La incertidumbre en los familiares de los reos se mantiene por la violencia dentro del recinto carcelario y los eventuales traslados
 La incertidumbre en los familiares de los reos se mantiene por la violencia dentro del recinto carcelario y los eventuales traslados
La incertidumbre en los familiares de los reos se mantiene por la violencia dentro del recinto carcelario y los eventuales traslados

Mayo 20, 2016.- Durante el tiroteo falleció Héctor Daniel Martínez Cedeño, de 21 años. El joven estaba recluido en el centro de coordinación desde el 15 de septiembre del 2014 por el delito de violación.

El panorama fuera de la comisaría de Guaiparo, en San Félix, ha cambiado desde el martes. Con armas de fuego, blancas y granadas, los líderes del pabellón A decidieron tomar el control del C. Los funcionarios no pudieron hacer mucho. El control de los reclusos sobre el recinto fue evidente; los oficiales no tuvieron otra opción que resguardarse y esperar refuerzos del Cicpc, de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fue del Centro de Coordinación Policial (CCP), también hubo gritos, desesperación, además de lágrimas, impotencia y rumores.

Aunque estos son centros preventivos de detención, para la estupefacción de muchos, los cuatro calabozos son controlados por pranes.

En poco tiempo el sitio se llenó de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Patrulleros de Caroní, del Cicpc, de la Policía Nacional Bolivariana y de la PEB. Así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.

Mediaciones e incautación

El único medio para los familiares saber de los apresados fueron las llamadas telefónicas. Eran cortas y concisas: “Estamos bien. Hubo plomo parejo y hay un muerto”, relatan los parientes lo que oyeron.

Tras mediar con tres pranes del CCP, depusieron las armas. Al ingresar los funcionarios constataron la muerte de Héctor Daniel Martínez Cedeño, de 21 años, recluso desde el 16 de septiembre de 2014 por el delito de violación.

El panorama fuera de la comisaría de Guaiparo, en San Félix, ha cambiado desde el martes. Con armas de fuego, blancas y granadas, los líderes del pabellón A decidieron tomar el control del C. Los funcionarios no pudieron hacer mucho. El control de los reclusos sobre el recinto fue evidente; los oficiales no tuvieron otra opción que resguardarse y esperar refuerzos del Cicpc, de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fue del Centro de Coordinación Policial (CCP), también hubo gritos, desesperación, además de lágrimas, impotencia y rumores.

Aunque estos son centros preventivos de detención, para la estupefacción de muchos, los cuatro calabozos son controlados por pranes.

En poco tiempo el sitio se llenó de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Patrulleros de Caroní, del Cicpc, de la Policía Nacional Bolivariana y de la PEB. Así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.

Mediaciones e incautación

El único medio para los familiares saber de los apresados fueron las llamadas telefónicas. Eran cortas y concisas: “Estamos bien. Hubo plomo parejo y hay un muerto”, relatan los parientes lo que oyeron.

Tras mediar con tres pranes del CCP, depusieron las armas. Al ingresar los funcionarios constataron la muerte de Héctor Daniel Martínez Cedeño, de 21 años, recluso desde el 16 de septiembre de 2014 por el delito de violación.

En el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo hay cuatro calabozos, A, B, C y un anexo, los cuales albergan a 404 detenidos, 60 de ellos están pagando condena allí y no en las cárceles que les fueron asignadas.

hubo respuesta del comisario del CCP Guaiparo.

Una fuente de la Defensoría del Pueblo expresó que el joven falleció tras accionarse una granada, la cual a través de las ondas expansivas lo pegó contra la pared y le causó la muerte.

A principios de septiembre, a raíz de más de una decena de presos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, más de 25 ONG emitieron un comunicado en el que alertaban sobre la violación de derechos humanos en centros penitenciarios y la falta de políticas para con este sector de la población.

Investigación

Velasco sostuvo que hay una investigación abierta, llevada por el jefe de la PEB, Miguel Gerónimo Guerra, para determinar la responsabilidad de algún funcionario en el ingreso de las armas, “sabemos de la prohibición y la tenencia de armamentos en los recintos carcelarios”.

“Tomaremos medidas severas y contundentes contra los funcionarios que estén implicados. Sabemos lo que significa y el daño que causa el tener armas adentro del recinto. A nosotros no nos corresponde el tener reclusos en las comisarías, porque no están preparadas para eso, pero sin embargo lo estamos haciendo”, agregó.

Reiteró que desde hace tiempo le han pedido al circuito judicial penal el traslado de dichos detenidos para que estos no estén en los centros, “esperemos que nos escuchen y que una gran cantidad -o todos- sean trasladados”.

Un problema nacional

El municipio Caroní tiene 10 CCP, adscritos a la Policía del estado Bolívar; en el resto del estado Bolívar hay 18 comisarías: Marhuanta y Agua Salada, en Ciudad Bolívar también operan como centros de reclusión preventiva. Al igual que el Cicpc, las comisarías no tienen presupuesto para la manutención de los presos.

Según el Código Penal, en 48 horas se debe colocar a disposición de un juzgado de control al privado de libertad para que el tribunal decida si va a continuar el proceso: privarlo de libertad o con una medida cautelar sustitutiva. De quedar privado de libertad se ordenaba inmediatamente su traslado a un sitio de reclusión previsto en el sistema penitenciario.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, asegura que “el Ministerio Penitenciario marcha por su lado, y los detenidos que están en las comisarías estadales y municipales marchan por otro, no hay una política uniforme en materia de personas que están detenidas”.

– ¿Se necesita una cárcel en Ciudad Guayana?

El estado Bolívar ha sido objeto de la burla del Gobierno nacional. Yo creo que todos los ministros han puesto una piedra y que a la nueva cárcel, se presume que esa nueva cárcel tendría como objeto especio para los presos de Vista Hermosa y los de Puerto Ordaz. Ciudad Guayana necesita su internado judicial. El Cicpc, PNB, PEB, y GNB no están formados para brindarles atención a los detenidos, ellos están es para ofrecer seguridad ciudadana para la investigación científica y el resguardo de la seguridad nacional.

– ¿Qué papel juega el Ministerio de Asuntos Penitenciarios?

– En Venezuela hay un hacinamiento de 500 por ciento. A los directores de la Policía les corresponde pedir cupo al ministerio; las funciones están tergiversadas porque quien decide el sitio de reclusión es el juez y cuando el ministerio no cumple está en desacato judicial, no cumple una orden judicial, el hacinamiento se trasladó a las comisarías y eso simplemente se trasladó por falta de políticas públicas.

En resumen han cerrado cárceles donde no deben cerrar y no han abierto cárceles donde han tenido que abrir.

En contra de los traslados

Algunos familiares de los reos están preocupados; sostienen que hay detenidos desde hace cinco meses y aún no han tenido audiencia preliminar, es decir, tienen retraso procesal. “Nosotros lo que queremos es que la Fiscalía los atienda cuando toca, no que los lleven a tribunales a pasear porque enseguida los traen de regreso”.

“Yo tengo un familiar recluido hace cinco años por el delito de homicidio. Hicimos todo lo posible para que lo trasladaran hasta la cárcel de La Pica, que era la que le habían asignado, y nada, ya le quedan tres meses para salir, entonces no queremos el traslado ya”.

La Defensoría del Pueblo afirmó, a raíz del tiroteo, que quienes cuentan con los requisitos correspondientes para el trasladado serán movidos.

http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/45226-el-caso