a la autoridad y la privación ilegítima de libertad.

El más reciente caso, donde se ponen de manifiesto los delitos de tortura, desacato a la autoridad y privación ilegítima de libertad; es el de los 14 Polichacaos quienes fueron involucrados de manera descabellada en el lamentable homicidio del periodista, ex director de prensa de la Asamblea Nacional, Ricardo Durán,  por cuanto presuntamente uno de los homicidas señaló que el arma involucrada en aquel delito se la llevó posteriormente un efectivo del citado cuerpo policial en un procedimiento. Tan descabellada fue la detención e imputación de estos funcionarios, quienes al igual que otros detenidos, han sido víctima de torturas mediante asfixia con bolsas plásticas llenas de productos químicos, aplicación de corriente en sus partes íntimas, golpes con objetos contundentes, y toda clase de tortura psicológica por parte del SEBIN; que al Ministerio Público no le quedó de otra que abstenerse de presentar acusación formal en su contra y, en consecuencia, fue decretada orden de excarcelación por parte del Tribunal conocedor de esa causa.

Sin embargo, una vez más el Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional en cabeza de su director de turno, aparte de los delitos ya mencionados, incurre en el delito de desacato a la autoridad y privación ilegítima de libertad de estos 14 ciudadanos, al desconocer esa orden judicial y mantenerlos detenidos luego de haber sido dictada a su favor boletas de excarcelación, violentado además el texto constitucional que en su artículo 44.5 señala claramente que: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente”

Lo dantesco de todo este asunto es la total impunidad con la que operan de manera abierta estos funcionarios públicos ¿Cómo es posible que ningún funcionario de este organismo de seguridad del Estado haya sido tan siquiera investigado por las constantes denuncias sobre violación sistemática del debido proceso y DDHH de detenidos y perseguidos políticos? Esto nos lleva a ratificar, sin dudas alguna,  que estos personajes operan por órdenes directas del Ejecutivo Nacional que controla la mayoría de los Poderes Públicos, entre ellos el Poder Judicial, ya que ni siquiera el Juez cuya orden de libertad se desacata, es capaz de actuar frente a este hecho, asimismo el Poder Moral integrado por la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, han sido capaces de impedir y castigar a los responsables de tan escandalosas prácticas.

En conclusión, en Venezuela opera una verdadera banda de delincuencia organizada, alarmante y más peligrosa de lo normal por estar conformada por  funcionarios públicos del Estado, cada uno con funciones específicas dentro de esa organización criminal: unos dan las órdenes, otros las ejecutan y el resto los encubre.

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