Abril 05, 2016.-Venezuela fue el foco de atención este lunes en cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del 157º período de audiencias, que se realiza desde el 2 y hasta el 15 de abril. A continuación, los aspectos más importantes discutidos vinculados con Venezuela.Situación general de derechos humanos en Venezuela
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos señalaron que el Estado venezolano muestra falta de voluntad en acatar recomendaciones de la CIDH y que la realidad venezolana dista mucho de discurso oficial de derechos sociales, en cuanto a salud, alimentación y libertades. “Más del 80% de las protestas son por derechos económicos, sociales y culturales (…) Venezuela responde con fuerzas públicas y represión a protestas pacíficas”, denunciaron.
Los representantes del Estado, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, acompañado por el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, defendieron que Venezuela ha sostenido una política de defensa de DD HH y destacaron que el presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan Nacional de DD HH 2016-1017, que constituye el primer plan de DD HH adoptado por la nación.
Devoe hizo alusión a la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional y aseguró que es “una grave amenaza a los derechos humanos”.
Alfredo Romero, director general del Foro Penal, sostuvo que es completamente falso que la Ley de Amnistía contenga narcotráfico o corrupción. “Solo contiene violencia política”. “La Ley de Amnistía busca una fórmula para la conciliación y se ha redactado desde la víctima”, dijo, al precisar que existen 82 presos políticos en el país.
Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, expuso la crisis generado en los medios por la falta de papel periódico. “Muchos periódicos desde el 2015 han dejado de circular por la falta del insumo principal, papel periódico (…) Las organizaciones que tratamos estos temas vamos a continuar documentando el tema del papel periódico”.
Derecho a la salud. Embajador de Venezuela ante la OEA
negó que exista una crisis humanitaria
En la breve audiencia sobre el derecho a la salud en el país, Florisabel Zambrano, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud (Cnddhs), peticionaria de la audiencia, pidió explicaciones sobre la fuga y deficiencia de médicos; contrabando y acaparamiento de medicamentos; baja producción de medicamentos en empresas estatales y deuda con las trasnacionales farmacéuticas; planes de seguridad en centros hospitalarios y obstáculos en el otorgamiento de divisas a tres activistas de la organización, que no pudieron participar en la audiencia por la falta de visas de emergencia.
Minimizó la crisis que ha generado la escasez de medicinas. “De repente ha fallado un medicamento, pero no se ha desaparecido de forma definitiva (…) Puede haber sido que un medicamento ha fallado y se cambia por otro, pero que no tengamos el medicamento, que yo conozca desde el punto de vista de trasplantes, pacientes que hayan fallecido, no conozco ningún caso formal”.
“No estamos dispuestos a renunciar a los avances de salud que logramos con el presidente Hugo Chávez pero consideramos que falta contundencia en la defensa de esta política socialista”, dijo, al alinearse además con el Gobierno al rechazar el decreto Obama que declara a Venezuela como una amenaza.
Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que el Ejecutivo ha logrado grandes conquistas en materia de salud y pasos significativos hacia la universalización de la atención. “Al año 2015 existen 23 mil 146 centros de salud desplegados en todo el territorio, un incremento cercano al 333% en la infraestructura, en la cobertura de nuestro sistema de salud”.
“En Venezuela hay 17 mil 800 médicos integrales comunitarios y 30 mil en proceso de formación, destacando que el tema de la especialización se realiza gratuitamente”.
Sostuvo que la disponibilidad de medicamentos actualmente está vinculada con la guerra económica, que -aseguró- incluye la manipulación del precio del barril de petróleo con un impacto directo en la disponibilidad de medicinas. “Pero nuestro presidente decretó la emergencia económica que permite tomar medidas para proteger los derechos de nuestra gente, hemos decidido superar el modelo de rentismo petrolero que caracterizó a Venezuela durante toda su historia y se han activado los motores económicos que son espacios de encuentro para fortalecer la producción nacional”.
Mencionó la creación de la línea 0500-SaludYa, en el que hace escasas horas el presidente Nicolás Maduro denunció una mafia interna que falsificaba récipes y bachaqueaba medicinas.
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, calificó de alegres e irresponsables los calificativos de crisis humanitaria, “se habla de hambruna y eso no es así”. “Normalmente la crisis humanitaria sí tiene un contenido político en el caso de Venezuela, porque una crisis puede significar una atención, pero en los países nuestros son entendidas como que eso justificaría algún tipo de intervención”.
Reconoció que existen problemas de disponibilidad, pero señaló que la accesibilidad de medicinas en el país es extraordinaria. “Probablemente aquí hay venezolanos, uno mismo cuando va a Venezuela aún con la situación de disponibilidad que hay, la medicina que consigues te la traes para acá. Ahorita es lo contrario, como hay problemas con el suministro, los venezolanos llevan medicamentos muy caros a Venezuela, allí hay un equilibrio que debe buscarse”.
Sostuvo que hay problemas de suministro, que atribuyó al acaparamiento, entre otros aspectos. “No es una crisis humanitaria, eso tiene una intencionalidad política. Estamos buscando un equilibrio en la accesibilidad que queremos mantener y la disponibilidad”.
Caso 12.805: Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina Pérez
En la sesión 157 de la CIDH fue expuesto el caso de Jimmy Guerrero y Ramón Antonio Molina Pérez, víctimas de grupos parapoliciales del estado Falcón. El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) explicó a través de sus redes sociales que Guerrero empezó a ser perseguido y hostigado por las fuerzas armadas policiales de Falcón en 2002. Ese año denunció ante la Defensoría del Pueblo ser víctima de acoso policial y el allanamiento de su residencia.
El 17 de febrero de 2003, un familiar informó a la Defensoría del Pueblo de la detención ilegal de Jimmy en la Comandancia de Policía del estado Falcón, relató Cofavic, por lo que se solicitó protección para Guerrero, aunque esta medida no fue otorgada por el Ministerio Público.
“Hombres vestidos de negro y fuertemente armados dejaron sin vida a Jimmy la madrugada del 29 de marzo de 2003 (…) Ramón Molina Pérez, tío de Jimmy, también fue ultimado en su intento por defender a su sobrino”, cuenta Cofavic, que añade que un acompañante de Guerrero, que sobrevivió a los hechos, aseguró que no hubo enfrentamiento tal como se manejó en la hipótesis oficial.
Explica Cofavic que el certificado de defunción reseña que Guerrero recibió dos impactos de bala y presentó escoriaciones con gran pérdida de piel en su cuerpo. “El resultado de la autopsia fue emitido un mes luego del hecho y la experticia de comparación balística fue solicitada 9 meses después”, añaden.
“La causa de mi hermano, 13 años después, se encuentra en investigación”, aseguró en la sesión Jean Carlos Guerrero, quien expuso que según autoridades Jimmy Guerrero era delincuente peligroso; “mi hermano nunca tuvo antecedentes penales”.
Liliana Ortega, representante de Cofavic, destacó que “hay un patrón de impunidad vigente. Venezuela no reduce su tasa de homicidios”.
Derechos humanos y ‘Operación Liberación del Pueblo’
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch expusieron ante la CIDH las violaciones de Derechos Humanos en el desarrollo de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), anunciada como un intento de abatir la acción de bandas criminales.
“La evidencia sugiere que una parte de estas 245 muertes en la OLP, registradas por la fiscal en un informe, serían ejecuciones extrajudiciales”, aseguró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Previamente, Human Rights Watch y Provea presentaron en rueda de prensa el informe Poder sin límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela, en el cual se denuncian los graves abusos cometidos en el marco de la OLP.
“Preocupa enormemente las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la OLP. Hemos podido documentar al menos 20”, sostuvo Vivanco, quien denunció que las operaciones han afectado a los más humildes a través de desalojos forzosos y demolición de viviendas, constatada en imágenes satélites obtenidas por HRW.
Poder sin Límites expone 20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento, incluidos varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial, explica un comunicado conjunto, que añade que bajo estos operativos se habrían producido detenciones masivas e indiscriminadas por agentes de seguridad, “que propinaron golpizas o cometieron otros abusos contra detenidos. Algunos agentes también habrían robado dinero, computadoras portátiles, teléfonos celulares y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales, mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes, según manifestaron testigos”.
“La OLP responde a una estrategia militar de ataque a la delincuencia que afecta los DD HH”, sostuvo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, quien precisó que se han registrado más de 14 mil detenidos; 1.400 familias desalojadas de sus viviendas ilegalmente y 1.700 deportaciones ilegales de colombianos en el marco de la OLP.
@_Provea Human Rights Watch y Provea presentaron informe conjunto sobre abusos de #OLP http://ow.ly/10hAbr pic.twitter.com/kZk3CqBp7a
