Septiembre 03, 2015.-El Observatorio Venezolano de Prisiones y demás organizaciones de derechos humanos dieron a conocer este martes un comunicado en el que expresan su profunda preocupación por la actuación de las autoridades estatales específicamente del Ministerio Público y el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, respecto de la muerte de 17 personas a causa de un presunto incendio que se produjo el día 31 de agosto de 2015, en el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito.
En horas de la madrugada del 31 de agosto del 2015, se generó un presunto incendio en el Pabellón número 1 letra J del Internado Judicial de Carabobo. A través de los medios de comunicación nacionales se conoció extraoficialmente que 16 personas habían perdido la vida y 11 habían resultado heridas.
Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones recibió varias denuncias el mismo día de los hechos, por parte de los familiares de los reclusos del Internado Judicial de Carabobo, quienes aseguraron que la explosión de una bombona de gas fue la verdadera causa de la muerte de las personas que se encontraban en el pabellón 1 letra J.
Otros familiares aseguran que el lamentable fallecimiento de los privados de libertad y sus familiares fue causado por la explosión de una granada, que estaba en posesión de uno de los reclusos. Igualmente, otros parientes insisten en que el incendio se produjo por el desprendimiento de una guaya eléctrica que cayó encima de espacios improvisados con telas y cartón llamados “buguis”, donde se pernocta la población reclusa y sus seres queridos.
La directora general de atención a la familia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Liliana Reyes, informó que “fueron identificadas 13 personas fallecidas”. Siete de los 17 muertos producto del presunto incendio eran reclusos del penal, identificados como: Alejandro Barrios, Marvin Martínez, Luis Daniel Pacheco, Wilmer Salgado, Manuel González y Pedro Cordero. Asimismo, se determinó la identidad de siete mujeres fallecidas: Damiris Hernández, Mily López, Nelcy Vargas, Yamileth Chirinos, Blanca Ramos, María Melo y Mairelys Guevara, quienes eran familiares visitantes en la Cárcel de Tocuyito. Hasta ahora se desconoce la identidad de las 11 personas que resultaron heridas en el suceso reseñado, quienes fueron trasladadas al Centro Hospitalario Enrique Tejera (CHET).
Por su parte, el Ministerio Público designó a los fiscales 80º nacional, así como al 5º y 28º de Carabobo, Jhonny Barrios, Edgar Gallego y Alejandro Márquez, respectivamente, para investigar la muerte de 17 personas en el Internado Judicial de ese estado.
En vista de la presente designación, el Observatorio Venezolano de Prisiones y demás organizaciones firmantes instamos a la Fiscal General de la República a conducir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos que se registraron en la madrugada del día lunes 31 de agosto de 2015, en el Internado Judicial de Carabobo, en aras de determinar las personas responsables de los mismos y ponerlo a la orden de la justicia para su debido procesamiento.
En este sentido, el Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios aún no se ha pronunciado sobre las medidas a tomar para afrontar la crisis que se presentó en el Internado Judicial de Carabobo el martes. En otras oportunidades donde se han presentado situaciones críticas dentro de los centros penitenciarios en el país, el Ministerio de Servicios Penitenciarios se ha limitado a trasladar a los reclusos.
Por tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones y las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestra profunda preocupación de que se tomen medidas espasmódicas como la del traslado masivo de reclusos en el Internado Judicial de Carabobo e instamos a los órganos competentes a tomar medidas adecuadas y efectivas, que estén destinadas a solucionar la situación de la Cárcel de Tocuyito de manera estructural, en aras de evitar la repetición de estos lamentables sucesos, donde siguen siendo víctimas la población reclusa y sus familiares.
Organizaciones que suscriben el presente comunicado:
Acción Solidaria, Asociación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz, Caritas de Los Teques, Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis Derechos Humanos, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CodeVida), Cofavic, Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Comité Paz y Vida, Derechos Humanos Y@, Espacio Público, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Fenasopadres, Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama, Fundación Funpaz, Laboratorio de Paz, IPYS, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Observatorio Venezolano de Salud (OVS), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Valencia, Padres Organizados, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Sinergia A.C., Unión Afirmativa de Venezuela, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C. y Venezuela Diversa A.C.
