Abril 13, 2016.-Desde hace dos semanas, más de cinco minas de Tumeremo están tomadas por los militares. Dos de ellas, Vuelvan Caras y Botanamo, ya fueron desalojadas.
Mineros, cocineras, dueños de molinos y familias que viven de otros yacimientos en Tumeremo temían que el desalojo de la semana pasada en las minas Vuelvan Caras y Botanamo les pasara a ellos. Por eso denunciaron ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo en Ciudad Bolívar.
Este lunes su temor se hizo realidad; mineros de Hoja de Lata I y II aseguraron que recibieron a un teniente del Ejército quien les dio un ultimátum de 72 horas para desalojar las minas.
“Nos preocupa esta medida. Nosotros no pensamos irnos de aquí; porque acá tenemos todo. Somos una comunidad, contamos con tendido eléctrico, servicio de agua y una planta eléctrica, el Gobierno no nos ha dado nada, todo eso lo colocamos nosotros”, reclaman.
La orden que tienen los castrenses es quemar todo, “tememos quedarnos sin nada ¿De qué vamos a vivir?”, agregan.
Quienes viven de estas dos minas piden la presencia del diputado a la Asamblea Nacional por el sur del estado Bolívar, Américo De Grazia y del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que sean mediadores. Son más de 250 personas las que se verán afectadas.
Preguntas sin responder
Tras la masacre de -oficialmente- 17 personas en una mina en Tumeremo el 4 de marzo, se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales de esta atrocidad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tiene detenidos a seis personas señaladas de perpetrar la desaparición y muerte de estos mineros, cocineras, molineros y taxistas hace mes y medio.
Tampoco se conoce qué acciones ha tomado el Estado para resarcir a las familias víctimas por la pérdida en la masacre.
¿Qué políticas de seguridad ciudadana y comercial ha emprendido el Estado para salvaguardar el patrimonio humano, ecológico y financiero en las minas de Bolívar? ¿Por qué los gobiernos local, regional y nacional han permitido la permanencia de grupos parapoliciales en el control de poblaciones como Las Claritas y de yacimientos?
Rescatar la institucionalidad
Una de las consecuencias que trajo la salida, en 2008, del Estado venezolano del Proceso Kimberley, que regula el comercio internacional de diamantes ha sido el repunte de violencia y saña en el estado Bolívar, sobre todo en las minas.
El Banco Central de Venezuela anunció este lunes que se reunió su directorio para retomar la certificación internacional en la venta de diamantes, que consiste en la verificación de la legalidad en la extracción y el mercado de las piedras preciosas y evitar su contrabando o financiamiento de guerras, como ocurre en África.
El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de la Especialización de Gobierno y Política Pública, Rodolfo Magallanes, autor de la tesis, La violencia durante la revolución bolivariana en cifras rojas y negras, sostiene que la saña en los crímenes obedece también (como en la caso de Bolívar, que repunta entre las entidades con más violencia) al carácter fronterizo, alto flujo de turistas y presencia del narcotráfico, de grupos paramilitares.
