“En derechos humanos, al Gobierno parece que lo asesoran sus enemigos”

Liliana Ortega es caraqueña, pero la influencia de sus padres trujillanos es tan marcada que habla con acento de aquellas tierras altas. Abogada y profesora de Derecho, su vida profesional tomó un imprevisto rumbo en 1989, cuando decidió asistir a las víctimas de los sucesos del llamado Caracazo. Desde entonces ha sido la cara pública del Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de Febrero y 1º de Marzo, conocido por su acrónimo Cofavic.

Su primer contacto con aquel acontecimiento infernal se produjo el 5 de marzo, cuando ya había sido aplacado a sangre y fuego. Conoció a los primeros familiares de las personas fallecidas y fue entonces cuando comenzó a entender la dimensión de lo ocurrido, pues la joven Liliana, que vivía en una zona de clase media, solo había visto los infaustos hechos por televisión.

27 años después, en una oficina en el centro de Caracas, Ortega sigue en la lucha por ese grupo original, pero también por cualquier persona que llegue ante esa puerta para denunciar una violación de sus propios derechos o –lo más frecuente- los de algún familiar privado de libertad o fallecido.

Ortega es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Su labor docente la lleva adelante en la UCAB, a través de un seminario denominado Situación política, cuestión social y derechos humanos.

Dueña de una gran serenidad, la abogada trabaja rodeada de un equipo consagrado al tema de derechos humanos, entre quienes destacan varias mujeres cuyos parientes fueron asesinados y desaparecidos durante el Caracazo. Algunas de ellas –dicho sea de paso- siguen esperando que se cumpla una vieja promesa de identificar los restos hallados en las fosas comunes de La Peste, en el Cementerio General del Sur, de manera que las familias puedan darles, al fin, una sepultura digna.

-Usted, que ha defendido derechos humanos desde finales de los años 80 hasta el sol de hoy, ¿diría que hoy la situación en Venezuela es peor, igual o mejor que antes de 1999, entendiendo que este año es la frontera entre dos divisiones políticas del país?

-Comparar dos épocas en materia de derechos humanos no siempre produce resultados justos, precisamente por los cambios que han venido ocurriendo desde el punto de vista político y económico. Algunos temas son transversales y uno que para nosotros es prioritario es el de la impunidad. Tanto en aquel tiempo, desde el 89 hasta el 99, que fue el que yo conocí, como desde el 99 en adelante, la impunidad ha sido un problema muy serio en materia de derechos humanos. Si se revisan las cifras del Ministerio Público, tanto de antes como de ahora, se concluye que alrededor de 98 o 99% de las investigaciones de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos no llegan a juicio. Antes se quedaban en la etapa de secreto sumarial y ahora, en una fase que se llama “de reserva” en la investigación criminal que hace el Ministerio Público. Eso es muy grave porque las violaciones de derechos humanos ocurren en cualquier parte del mundo, pero es indispensable que haya justicia porque esa es la manera en que el Estado garantiza la no repetición de los hechos. Otro tema endémico es el del uso desproporcionado de la fuerza pública, que lo vimos en el Caracazo, en la masacre del retén de Catia en 1992, en la masacre de Blandín y en otros casos históricos de los 90, y también se ha visto en los últimos tiempos. La situación carcelaria ha ido empeorando. Era grave en los 80 y 90, pues ocurrieron masacres como la de Sabaneta y el retén de Catia, pero ha seguido después de 1999, con lo ocurrido en Uribana y Tocorón, entre otros casos. También vemos con preocupación la falta de equilibrio en el ejercicio del Poder Público. Es muy importante que quienes detenten funciones importantes en la garantía de los derechos humanos, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sean personas independientes. En el pasado teníamos un problema importante con los jueces, la falta de profesionalización de algunos, el tipo de nombramiento, pero eso se ha ido acentuando. Hoy en día, 66% de los jueces son provisorios, no han sido nombrados como producto de una carrera judicial.

¿Y en el Ministerio Público?

-La verdad es que echamos de menos a alguien que haga lo que hizo en el pasado el padre Luis María Olaso. En el pasado tuvimos la ventaja de tener una figura como él. Cuando llegábamos a la Fiscalía, el padre Olaso podía estar atendiendo a un embajador o hablando por teléfono con el presidente (Carlos Andrés) Pérez o con el fiscal (Ramón) Escovar Salom, y él les decía “disculpen, pero voy a hablar con los familiares de las víctimas”. Claro, él era una personalidad muy particular, pero nos hace mucha falta en estos tiempos de polarización política, cuando se llega al extremo de dividir a las víctimas en dos grupos, unas que son respetables y merecen protección y otras que no. Hoy en día sería bueno contar con una figura que les garantizase justicia y credibilidad a todos.

Militares y armas

Liliana Ortega tiene la virtud de no perder el foco. Pese a alguna interrupción en la conversación, no se desvía de la respuesta a la pregunta inicial, la comparación entre el antes y el después de los derechos humanos. Sigue enumerando:

-Hay un retroceso en las resoluciones nuevas que han salido y que permiten el uso de armas de fuego en la represión de alteraciones del orden público. Es un retroceso con respecto a lo que se estableció en la Constitución. Nosotros, como ONG, estuvimos presentes en todas las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y por eso no tengo la menor duda de que el caso del Caracazo tuvo una gran influencia en el espíritu de los constituyentes en este aspecto. El resultado fueron logros importantes, como la exclusión absoluta de las fuerzas de seguridad de las actividades de seguridad ciudadana. Eso es muy importante y por eso consideramos que es un retroceso que se esté empleando a los componentes de la Fuerza Armada en ese tipo de tareas. Hay que ponerle más empeño a la capacitación de las policías para que ejerzan exclusivamente las funciones de control del orden público. El otro punto que quedó en la Constitución es la exclusión del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones. Cuando se dice exclusión debe ser exclusión total, de verdad. Pero hay una reciente resolución del Ministerio de la Defensa que da marcha atrás en este principio. También es un retroceso la reforma al Código Orgánico Procesal Penal, del 2012, que menoscaba la posibilidad de que las ONG de derechos humanos prestemos asistencia legal a las víctimas de manera directa. Hoy en día, el acompañamiento sólo pueden hacerlo la Defensoría del Pueblo o abogados privados. Eso es una limitación al derecho de tutela, consagrado en la legislación internacional y afecta sobre todo a las víctimas de escasos recursos, que son la mayoría, para quienes es muy difícil pagar abogados privados. Esa misma reforma nos impide a las ONG interponer lo que se llama querella autónoma contra policías y militares. Eso ahora sólo puede hacerlo la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. Creemos que esas medidas coartan el ejercicio libre e independiente de las ONG que no afecta únicamente a las ONG, sino a las víctimas. Por ejemplo, las víctimas del Caracazo jamás hubiesen podido llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no hubiesen tenido abogados que los asistieran.

-¿Ese tipo de reformas no serán reacciones a la conducta de algunas ONG que han actuado como factores políticos?

-Una actuación polarizada puede que haya ocurrido, pero no tiene sentido que se modifiquen leyes por esas razones. Si se justificara eso, habría que modificar todas las leyes y los códigos que existen. Por ejemplo, si los partidos políticos se desvían de sus funciones, que también lo hacen, alguien podría decir que hay que prohibirlos. Lo que se debe hacer es que cada factor de la sociedad tenga su sitio: las organizaciones civiles, los partidos, los medios de comunicación. Cada quien debe estar en su sitio. Las ONG somos de las pocas cosas en la vida que se definen a sí mismas por lo que no son. Nuestro rol fundamental es estar siempre frente a los gobiernos. Cuando usted ve a una ONG cerca del gobierno, tiene que comenzar a hacerse preguntas porque las ONG en todas partes del mundo, en Venezuela, en Canadá, en Francia, en Estados Unidos, deben estar frente a los gobiernos. Ahora, por supuesto, eso no significa que nosotros queramos asumir el rol de los partidos políticos, que aspiremos al poder. Si alguien está en esa onda, debe salir de las ONG. Yo creo que esas reformas se hicieron sin pensar en el daño que se hacía a la tutela de las víctimas ni en la carga de trabajo que iban a traer para las fuerzas institucionales. Aspiramos a que eso sea corregido, aunque de momento tampoco está en la agenda legislativa. Ojalá las fuerzas políticas se den cuenta de lo importante que sería en una situación como la nuestra, ampliar las posibilidades de la tutela y la protección.

Asesorado por el enemigo

Extremadamente cuidadosa en sus apreciaciones, Ortega cierra el balance comparativo pasado-presente con un verdadero dardo:

-Yo creo que al gobierno, en materia de derechos humanos, lo asesoran sus enemigos. Es un grave error del gobierno nacional haber denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso es gravísimo, al punto de que el último antecedente de algo como eso fue una decisión del señor Fujimori, imagínese usted. Esa decisión es inconstitucional porque la Carta Magna recoge a la Convención de manera expresa. Es un fraude a la Constitución el que nos hayamos retirado de ese mecanismo internacional. La Constitución establece algo que es muy importante y novedoso: que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución y que cuando haya que decidir entre ambos instrumentos se aplica la cláusula pro persona, que establece que se escogerá la norma que favorezca más al afectado. Sacar del juego a la Convención no es útil porque lo que va a pasar ahora es que el sistema de Naciones Unidas va a estar más vigilante con Venezuela, va a ser mucho más intenso su foco porque tiene más responsabilidad, pues el país no está bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Desde el punto de vista político ha sido un grave error. Y también lo es para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo que he acompañado a muchas personas ante la Corte Interamericana, puedo decir que es tremendamente reparador para una víctima el sentirse escuchada por un tribunal internacional. Es más, estar bajo ese sistema es una oportunidad para demostrarle a la comunidad internacional que un Estado tiene disposición a mejorar aspectos negativos de su legislación o de las ejecutorias de su gobierno.

-Es cierto que las ONG, por naturaleza, deben enfrentar a los gobiernos, pero es el caso que muchas de estas organizaciones, no sé si ocurre con Cofavic, son financiadas por gobiernos de otros países o por entidades vinculadas a esos gobiernos. Es decir, que son “no gubernamentales” en su país, pero de alguna forma son dependientes de un gobierno extranjero. ¿Cómo manejar esa peculiar condición?

-Con mis 27 años en este campo, conozco el espectro de las ONG en Latinoamérica y puedo decir que más de 90% de las ONG actúan con cooperación internacional. Quien niegue eso está generando una matriz de opinión falsa. ¿Qué deberían hacer nuestros países?, pues lo mismo que hizo España: aprobar una ley de cooperación internacional que favorece el trabajo de las ONG con recursos de la comunidad internacional… ¿Eso quita la independencia de las ONG?… bueno, se la quitará a quienes lo permitan. Nosotros hemos sido financiados con cooperación española y de otros países de Europa durante muchos años. Así litigamos el Caracazo, el caso del retén de Catia, las desapariciones forzadas de Vargas… en fin, que la cooperación internacional no deben en ningún momento afectar los objetivos de la ONG. Si los afecta ya estamos frente a organizaciones cooptadas por determinados intereses proselitistas. El equipo argentino de antropología forense que identificó los restos de desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur y ha trabajado ahora en Ayotzinapa recibe cooperación internacional, ¿quién puede pensar que por eso son dependientes? Lo que deben hacer los gobiernos, y en eso hemos sido cuidadosos siempre, es respetar el rol de la ONG, que es crítico por esencia. Los gobiernos deben tener piel fuerte para entender esas críticas y entablar diálogo. Enfrentándolas lo que hacen es darle volumen a lo que las ONG están diciendo, es un error político de los gobiernos. Cuando una ONG dice que en Venezuela hay impunidad, ejecuciones extrajudiciales o que no hay ni siquiera un condenado por el caso del Caracazo, ¿qué puede decir el gobierno?, ¿puede acaso decir que es falso? Podría decirlo, pero tendría que demostrarlo. Es verdad que hay organizaciones que se desvían de sus objetivos, pero esas se pierden en el camino porque la credibilidad es el único capital que tiene una ONG, cuesta mucho ganarla y se puede perder en un día. Las ONG no deben estar ni del lado de la oposición ni del lado del gobierno. Y en Venezuela se presentó una gran oportunidad de demostrarlo luego de los sucesos del 11 de abril de 2002. Mientras los políticos de lado y lado estaban cometiendo desaciertos, la primera voz que se oyó, incluso antes que la del fiscal Isaías Rodríguez, fue la de las ONG. En esta oficina dimos una rueda de prensa, junto con las organizaciones de base de la iglesia y alertamos sobre lo que estaba ocurriendo, las detenciones arbitrarias y luego, cuando se produjo el golpe de Estado del señor Carmona. Esa posición de las ONG fue destacada en un artículo, creo que de El Nacional que registra esto y la propia Asamblea Nacional lo incluyó en un comunicado. Eso fue una prueba de fuego porque las ONG teníamos que ponernos del lado de la democracia y de los derechos humanos. No estábamos defendiendo al gobierno de Chávez, sino los principios democráticos que eran vulnerados cuando se pretendía destituir a un gobernador o un diputado mediante un decreto.

¿Cuál debe ser el rol de las ONG específicamente en la coyuntura actual?

-Buscar el entendimiento, el diálogo, la concordia. Este es un momento muy difícil que vive el país y si algo podemos hacer las ONG es contribuir con la promoción del diálogo, sin que ello signifique renunciar a la labor de hacer denuncias. Eso es inembargable.

-Usted afirma que las ONG, por naturaleza están enfrentadas a los gobiernos. Pero en la realidad del siglo XXI, los derechos humanos no son violados únicamente por las autoridades, sino también por los poderes fácticos, las corporaciones e, incluso, a los grandes medios de comunicación que se convierten en perpetradores de delitos de lesa humanidad. ¿No hace falta que las ONG se pongan al día en eso?

-Ese es un discurso que puede comprarse como novedoso, pero tiene varias objeciones. En primer lugar, el sistema de Naciones Unidas no fue creado por las ONG ni por los ciudadanos, sino por los gobiernos, y ellos han establecido que los responsables por la vigencia de los derechos humanos son los Estados. Si se estudia la Constitución se comprobará que en Venezuela el responsable de los derechos humanos es el Estado. Mientras eso no cambie, todo lo demás es discurso político. Tendría el Estado venezolano que impulsar una reforma del sistema de Naciones Unidas, pero no es sencillo. China lo ha intentado y no lo ha logrado. No se puede dejar de ver que hay corporaciones que tienen graves responsabilidades en materia ambiental, laboral, en muchos temas, que pueden considerarse violaciones a los derechos humanos, pero para enfrentarlos es el Estado el que debe aplicar sus recursos legales. Por otro lado, ese discurso también ha sido utilizado por violadores de derechos humanos para justificarse. Pinochet y otros dictadores decían mucho eso, que no era el Estado el que violaba los derechos humanos, sino los comunistas. El enfoque del Estado como único responsable ha cambiado sí en un aspecto muy importante que es el tema de la violencia contra la mujer. Hoy en día se acepta que la violencia doméstica es una violación de derechos humanos, aunque es cometida por particulares. También se acepta que los grupos violentos que actúan con aquiescencia o tolerancia del Estado, son violadores de derechos humanos.

-Usted afirma que las ONG que están vinculadas al gobierno despiertan de entrada a muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, ¿para usted el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado es una ONG o es una entidad paraestatal?

-Cofavic tiene sobre eso una posición lineal: nosotros somos un comité de defensa de víctimas y, por eso, para nosotros el respeto a las víctimas es primordial. Para nosotros es tan importante una víctima de ese comité como puede ser una víctima de los casos denominados de presos políticos. Los derechos humanos no admiten doble rasero, las víctimas mucho menos. Ojalá que ese comité tenga posibilidades de acceder a la justicia y que sean escuchadas sus denuncias, como tienen que ser escuchadas también la esposa o la madre de Leopoldo López o de cualquiera de las otras personas que estén en una posición distinta. Lo que tienen que hacer las instituciones es atender a todos sin distinciones, sin doble rasero.

Ley de Amnistía

-Se ha presentado una Ley de Amnistía y Reconcialicón Nacional que la Asamblea va a aprobar y el presidente ha dicho que no promulgará. ¿Cómo ven ese asunto desde Cofavic?

-Aún no nos hemos pronunciado. En primer lugar, debo dejar constancia de que Cofavic considera que en Venezuela sí hay una serie de personas que son perseguidos o presos políticos. Consideramos que hay gravísimas violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales que hacen que esos juicios no sean suficientemente aceptables a la luz del derecho internacional. Dicho eso, creemos que lo que debería promoverse en Venezuela es una comisión de la verdad, objetiva, con los parámetros internacionales aceptados para formar ese tipo de comisiones, que no esté dirigida ni por la oposición ni por el oficialismo, que debería tener presencia de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, como ha ocurrido en Ecuador, en Guatemala, como está ocurriendo en Honduras, de manera que toda la sociedad venezolana pueda tener garantía de que se sabrá lo ocurrido en situaciones que aún no están claras. No sería una comisión de justicia porque en Venezuela sólo pueden administrar justicia los tribunales, pero haría una labor muy importante porque la verdad es fundamental para una sociedad, no es una cosa menor. Es clave que la gente que tiene ideas contrapuestas pueda encontrar una instancia neutral, creíble, imparcial, ante la cual presentar sus hechos. Creemos que, como norma, las personas deberían ser juzgadas en libertad y con todas las garantías al debido proceso. Como ha dicho la jueza Affiuni, “yo no quiero que me den amnistía, sino que el tribunal ordene mi libertad”. Es importante que todos estos procesos se ajusten a lo que establece tanto el derecho interno como el internacional. Fallar en eso le ha hecho mucho daño al país en pérdida de credibilidad. El peor de los terroristas tiene derecho al debido proceso. La piedra angular de la doctrina de derechos humanos es que no se juzga la conducta de la persona, sino que se parte de la base de que cada quien tiene derechos por el solo hecho de ser una persona. Hasta el ser más despreciable que haya cometido el delito más grave que pueda imaginarse, tiene derecho al debido proceso. Para nosotros, eso no es negociable. Tampoco es negociable que se pretenda amnistiar a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad y violación grave de derechos humanos, pero en los casos que hemos visto que serían objeto de la amnistía, no hay ninguno que tenga esas características.

-En su experiencia internacional, ¿ha visto leyes de amnistía tan amplias en el tiempo y en el tipo de delitos o presuntos delitos que se pretende abarcar?

-La amnistía del presidente Chávez fue bastante amplia. En el caso de las que se dictaron en el Cono Sur y que fueron rechazadas por la Corte Interamericana, las personas que estaban siendo juzgadas eran funcionarios del Estado, militares, policías que estaban convictos y confesos de graves violaciones a derechos humanos, no eran civiles. Esta es una situación distinta, en la que aparece gente que estaba protestando, etcétera… políticos, otro tipo de personas que podrían ser favorecidos… Pero, insisto, para los propios amnistiados sería mucho mejor una comisión de la verdad, pues ayudaría a la sociedad a abordar el camino de la reconciliación.

Caso Tumeremo

-¿Tiene alguna información de primera mano sobre el caso Tumeremo?

-Estuvimos allá, ahora (jueves en la tarde) está llegando nuestro equipo y tenemos que evaluar los datos. En principio, el estado Bolívar es una zona de seguridad, controlada por el Estado venezolano y eso, por sí mismo, le asigna una responsabilidad al Estado por lo que ocurra en ese territorio. Si los hechos fueron cometidos por particulares, corresponde al Estado investigar y sancionar a los responsables. Hasta ahora se tienen los 17 nombres de presuntas víctimas. Es muy difícil establecer cuántas personas pueden haber desaparecido porque en esas zonas mineras llega mucha gente de otros lugares, que no va con su familia. El Estado debe garantizar la independencia de la investigación. Si los familiares de las víctimas dicen que hubo presunta participación del CICPC y el Sebin, esos cuerpos deben ser apartados de la investigación y crearse una comisión independiente que pueda investigar, realizar las experticias necesarias. Es un caso muy grave y no puede el Estado lavarse las manos diciendo que fue un asunto entre particulares, pues es una zona controlada por cuerpos policiales y militares y es responsabilidad estatal lo que ocurra allí. En todo caso, las investigaciones deben iniciarse de oficio, sin necesidad de que se presenten denuncias, y dar información lo más pronto posible a todo el país. Es muy importante el derecho a la verdad, pues hace posible la memoria histórica del país y está ligado a que los hechos que hieren al país, que le hacen daño no se repitan.

El Caracazo, 27 años más tarde

-El Caracazo, luego de 27 años, tiene versiones encontradas. Usted, que ha sido una de las personas que le ha hecho seguimiento al tema de manera exhaustiva, ¿cómo lo define?, ¿qué fue en realidad el Caracazo? ¿Hay condiciones para que se repita?

-El Caracazo ocurre por un contexto que se va dando, de frustración frente a la corrupción, la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, la ausencia de liderazgo, la gravedad de la situación económica, el desabastecimiento, que más bien era acaparamiento, y eso hace estallar los desórdenes. Pero es bueno decir que la mayor parte de los muertos, como el 90%, no se producen el 27 de febrero, sino bajo la suspensión de las garantías constitucionales, que fue interpretada por fuerzas de seguridad del Estado como la desaplicación del derecho a la vida. En los sectores populares, la mayor parte de la gente murió en su casa, por balas de armas de guerra disparadas indiscriminadamente. Luego tuvimos ocultamiento, negación y destrucción de evidencias, las fosas clandestinas de La Peste y, a partir de ese momento, la negación total de los hechos. Lamentablemente, han transcurrido 27 años y no hay nadie condenado por esos delitos. Cierto es que el Estado venezolano se allanó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y accedió a pagar las indemnizaciones, pero en términos de justicia, las cuentas son muy malas, es un episodio que sigue impune. El presidente Chávez hizo algo que se le ha reconocido muy poco, pero que fue importante: aceptar las condiciones de los familiares de las víctimas para que la entrega de las indemnizaciones fuese un acto privado, sobrio, sin medios de comunicación, sin hacer de eso propaganda política. Otra cosa es que se ha jugado mucho las cifras, se ha hablado de 3 mil o 5 mil personas. Nosotros estimamos que estuvo alrededor de 500. Si el Estado tiene información de que fueron 3 mil o 5 mil, debería presentar un listado para que se sepa quiénes murieron en esos días. Es triste decirlo, pero no hay ninguna masacre en América Latina, ocurrida hace tanto tiempo, de la que no se hayan identificado las víctimas. Otra deuda que está pendiente es la entrega de los restos a los familiares. Ese sería un gesto humanitario muy importante, pues les permitiría enterrar a sus seres queridos donde ellos lo consideren conveniente. No se trata de que el Estado haga un monumento, ni nada de eso, sino de que identifique y entregue los restos.

-¿Y hay condiciones en la actualidad para que el Caracazo se repita?

-Bueno, en Venezuela hay gente que desea un Caracazo y otros que lo impulsan. Es como un fantasma… Pero, ojalá que nunca vuelva a ocurrir algo así, entre otras razones porque Venezuela hoy en día tiene un número muy elevado de armas de fuego ilegales, gran cantidad de bandas armadas, un clima general de inseguridad, elementos que en 1989 no estaban. Nadie debería desear que algo así nos pase de nuevo, lo que debemos hacer como sociedad es evitar que esto se repita y creo que para evitarlo el elemento principal es acompañar al pueblo, no dejarlo huérfano, frustrado, en esas peleas pequeñas por el poder, que si quién manda, que si quién emite una ley… Hay una situación difícil a nivel económico que hay que atender; hay situaciones de injusticia cotidiana, personas a las que les matan a los hijos. Hay que acompañar a esa gente. Todos deberíamos estar conscientes de que los hechos del Caracazo no debería repetirse. Hay que ceder en nuestras posturas individuales para el beneficio común. Nosotros en Cofavic siempre hemos luchado por lograr que quede una memoria histórica justa, despolitizada. No respaldamos esas tesis de que el Caracazo lo causaron unos cubanos que dejó acá Fidel Castro cuando vino a la toma de posesión de Pérez, ni tampoco hemos respaldado lo otro, que tampoco está bien, que fue llamar a celebrar el Caracazo… Eso generó entre los familiares de las víctimas un dolor indescriptible, a pesar de que la mayoría de ellos eran chavistas militantes. Ahora está mejor porque se llama a conmemorar los sucesos…Pero la mejor manera de conmemorarlos es leer lo que está pasando y comparar con las causas de aquellos hechos. No soy economista ni socióloga, pero vemos pérdida de credibilidad de los partidos, corrupción, frustración, acaparamiento… Esa es la receta básica del Caracazo…

-…Prácticamente usted está contestando que sí están dadas las condiciones…

-…Pero yo creo que quienes trabajamos en derechos humanos debemos tener ilusión y ser optimistas, porque si no, nos volvemos locos. Entonces, para no declararme loca, tengo que decir que soy optimista, que la gente de un lado y del otro van a entender, finalmente, que el país, caramba, merece una oportunidad y que no puede ir por otro camino que no sea el diálogo político. Y eso no significa ceder, claudicar, sino acordarse en puntos básicos. Eso es lo que yo creo y lo que Cofavic acompañaría.

Frases no tan sueltas

Indefinición. “Vemos con preocupación la falta de profesionalización de las policías, la falta de una definición clara de las funciones de cada cuerpo policial”.

Propuesta. “El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas debe estar adscrito al Ministerio Público o al Poder Judicial, no depender del Poder Ejecutivo y sólo debe realizar funciones de policía de investigación”.

Diálogo. “Nos angustia la falta de diálogo político. Se ha hecho cada vez más difícil que los sectores políticos conversen y eso es muy peligroso para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Los factores políticos, por más que estén en las antípodas, deben dialogar para que haya democracia. Para nosotros, como ONG, el único instrumento válido de presión es el diálogo. También es importante que el Estado converse con las organizaciones civiles, independientemente de que estén en posiciones políticas adversas”.

Para: Tarek William Saab

De: Liliana Ortega

“¡Noo, consejos no!, como no tengo hijos, no doy consejos…Bueno, a veces se los doy a mis sobrinos… pero no me hacen caso. Yo soy caraqueña de familia trujillana, y los trujillanos somos muy respetuosos en este tipo de cosas. Lo que creo es que quienes desempeñan funciones en el ámbito de los derechos humanos o las personas que digan sentir cercanía con este tema, tienen una gran oportunidad en el ejercicio de esos cargos, pues pueden defender con más ahínco los derechos de las personas que piensan distinto al funcionario. Creo que es muy importante que pueda actuar con independencia en los casos de quienes él considere que están errados en sus ideas políticas. Y le diría que la suerte de lo que hagan la Defensoría y el Ministerio Público es la suerte de Venezuela, porque hoy por hoy son poderes fundamentales”.

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