El norte de Correo del Caroní es el periodismo, no el propagandismo. Foto Archivo
El norte de Correo del Caroní es el periodismo, no el propagandismo. Foto Archivo
El norte de Correo del Caroní es el periodismo, no el propagandismo. Foto Archivo

Julio 25, 2016.-La Corte de Apelaciones regional reiteró la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, por la publicación de un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.

La condena de cuatro años de cárcel contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, ratificada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar esta semana, contraviene la jurisprudencia interamericana según la cual se reconoce que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público.

Expresamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha recalcado hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión.

El juicio a Correo del Caroní se remonta a 2013, cuando el empresario Yamal Mustafá demandó a Natera por difamación e injuria. Considera que lo difamó e injurió porque Correo del Caroní publicó la información sobre el proceso de investigación al caso de tráfico de mineral de hierro en Ferrominera, en torno del cual se creó una red de extorsiones en las que, tras las averiguaciones, aparecieron las cuentas de Mustafá.

Correo de Caroní no lo inventó. Las publicaciones estuvieron acompañadas por documentos e incluso, en esos días de junio de ese año, el periódico cubrió una rueda de prensa de Mustafá en la que insistía en su inocencia.

Trasfondos

La difamación y la injuria aplicaron solo para Correo del Caroní. No, por ejemplo, contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, que en cadena nacional se refirió directamente al hecho.

No, por ejemplo, contra el entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, quien habló de un saneamiento estructural a raíz de la investigación.

No, por ejemplo, contra el Departamento de Análisis Financiero de la Guardia Nacional Bolivariana, que rastreó una transferencia de 3,9 millones de dólares que transfirió Mustafá y cuyo origen era “la presunta extorsión de la cual estaba siendo objeto el ciudadano Radwan Sabbagh, a la cuenta Representaciones Doralito Citibank, N.A. New York”.

No, por ejemplo, contra 22 medios nacionales que reprodujeron la noticia. No. Todo recayó en Correo del Caroní.

Pues bien, a pesar de que Mustafá estuvo preso dos años y medio, hecho que validó la información que publicó Correo del Caroní, el proceso judicial contra Natera continuó hasta que en la madrugada del 11 de marzo de este año, el juez Javier Beltrán Lira lo condenó a los cuatro años de cárcel.

El proceso ha seguido el desarrollo en la Corte de Apelaciones. El martes el ente judicial ratificó la sentencia con todos sus elementos y añadió otros que son tácitos: la prohibición de salida del país, la sujeción a vigilancia durante una quinta parte de la condena y la inhabilitación política (todo, firmado por  Gilda Mata Cariaco, jueza presidenta de la corte; Gilberto José López, juez superior ponente; Jorge Carlos Méndez Villalba, juez superior y Gilda Torres, secretaria).

Falsos dilemas

Morris Sierraalta, parte del equipo defensor de Natera, observa en la parte dispositiva del documento de ratificación de la medida algunas inconsistencias. Más allá de las minuciosidades jurídicas, hay una que resalta: por su condición, el director de Correo del Caroní no podría cumplir su condena en prisión sino bajo arresto domiciliario. Y sin embargo, acá se insiste en lo primero.

“Le costó trabajo a la Corte de Apelación desechar nuestro argumento, y en algunos casos explica por la tangente para no ir al fondo de lo que se pide”, apunta.

El próximo paso tiene como norte la Sala de Casación, aunque la expectativa sea la misma por lo que ha señalado como el tinte de este juicio. Sin embargo, Sierraalta recuerda que es necesario agotar todas las instancias nacionales antes de acudir a las internacionales. Es eso lo que está previsto.

Sobre esos tintes que resalta el abogado defensor, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, apunta que no solo afectan a Natera: los afectados son también “los periodistas y los lectores. Hay una lógica que castiga la palabra”.

La parte querellante ha insistido en que una disculpa hubiese sido suficiente para retirar la demanda. Pero ello significaba desdecir la investigación que se desarrolló y que, por cierto, terminó con el sobreseimiento de la causa. Pero, además, hubiese sido desconocer los hechos y restringir a los ciudadanos el derecho a conocer los estados financieros de las empresas de Guayana: el derecho a estar informado.

“Hay un falso dilema: la necesidad de escrutinio contra el pretendido honor de unas personas. ¿Cómo hacemos si los hechos existieron? ¿Hubo un proceso judicial donde se investigó un hecho de corrupción? Sí. Si (Mustafá) es inocente o no, eso se cuenta. Pero, ¿de qué se va a retractar Correo del Caroní? Creo que no cabe, en todo caso, más que una suerte de retractarse de las intenciones que el otro piensa que este tuvo. Y la cosa no es así”, ironiza Correa.

Retractarse, además, implicaría promover el efecto de silenciamiento que, según el director de Espacio Público, se desprende como consecuencia de la censura: reducir el escrutinio público ante la corrupción.

Silenciar eso sería, además, naturaleza contraria del periodismo. Y periodismo, con virtudes y defectos, es el norte en Correo del Caroní. Para publicistas y propagandistas están otros.

http://correodelcaroni.com/index.php/caso-correo-del-caroni/item/47508-a4