Tener acceso a la información pública permite generar una mayor confianza en la gestión gubernamental, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho Foto Espacio Público
 Tener acceso a la información pública permite generar una mayor confianza en la gestión gubernamental, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho Foto Espacio Público
Tener acceso a la información pública permite generar una mayor confianza en la gestión gubernamental, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho Foto Espacio Público

Marzo 04, 2016.-El acceso a la información pública en Venezuela se enfrenta a restricciones gubernamentales que impiden la transparencia en el proceso de contraloría de la gestión de organismos del Estado.

Diferentes organizaciones no gubernamentales, como Transparencia Venezuela, Espacio Público y Pro Acceso, han hecho hincapié en la necesidad de una ley que garantice este derecho a la ciudadanía.

El tema finalmente encuentra acogida en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional con la discusión del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, fundamentándose en que “el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores”.

No se trata de invadir la intimidad de quienes están en los organismos públicos, sino de hacer valer de que la información que allí se maneja sea de acceso a los ciudadanos, salvo que -con argumentos- se vea comprometida la seguridad nacional o relaciones internacionales, incluso información sobre la vida íntima de las personas.

“El sentido de transparencia también está asociado a que pueda haber un ejercicio de contraloría, gestión pública y participación ciudadana”
“El sentido de transparencia también está asociado a que pueda haber un ejercicio de contraloría, gestión pública y participación ciudadana”

El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, hace mención a las limitaciones que tiene el ejercicio de este derecho ciudadano, por cuanto un marco legal ayudaría a definir las reglas del juego.

“El sentido de transparencia también está asociado a que pueda haber un ejercicio de contraloría, gestión pública y participación ciudadana”, afirma Correa, destacando que aun cuando en la actualidad hay un mayor interés de la población por acceder a la información pública, en vista de que quieren respuesta por la falta de soluciones a problemas que los están afectando, como la escasez de medicinas y alimentos, “tenemos una cultura que no exige rendición de cuentas”.

El proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública establece la creación de un Consejo para la Transparencia, el cual estaría encargado de la “promoción, verificación, seguimiento, evaluación de la implementación de esta ley y el proceso sancionatorio por incumplimiento”, y estaría adscrito a la Contraloría General de la República.

Sanciones

El artículo 100 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece una multa de entre el 5% y el 50% de la remuneración total del mes, para el funcionario que retarde, omita, distorsione o incumpla en el procedimiento y plazo estipulado para ofrecer la información pública.

Este proyecto de ley, en su artículo 73 incluye sanciones, según la gravedad de la falta, que van desde la multa de un 50% de su sueldo mensual; la suspensión de sus funciones por un lapso de 30 días, sin derecho a salario; y la “destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la información”.

“Cuando la información alterada, ocultada, perdida o destruida fuere de aquella calificada como confidencial o reservada, o fuere producto de una acción dolosa, el funcionario responsable será sancionado con pena de tres meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 unidades tributarias, así como inhabilitación para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las otras acciones administrativas, civiles, y penales a que haya lugar”, agrega el artículo anterior.

Desmantelamiento

Correa agrega que esta ley permite un avance en los diferentes estándares para acceder a la información pública, establecer los mecanismos para su solicitud y organismos para apelar en caso de negativa o incumplimiento, lo que a su vez significa un avance en la búsqueda de información para el ejercicio periodístico.

Sin embargo, acota que aunque Espacio Público ha sido una de las ONG en exigir la publicación de información que el Estado está en el deber de hacer conocimiento público, como los boletines epidemiológicos, por sobre los que han litigado, afirma que “en Venezuela el tribunal ha venido desmantelando ese derecho constitucional”.

Tener acceso a la información pública permite generar una mayor confianza en la gestión gubernamental, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, prevención de la corrupción, gestión transparente y uso eficiente de los recursos públicos, así como la exigencia en la rendición de cuentas e incrementar la cultura de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Información no pública

● Información sobre seguridad y defensa nacional.

● Información del ámbito internacional.

● Información relacionada con la potestad de control del estado y la administración de justicia.

● Información que afecte a la seguridad personal o familiar.

● Información relacionada con patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

De estas reservas de información se excluye lo relacionado a derechos humanos. El artículo 13 del proyecto de ley establece que no podrán invocarse ninguna de las reservas mencionadas “cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o pueda prevenir o evitar violaciones de ellos”.

http://correodelcaroni.com/index.php/politica/item/42820-una-democracia-sin-transparencia-y-escaso-acceso-a-la-informacion-publica-es-presa-del-autoritarismo