62f9bdbbde3e4158b92393f061842818_LMarzo 01, 2016.-Codevida, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, y las demás organizaciones que suscriben este documento, exigen a las autoridades del Gobierno nacional tomar las medidas urgentes que se requieren para garantizar que toda persona necesitada de atención en salud, incluyendo tratamientos, exámenes de laboratorio y disponibilidad de servicios de salud pública, la reciba de manera oportuna.

La crítica situación económica actual y la dependencia del sistema de salud venezolano de materias primas e insumos provenientes del exterior, implican que, aun poniendo en práctica de inmediato los correctivos urgentes que se necesitan, no será posible garantizar atención en salud a todas las personas que la requieren en menos de 6 meses.

Actualmente, la mayoría de los centros de salud públicos, únicos disponibles para más del 60% de la población y principalmente para los sectores de menos recursos, no cuentan con las condiciones que garanticen una atención mínima adecuada, debido a la disminución de cerca del 70% de sus medios para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más del 50% del personal médico y la precariedad en la que se encuentran su infraestructura y equipamiento.

A esta situación contribuye que no se haya adoptado un marco jurídico e institucional que integre al sistema sanitario de salud pública, y a través del cual se ejerza su rectoría, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado con la protección de los derechos a la salud y la vida.

Más del 90% de los medicamentos esenciales, insumos médicos y repuestos de equipos en todo el sistema sanitario, público y privado, son importados y, entre 2014 y 2015, el suministro de divisas, cuya adquisición está sujeta a régimen de control, se redujo en casi 50% para el sector salud. Esto se hizo sin

tomar las medidas necesarias para proteger a la población del desabastecimiento, el cual asciende en 2016 al 80% de los requerimientos a nivel nacional y, sólo en lo que se refiere a medicamentos, los procesos de reposición de inventarios podrían tardar al menos 6 meses.

El acceso a información pública en materia de salud no se garantiza, incluyendo las estadísticas epidemiológicas. Los últimas datos oficiales de mortalidad corresponden a 2012 y los de enfermedades y muertes de notificación obligatoria a 2014. Estos últimos se divulgaron en febrero de 2016, después de haber suspendida su publicación por más de un año. Las estadísticas sanitarias muestran un sostenido incremento de las muertes maternas y neonatales, de la mortalidad por cáncer, enfermedades del corazón, cerebrovasculares y asociadas al sida, así como de los casos de malaria y dengue, por causa de un colapso sistémico de los programas y de la infraestructura sanitaria nacional.

Las personas con condiciones crónicas de salud física y mental, las embarazadas y niños recién nacidos, las personas que requieren de intervenciones de urgencia, las personas con VIH, las personas en zonas apartadas y en sectores urbanos de alta pobreza, las que se encuentran privadas de libertad, poblaciones indígenas y otras afectadas por epidemias producidas por vectores como el paludismo y el dengue, están sufriendo innecesariamente de las consecuencias de esta crítica situación sin información ni posibilidades de contar con soluciones en la brevedad requerida para salvaguardar su salud y su vida.

La ayuda humanitaria es un mecanismo idóneo y disponible para enfrentar esta extrema situación, en un contexto de alta fragilidad desde el punto de vista jurídico, institucional, social y económico, y debe ser solicitada a órganos internacionales con la experiencia necesaria para poner en práctica los mecanismos de provisión, distribución y control de insumos, reactivos y medicamentos, que garanticen su calidad, seguridad y eficacia, y en la cantidad necesaria para permita distribuirlos con base en los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. Incluye además personal médico y asistencial.

Desde el punto de vista de la garantía de los derechos humanos a la salud y la vida, no son aceptables, por una parte, la provisión de insumos, reactivos y medicinas de calidad, seguridad y eficacia no comprobables, y, por la otra, mecanismos de distribución basados en el racionamiento selectivo por edad, sexo, ubicación geográfica o tipo de condición de salud.

Es imperativo que el Gobierno nacional apele a los mecanismos internacionales de ayuda humanitaria, pues son evidentes los casos de sufrimiento y muertes evitables por falta de atención en salud, así como los focos de violencia que están produciéndose en distintos estados por la frustración y desesperanza que resultan de las largas colas y la imposibilidad de conseguir o adquirir medicamentos.

El Estado venezolano no tiene actualmente la capacidad institucional para responder a las urgentes necesidades de atención en salud de la población venezolana. Los datos señalados son producto de un sistema de salud público fraccionado, con presupuesto insuficiente, infraestructura seriamente deteriorada, servicios de agua y electricidad deficientes, equipos inoperativos o dañados y personal insuficiente que trabaja en precarias condiciones.

Además, al menos en un mediano plazo, el Estado venezolano tampoco tiene la capacidad para cubrir todos sus compromisos económicos, lo cual tiene un impacto directo en sus posibilidades incluso de hacer los aportes mínimos necesarios, tanto para mejorar su capacidad institucional interna en salud, como para financiar por sí mismo mecanismos de importación de insumos, reactivos y tratamientos, de calidad, seguridad y eficacia comprobables, que permitan garantizar de inmediato y de manera sostenible los derechos a la salud y la vida.

Codevida y las demás organizaciones que suscribimos este documento, estamos dispuestas a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, con todo esfuerzo que implique superar las graves dificultades que afectan actualmente la garantía de los derechos a la salud y la vida de la población venezolana.

1. CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida

2. Acción Solidaria en VIH/Sida

3. Amigos Trasplantados de Venezuela

4. AVAL, Asociación Venezolana de Amigos con Linfoma

5. AVH, Asociación Venezolana para la Hemofilia

6. FUNCAMAMA

7. SenosAyuda

8. ACCSI, Acción Ciudadana Contra el SIDA

9. ACIVA, Asociación Civil Impulso Vital Aragua

10. Asamblea de Educación

11. Asociación Civil Ayúdame a Lograrlo

12. Asociación Civil Hepatitis C de Venezuela

13. Asociación Civil Humberto Da Silva – Enfermedades Genéticas Lisosomales

14. Asociación Civil Yo Reumático

15. AVEPEL, Asociacion Venezolana de Pacientes con Enfermedades Lisosomales

16. AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

17. AVESSOC, Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana

18. Caritas de Venezuela

19. Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero de la Universidad de Los Andes

20. CATESFAM – Caracas, Centro de Atención al Esquizofrénico y Familiares

21. Cecodap

22. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

23. Centro para la Paz y los Derechos Humanos “P. Luis María Olasso”, Universidad Central de Venezuela

24. CEPAZ, Centro de Justicia y Paz

25. CIVILIS Derechos Humanos

26. CODEHCIU, Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía Guayana

27. CODHEZ, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia

28. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela

29. Convite

30. Escuela de Vecinos de Venezuela

31. Espacio Público

32. FAMAC, Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama – Estado Zulia

33. FENASOPADRES, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes

34. FEPAP, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente

35. FUCCAM, Fundación Falcón Unidos contra el Cáncer de Mama – Estado Falcón

36. Fundación Agua Clara

37. Fundación Aguaclara

38. Fundacion CIIDER

39. Fundación Venezolana de Hipertensión Pulmonar

40. FUNDAMAMA – Estado Lara

41. Fundaquimio – Estado Carabobo

42. Fundaseno

43. FUNDIR, Fundación Isabel Rivas – Estado Carabobo

44. FUNPAZ, Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz

45. FUNSAVIDA – Estado Barinas

46. FUNVIE, Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica

47. LabPaz, Laboratorio de Paz

48. MAVID, Manos amigas por la Vida

49. Movimiento Vinotinto

50. Nueva Esparta en Movimiento

51. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

52. Observatorio Venezolano de Prisiones

53. Observatorio Venezolano de Salud

54. Padres Organizados de Venezuela

55. Pastoral de la Salud de la CEV

56. PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

57. REDHNNA, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes

58. Seno y Vida – Estado Táchira

59. Senos Saludables – Estado Bolívar

60. SENOSALUD

61. Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

62. SOHI, Sociedad Hominis Iura

63. StopVIH – Estado Nueva Esparta

64. Transparencia Venezuela

65. Unión Afirmativa

66. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana

67. Venezuela Diversa

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